Presencia

El pasado viernes 26 de mayo, un grupo de policías estatales irrumpió violentamente en el templo y casa parroquial de la Parroquia Santa María Magdalena en Ciudad Ahumada, Chihuahua, comunidad perteneciente a la Diócesis de Ciudad Juárez.

Como lo informó Periódico Presencia en su edición pasaada, el párroco, padre Fernando Nava, relató que la irrupción policiaca se registró un día después de una balacera registrada afuera de las instalaciones de la Fiscalía Estatal en Ciudad Ahumada, donde resultó un policía muerto, tras el ataque de un grupo armado no identificado.

Luego de los hechos, en que los policías encañonaron al sacerdote con sus armas largas, dañaron las puertas del templo y casa parroquial y luego se disculparon, el padre Fernando presentó una queja en la Fiscalía Estatal en Ahumada, pero no fue escuchado.

Elementos de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado acudieron con el sacerdote para ofrecer disculpas, aunque el hecho abusivo quedó aparentemente sin sanción.

El pasado martes, el obispo y sacerdotes de la diócesis local acudieron al templo para celebrar una Hora Santa en desagravio de lo ahí ocurrido, y para pedir a Dios por la paz para el Estado de Chihuahua.

Por ello la pregunta de esta semana es:

 

¿Qué opina de la incursión de la Policía Estatal en la parroquia y casa parroquial de Ciudad Ahumada y cuáles cree que son las repercusiones de esto?

 

La  irrupción violenta de la Policía Estatal en el templo y en la casa parroquial sin orden judicial alguna, constituye un delito que se llama “allanamiento de morada”.

Es y ha sido una manera habitual de reaccionar  de las fuerzas del orden, incluyendo las del “Nuevo Amanecer”, en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en todo el país.

Estas acciones ilegales reflejan prepotencia, autoritarismo y abuso de autoridad, que pasan por encima de los derechos de las personas y de las instituciones.

Si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco?

Me parece que si queremos superar la ilegalidad, la Iglesia, como asociacion religiosa y el párroco, en lo particular, deberían denunciar penalmente ante el fiscal del estado a los perpetradores, y presentar una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como exigir que se le dé seguimiento a los perpetradores, que deben ser sancionados y reparar el daño causado.

Si esto no se hace, se sigue  abonando a la impunidad  y siendo cómplices ante la ilegalidad.

No bastan las  excusas oficiales.

Como dice un canto religioso: “no basta con rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”.

Pbro. Oscar Enríquez/ director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

 

 

Considero que es un hecho muy delicado fue una vejación al sacerdote, también una falta de respeto a lo que es un templo católico, por la manera en que entraron, sin ninguna orden de cateo ni mucho menos encañonando al sacerdote.

Por sí mismo este hecho habla de una arbitrariedad contra cualquier persona, y cualquier ciudadano, y la comunidad misma, que está muy lastimada, muy herida, no solamente la comunidad de Santa María Magdalena, en Villa Ahumada, sino las Iglesia toda, porque todos somos un Cuerpo.

El padre (párroco) ha sido mesurado en sus expresiones, ha hecho una denuncia, pero que no ha tenido eco y es momento en que se requiere sinceramente una  solidaridad de toda la comunidad de Ciudad Juárez para con el padre, para con Villa Ahumada y la parroquia Santa María Magdalena.

El presbiterio pudo poner un signo de solidaridad con la Hora Santa que celebramos el pasado martes, con la presencia del obispo en el lugar, por supuesto, pero después de ello se requieren acciones pertinentes de denuncia.

Ahí la autoridad tiene que no sólo que resarcir daños, sino también tiene que poner un gesto de buena voluntad, de hablar con el obispo, también a nivel institucional…de lo contrario, la relación está lastimada. Es cuando se debe buscar un camino de diálogo, pero también donde la comunidad se vea también, pudiéramos decir, que sea resarcido su honor en cuanto a comunidad cristiana, por la manera en que fue tratada.

Entonces pues esperamos que de nuestra parte, de nuestra autoridad episcopal haya una reacción y que todos tengamos un apoyo para con él, en la medida que se vaya a tomar respecto a la autoridad civil, judicial en este caso.

Pbro. Benjamín Cadena, Presidente del presbiterio Diócesis de Ciudad Juárez

 

Lo ocurrido el sábado 27 de mayo próximo pasado en Ciudad Ahumada, cuando policías estatales y ministeriales con el rostro cubierto y fuertemente armados irrumpieron violentamente en la Parroquia Santa María Magdalena y la casa parroquial donde vive el párroco Fernando Nava de la Fuente, exhibe el abuso de autoridad y la violación de sus derechos humanos, así como a las garantías de audiencia y legalidad que consagra nuestra Constitución, pues prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es evidente que los representantes de la ley actuaron como delincuentes y mostraron el rostro de la impunidad y la corrupción. La falta de respeto a la institución que representan, demerita la función de los titulares que están a cargo de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte está el sacrilegio y profanación de un templo católico, violando un lugar sagrado dedicado a Dios.

La prepotencia y la violencia utilizada por los representantes de la ley, alarma a la sociedad temerosa de que si eso ocurrió en un lugar sagrado, y ante un hombre cuya vocación lo tiene al servicio de Dios. Es preocupante por todo lo que afecta la buena relación del Estado con sus gobernados y exige el debido cumplimiento a los derechos fundamentales como lo son la vida, la seguridad y la justicia social.

Sabemos que la solución se basa en el diálogo permanente entre las partes, en todo conflicto. Tenemos la mala experiencia de que con el mando de la policía se siguen violando los derechos humanos y no se resuelve el grave conflicto entre las propias autoridades, donde fluyen intereses perversos de gran cuantía, por lo que implica el crecimiento del crimen organizado. La violencia solo genera más violencia y difícilmente se puede contener con enfrentamientos sin definición clara. La limitación y trasgresión a libertades y derechos ciudadanos es un problema que señala como responsable a la Policía. La sociedad civil exige coherencia, respeto y aplicación de los preceptos constitucionales en todos los niveles.

Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Especialista en Gestión de Conflictos y Mediación

 

“La situación no es para andar con miramientos, pero hay formas de actuar, para evitar más desgracias”. Este fue el comentario del padre Fernando Nava, párroco de Santa María Magdalena, en Ciudad Ahumada, después de la irrupción de policías a la casa parroquial. Los ciudadanos entendemos los grande riesgos que corren los policías al enfrentar al crimen organizado. Todos debemos estar agradecidos de su sacrificio y el de sus familias. Sin embargo también es trascendental mencionar que el funcionario público está obligado a ser ejemplo y cumplir las leyes.

El Gobernador del Estado, Javier Corral y el Fiscal General, César Peniche Espejel, colocaron el Código de Ética en las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro. En su artículo catorce dice: Me comprometo a actuar con templanza, conduciendo mis actos equilibradamente, controlando emociones y dominando los impulsos que eventualmente pudieran dominar al ser humano, sin perder la vista en la misión y la visión que me ha sido encomendada.

Todos somos víctimas de la violencia que se vive en nuestro Estado. Nos unimos a las oraciones del padre Nava para que se recobre la paz. Al mismo tiempo demandamos que todos los hogares se respeten, actuando la fuerza pública con prudencia en la búsqueda del bien común.

José Mario Sánchez Soledad/ empresario/historiador