El padre Julián Badillo, sacerdote de nuestra diócesis experto en Derecho Canónico nos ayuda a comprender el contenido e intención del nuevo Motu Proprio que recién publicó el Papa Francisco sobre los casos de abuso sexual en la Iglesia. 

 

Pbro. Julián Badillo/ Canonista  

El día 9 de mayo del presente año, el Papa Francisco dio a conocer un documento que se llama motu proprio”, el cual es una indicación de cómo se debe prevenir y proceder ante los cualquier caso de abuso sexual dentro de la Iglesia.  

Pero este no es sólo un documento más, sino una verdadera normativa que se pide llevar acabo en todas las diócesis del mundo a fin de que, para junio de 2020, haya ya resultados visibles y concretos.  

Este documento entratrá en vigor el próximo 1 de junio de 2019. 

 

La materia que se sanciona es en razón de lo siguiente: 

  1. a) delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo que consistan en:
  2. obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales;
  3. ii. realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable;

iii. producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas; 

  1. b) conductas llevadas a cabo, que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos señalados en la letra a) de este parágrafo.

 

Esto deja entrever que son casos muy concretos en los que se busca dar una respuesta eficaz, con la finalidad de lograr un verdadero sistema de justicia, así como también la reparación del daño en este tema. 

 

Estos son diez puntos en los que se resume este documento. 

1.- Recepción de informes: Con lo que se pretenden dos cosas, primero, que en toda diócesis de la iglesia católica haya un lugar oficialmente designado para recibir las denuncias o informes de cualquier delito de los arriba mencionados, cometidos por algún miembro de la iglesia, sea Obispo, Presbítero, Religioso(a), o cualquier otro servidor dentro del ámbito parroquial. Con esta oficina se pretende que haya un lugar fijo y concreto donde las personas con prontitud y confianza puedan acceder, además donde se garantice su seguridad, y sean tomados con seriedad y respeto, sin verse amenazados o violentados por causa de presentar algún informe. 

 

2.- Quiénes deben y lo que se debe de informar: En cuanto se tenga noticia de presentarse alguna situación de este tipo:  

  1. a)En el caso de los sacerdotes o religiosos, deben de comunicarlo a su superior o al de lugar donde se cometieron los hechos.
  2. b) Cualquier persona, que tenga noticia, puede presentar su informe

Dicha información debe de ser enviada al Ordinario, y en todo momento a la Santa Sede sea directamente o a través de la nunciatura. Lo que debe de contener este informe es todo lo concerniente a lo que se pretende denunciar: los hechos de manera detallada, la participación del o los implicados, el tiempo y cualquier alguna otra información que sea efectiva para aclarar el caso. 

 

3.- Apertura a las personas: La actitud que señala para la iglesia en razón de cómo debe de dirigirse hacia las personas que han presentado algún informe, debiendo de ser escuchadas y tratadas con respeto, así como sus familias, pidiendo para la autoridad eclesiástica:  

  1. a)Acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos;
  2. b)Atención espiritual;
  3. c)Asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso.

Así como también protección y seguridad para su información personal. 

 

4.- Notificación: una vez recibida la información, ésta se debe de enviar tanto a la Santa sede, así como al Arzobispo Metropolitano, quien, comprobada la veracidad de los hechos, solicita a la autoridad indicada el inicio de la investigación, que procederá sin demora y, en cualquier caso, dentro de los treinta días posteriores a la recepción del primer informe por parte del Representante Pontificio o de la solicitud del encargo por parte del Metropolitano, proporcionando las instrucciones oportunas sobre cómo proceder en el caso concreto.  

Esto quiere decir que las diócesis o los obispos diocesanos no se encargarán de los casos presentados en sus diócesis, sino mas bien el encargado será el arzobispo de la provincia. 

 

  1. Desarrollo de la investigación:una vez recibido el encargo y respetandolo que se le indicó, el arzobispo debe de proceder. 
  2. a)Recoge la información relevante sobre los hechos;
  3. b)Accede a la información y a los documentos necesarios para la investigación guardados en los archivos de las oficinas eclesiásticas;
  4. c)Obtiene la colaboración de otros Ordinarios o Jerarcas, cuando sea necesario;
  5. d)Solicita información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, que puedan proporcionar elementos útiles para la investigación.

Así como también de acuerdo a las condiciones de quienes presentan la información, adecuar los métodos para recabar lo necesario, además de proteger los documentos importantes y necesarios para la investigación. Debe de ser imparcial ante las personas involucradas, debe de tener un notario quien certifique la veracidad de la información, debe de comunicar cada 30 días a Roma, sobre el avance de la investigación. En cuanto al imputado se le debe de respetar su presunción de inocencia y darle la oportunidad de presentar alguna declaración o documento en su defensa. 

 

  1. Participación de personas cualificadas:Son personas que cada obispo de la provincia presenta como útiles para el arzobispo dentro del proceso de su investigación. Lutilidad se basa en su pericia y capacidad en algún área que se presente dentro del proceso de investigación, quien elegirá al o a los idóneos, a quienes se les pide que sean imparciales y se evite cualquier conflicto de intereses. A los que hayan sido elegidos se les pide juramento de cumplir su encargo. 

7.- Duración de la investigación: El tiempo que se pide en cuestión de comprobar la veracidad de los hechos y la imputabilidad de los mismos a quien es señalado, dado la delicadeza de la situación, es un plazo de 90 días o bien el plazo señalado en las indicaciones dadas al arzobispo. En caso de que sea necesario más tiempo, puede solicitarlo, pero sin perjuicio de la investigación. Terminada la investigación, el Metropolitano transmite las actas al Dicasterio competente junto con su propio votum sobre el resultado de la investigación y en respuesta  eventuales preguntas. Además, se puede establecer un fondo con el cual se dispongan los medios necesarios para la investigación, de  cuyos gastos se deberá presentar un informe una vez concluída. 

 

8.- Medidas Cautelares y posteriores: Las cautelares son aquellas que se ponen sobre el imputado en la realización de la investigación. Estas pueden ser: la suspensión de su oficio, la obligación de residir en un domicilio concreto para facilitar su localización, así como evitar cualquier contacto con los informantes o sus familias, entre otras. Las posteriores son aquellas que prevé el derecho canónico, en razón de la comprobación de la presencia de un delito, sin excluir la expulsión del estado clerical. 

 

9.– Cumplimiento de las leyes estatales: Esto es en razón de la cooperación de la Iglesia en la investigación de las denuncias presentadas en el fuero civil, por lo que la Iglesia estará en constante relación de cooperación con la autoridad civil. Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. 

 

10- No al encubrimiento: como una manera de ser luz, este documento busca ratificar la lucha de nuestra Iglesia por acabar estas situaciones, de tal manera que este documento facilita a los obispos para que puedan con mayor prontitud y eficiencia atender los casos presentados, además de que la carta da solamente potestad sobre estos casos a los arzobispos provinciales, para que no haya motivos de encubrir algún delito. 

 

Lo que busca este procedimiento, es recordarnos a toda la Iglesia que debemos de ser testimonio de fe en todo el mundo, por eso todos estamos llamados, no solo la jerarquía, a ser parte de esta intención, participando en una conversión continua. Porque el abuso de menores y de personas vulnerables no es exclusivo de la Iglesia, se presenta en todos los ámbitos y en todos los lugares de tal forma que a esta conversión estamos todos llamados para lograr erradicar esta práctica que daña a los más inocentes y débiles de nuestras sociedades. 

El llamado depapa es para actuar con fuerza, corregir y prevenir todas estas conductas que tanto daño han hecho a los fieles, y estas medidas procuran un estable modo de actuar, para poder ser luz de este mundo. 

 

frase… 

“Los crímenes de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y dañan a la comunidad de los fieles”.  

Papa Francisco 

Compartir