Trigo y cizaña
Pbro. Eduardo Alfonso Hayen Cuarón
Aborto en el ISSSTE
En una publicación de X el 23 de enero, Martí Batres, director del ISSSTE, expresó: «El ISSSTE a favor de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en sus servicios de salud y por la progresividad de los derechos». En ese post incluyó el acuerdo publicado entre Batres y el Diario Oficial de la Federación para garantizar el aborto en las clínicas de la institución a partir del 24 de enero pasado. A pesar de prohibición del aborto que tienen once estados, el ISSSTE ha asegurado que garantizará el acceso al aborto en todas las entidades del país.
Se trata, evidentemente, de una presión al orden jurídico para que, lo más pronto posible, el aborto se despenalice en las 32 entidades de la República. Además, se informa que el personal sanitario de la institución deberá estar capacitado para practicar abortos sin objeción de conciencia.
No nos convirtamos en cómplices de las estructuras de pecado que asesinan a seres humanos inocentes, los no nacidos. Las instituciones sanitarias y el personal médico fueron creados para procurar salud y defender la vida de sus pacientes, no para llevarlos a la muerte. Médicos y enfermeras ¡no traicionen su vocación!
El personal médico del ISSSTE y de cualquier clínica que practique abortos está en su legítimo derecho de abstenerse de cooperar con el asesinato de seres humanos no nacidos, en obediencia a la propia conciencia, que es lo más sagrado e inviolable que tiene el ser humano. Jamás sofoquemos en nuestro interior la voz nítida de Dios que nos dice «No matarás». De otra manera la jungla avanzará en el país y retrocederá la civilización.
Inmigración ilegal
Gran impacto ha causado en los medios de comunicación las deportaciones del gobierno del presidente Donald Trump, quien tiene el respaldo de la mayoría del pueblo norteamericano que votó por él. Las acciones de expulsar a los inmigrantes de suelo estadounidense son, sin duda, las que el pueblo en su generalidad ha querido. El presidente sólo está cumpliendo su promesa de campaña. Como católicos, ¿cómo podemos juzgar esas redadas de inmigrantes que los medios de comunicación contrarios a Trump presentan como tan dramáticas y tristes para nuestros hermanos deportados?
Lo primero que debemos de aceptar es que toda persona tiene derecho a emigrar de su tierra pero también que todo país tiene derecho a proteger sus fronteras. No existe en el mundo un solo país que tenga puertas abiertas para todos, incluida la Ciudad del Vaticano. Todos tienen muros y restricciones para entrar. Como ejemplo tenemos al mismo Vaticano, que es una ciudad amurallada y que últimamente incrementó las sanciones para aquellos que traspasen ilegalmente a su territorio.
El emigrante debe saber que, así como tiene derecho a dejar su país, tiene también obligaciones con el país que lo acoge. En primer lugar, está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país receptor, así como a obedecer sus leyes y contribuir con sus impuestos. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que las naciones prósperas “están obligadas, en la medida de sus posibilidades, a acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de subsistencia que no puede encontrar en su país de origen”.
Hay que reconocer que muchas veces la prosperidad es negada a las personas por los mismos regímenes de gobierno que son incapaces de generar bienestar para sus ciudadanos. Como ejemplo tenemos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países convertidos en verdaderas fábricas de pobreza que se han visto despoblados por el éxodo de emigrantes que buscan, en otras tierras, lo que en las suya no encuentran.
Si bien los países deben ser generosos con la inmigración, esta debe ser legal, nunca ilegal. El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho de expulsar a todos los inmigrantes que hayan traspasado ilegalmente sus fronteras. Esto a muchos no les agradará, pero es cuestión de simple aplicación de la ley. Para el gobierno de Trump todo inmigrante ilegal ha cometido el delito de haber entrado sin permiso al país. Por ese motivo el gobierno tiene derecho a deportarlo. Y si el inmigrante ha cometido otros delitos en el país que lo ha acogido, el gobierno incluso tiene el deber de sacarlo de sus fronteras.
Ahora bien, las políticas migratorias no deben regirse únicamente por una justicia fría que tantas veces es inhumana. Las políticas deben estar también administradas por la caridad social, y en ese sentido se debe tener consideración para los inmigrantes que tienen años viviendo honestamente en Estados Unidos, que se han integrado a la cultura de norteamericana y que pagan sus impuestos al gobierno. Esto sería incluso un gesto de apoyo y de solidaridad a las naciones hermanas de Estados Unidos.
Personalmente creo que Donald Trump no deportará a todos los inmigrantes ilegales de su país, sino que expulsará, ante todo, a quienes han cometido otros delitos. El mismo pueblo norteamericano carece de las tasas de natalidad que son necesarias para mantener la productividad de una economía fuerte y próspera. La inmigración será necesaria mientras Estados Unidos no quiera tener hijos.
A mi juicio lo más sensato, después de depurar al país de los extranjeros delincuentes, es promulgar una ley de amnistía para las personas que tienen ciertos años en el país viviendo honradamente de manera clandestina y bajo ciertas condiciones.
Cerrar las fronteras a la inmigración desordenada y caótica como ha sido la de los últimos años es una buena medida. Así se evitará el desorden social, y se impedirá que los grupos criminales que se dedican al tráfico humano y a la trata de personas abusen de quienes emigran.
