Compromiso por la paz: Derechos Humanos

Presencia
Estamos ante el último de los siete temas del Documento ‘Compromiso por la Paz. Estrategias de Política Pública para la Paz’, elaborado como resultado de los esfuerzos de la sociedad civil por aportar elementos estratégicos para revertir la dinámica de violencia y crímenes, que son los elementos de la destrucción del tejido social de México.

Como hemos visto en ediciones pasadas, el documento es “una Agenda de Estado, que implica a todas y todos, con el único interés de vivir en paz y poder ejercer plenamente los derechos”.

Séptimo de siete temas

El contenido de este Compromiso por la paz se presenta en siete temas (Ver recuadro) En esta edición presentamos lo relativo al tema siete Derechos Humanos, con las propuestas que se generaron para los ámbitos nacional, estatal y local.

Descripción del problema

Para la construcción de la paz en México, es necesario identificar cuáles son los temas cruciales en la crisis de derechos humanos que enfrentamos. Además de las propuestas vinculadas con justicia, impunidad, seguridad y gobernanza abordados de manera específica en los primeros capítulos de este documento, consideramos que los siguientes temas exigen un debate y reflexión profunda a incorporarse en los planes de gobierno de la próxima administración.

Desaparición de personas como un tema prioritario

Ya existe un marco jurídico federal y en los estados razonablemente adecuado, sin embargo, las fallas están en la inexistencia de los programas generales que prevé la ley general y la falta de coordinación entre Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y Fiscalía General de la República (FGR) así como el equivalente en los estados. Es necesario apostar por el fortalecimiento de la CNB y su vinculación con la FGR.
La agenda tiene que considerar la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda y Programa Nacional de Exhumaciones para establecer una ruta de trabajo que contenga metas concretas de la administración.
Establecer un trabajo coordinado entre todos los actores que deberían intervenir en la búsqueda y localización: fiscalías, institutos de ciencias forenses y la Comisión Nacional de búsqueda con mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.

Violencia contra mujeres en los ámbitos privado y público

Revisar y proponer cómo trabajar para que las alertas de violencia contra mujeres tengan más efectividad y cuenten con indicadores de resultados.
Con respecto a los feminicidios es necesario que la fiscalías locales desarrollen capacidades de investigación de este delito.
Desarrollar una herramienta que permita llevar el registro de las mujeres víctimas de agresión de forma que se tenga información para valorar los riesgos y la necesidad de acciones más precisas.

Violencia contra personas en movilidad

Reconocer el desplazamiento forzado interno, generar un sistema de registro y diseño de programas para atender sus causas y los procesos de integración en sus nuevos territorios.
Es necesario diseñar una política propia frente a la migración, que tenga al centro a las personas, con autonomía de las presiones recibidas por parte del gobierno de Estados Unidos. Entender que el fenómeno no es un fenómeno criminal, sino de índole social.
Se requiere de la creación de una red de albergues temporales para estos propósitos, que no esté bajo la responsabilidad de la autoridad migratoria, así como apoyar la labor de aquellos albergues gestionados por las iglesias y la sociedad civil.
Atender las causas de la migración significa generar políticas que vayan cerrando la brecha económica entre nuestros países: generación de empleo decente, subsidios al campo, seguridad social, educación, etc.

4.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es imprescindible reforzar la autonomía de gestión y decisión de la institución.
Obligar a la transparencia en su funcionamiento y resoluciones cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. Actualmente hay una creciente opacidad con el argumento de la salvaguarda de datos personales.
Que la CNDH emprenda acciones estratégicas y de respuesta rápida al contexto crítico y cambiante del país, a la vez que da respuesta a quejas individuales.
Aprovechar al máximo todas sus facultades: apertura de investigaciones especiales en casos de violaciones graves, la incidencia y formulación de propuestas ante las legislaturas, la difusión de información, la emisión de recomendaciones generales y de informes especiales y la presentación de acciones de inconstitucionalidad.
Realizar un diagnóstico para explicar las causas de la impunidad especialmente en materia de desapariciones, tortura y tortura sexual, homicidios dolosos, y violencia contra las mujeres.

Conclusión

Para lograr esta agenda de paz en torno a un compromiso común se requiere un gobierno al servicio de la sociedad, promotor del diálogo y la inclusión. Al mismo tiempo se necesita una ciudadanía participativa, consciente de sus derechos y deberes, exigiendo respeto a su libertad y a su capacidad de aportar y contribuir, de manera individual y comunitaria en la construcción de paz en el país.