Felipe de Jesús Monroy/ Periodista católico
Me gusta la verdad y la información como a cualquiera; pero como periodista sé que no todas las formas de obtenerlas son éticas o válidas. No se debe arrancar la verdad, por ejemplo, mediante la violencia ni tampoco con engaños; tampoco es lícito robar la información ni especular lucrativamente con su valor intrínseco. No obstante, la importancia del derecho al acceso a la información pública es tal que quizá permita algunas reflexiones sobre la forma de obtenerla y por qué son trascendentes las filtraciones informáticas en nuestros días.
Son impactantes los casos de filtración y hackeo de información realizados por ‘Guacamaya Leaks’ en los últimos meses y seguro veremos sus efectos en las próximas semanas. En el caso concreto de México, la usurpación de documentos clasificados a la Secretaría de la Defensa Nacional revela esencialmente que persiste una práctica de desconfianza y ocultamiento de información pública a la ciudadanía; pero también que el espionaje de interés político es connatural al poder y a las fuerzas armadas; y, finalmente, que en el empíreo del poder, las concesiones y gratificaciones a los altos mandos militares son siempre lujosas y de origen sospechoso.
Los hacktivistas de Guacamaya han logrado desnudar cómo varios gobiernos latinoamericanos, incluido México, hacen uso de recursos para reprimir y someter a su ciudadanía. Sin embargo, la historia de este tipo de filtraciones no es nueva; hay que recordar que el ‘Wikileaks’ de Julian Assange evidenció diversos crímenes durante las operaciones militares norteamericanas en Afganistán e Irak; también reveló millares de correos electrónicos de las oficinas diplomáticas de Estados Unidos que crearon conflictos internacionales. Por su parte, los ‘Panama Papers’ revelaron información confidencial de la firma Mossack Fonseca que involucra a decenas de países, empresarios y políticos que utilizaron redes de ‘compañías fantasmas’ en paraísos fiscales para eludir impuestos o la justicia.
En el caso de Guacamaya, los objetivos a vulnerar parecen ser los aparatos de defensa militar de los países latinoamericanos; y, aunque sí se trata de acciones ilícitas detrás del hackeo y robo de datos reservados y clasificados por instancias de gobierno, hay que señalar que mucha de aquella información originalmente pertenece al pueblo y, por tanto, debe ser pública; quizá sólo haya que exceptuarse aquella que tiene que ver con la seguridad nacional o la que pone en riesgo la vida de alguien, y esto es lo único delicado de toda esta operación.
Hay algo más que debemos preguntarnos siempre ante la información hackeada y filtrada: ¿Quién ha obtenido la información, cómo la difunde y con qué propósito? ¿Cuánta de esa información empodera al pueblo y a los débiles, y cuánta simplemente busca desestabilizar las de por sí frágiles democracias que vivimos?
Que los gobiernos espíen no es nuevo ni demasiado pernicioso en realidad; mucha de la seguridad nacional depende de una buena labor de inteligencia contra las potenciales amenazas a la estabilidad de las instituciones y el bien de sus compatriotas; lo que siempre será cuestionable es que estos aparatos de espionaje se enfilen contra sus propios ciudadanos y que la información recabada ilícitamente sea utilizada para ejercer acciones legales o extrajudiciales contra objetivos ciudadanos. Es decir, sólo un gobierno autoritario podría afirmar que la información obtenida por medio de espionaje a sus ciudadanos, con instituciones pagadas por los impuestos y con el poder conferido por sus electores no debe ser juzgada por la propia población. El pueblo es propietaria de dicha información y es su derecho reclamar y juzgar a sus autoridades por haberla recabado, conservado o utilizado con fines políticos.
No olvidemos que fue Maquiavelo quien escribió: “Es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos y que pondrán en práctica sus ideas perversas siempre que se les presente la ocasión de hacerlo libremente”. Este pensamiento, aunque quizá explica de primeras la necesidad de que el gobernante trabaje incansablemente para verificar la obediencia del pueblo a las leyes; pero también explica los motivos más oscuros del espionaje y de la desconfianza del gobernante ante sus gobernados.
“El derecho a saber es el derecho a vivir”, apuntó sin exagerar la Asociación para el Empoderamiento de Trabajadores y Agricultores de Rajasthán que en los años 90 motivó a los pobres y a la clase trabajadora a exigirle a su gobierno, su derecho de acceso a la información por encima del alimento, el dinero, los créditos o la vivienda que sin duda hacían falta. La información es mucho más que un bien: es un poder y es un servicio. Lo importante es saber bien a quién se sirve desde el poder que da la información.
Una última reflexión: Siempre será importante mantener bajo control a las fuerzas militares de cualquier país. La historia da cuenta, infinitas veces, de las ocasiones en que los delirios del poder se tornan sanguinarios bajo los oropeles, las medallas y los blasones de los orondos generales. Es una pena que en México se haya olvidado, por ejemplo, este dramático corrido revolucionario: “Van haciéndose temibles / esos infames pelones, / atropellando familias, / incendiando poblaciones. // Dicen que son muy valientes, / se burlan de su trabajo, / han fusilado inocentes / de esos que no dan trabajo. // Dicen que los federales / tienen mucha disciplina, / les sirve pa’ seguir males / y dejar pueblos en ruina”.
