Felipe Monroy/Periodista católico
Luego que el cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, celebrara con jerarquía y donaire sus bodas de oro sacerdotales el pasado 20 de julio, volvieron a crecer los rumores y ecos sobre los ajustes episcopales que se esperan en los próximos meses en varias regiones de México. Como se sabe, a los 75 años de edad, los obispos están conminados a presentar su renuncia al Santo Padre y éste comienza a valorar –junto con la nunciatura, el dicasterio de los obispos y la conferencia episcopal local– a sus potenciales sucesores.
Hay muchos elementos para tomar en cuenta durante ese proceso: el estado de salud y anímico del obispo saliente, las condiciones estructurales y funcionales de su diócesis, el estatus y el grado de confianza en el gobierno episcopal, las situaciones de emergencia y alerta en la región, los procesos y celebraciones proyectadas en un horizonte inmediato, etcétera. Además, también hay una consideración importante respecto al perfil óptimo de los candidatos a suceder al pastor que concluye su gobierno: la edad (porque esto también le pone un horizonte a su ministerio), la experiencia pastoral, su formación o especialización eclesiástica, su servicio local o nacional y su ascendencia episcopal. Es decir: el obispo o grupo de obispos que promuevan su candidatura, su potencial consagración o su promoción diocesana.
En los últimos años, debido a la complejidad de no pocas diócesis en México y gracias a la confianza de las instancias vaticanas a las autoridades eclesiásticas locales, ha crecido la opción de consagrar a relativamente jóvenes obispos auxiliares quienes, durante un tiempo, viven en un “modelo de formación episcopal” bajo la guía y protección de un obispo residencial. Actualmente en México hay 26 obispos auxiliares, de los cuales, sólo seis superan los 65 años; lo que indica que, por lo menos, una veintena de pastores consagrados podrían ser promovidos a liderar alguna diócesis como autoridad máxima de gobierno.
En pocas palabras: México tiene ya una cantera episcopal que, por sí sola, podría auxiliar a sustituir el recambio de obispos en el país (se estima que más de un tercio de las diócesis mexicanas tendrán un recambio en su gobierno en los próximos dos años). Sin embargo, como ha sucedido en el pasado, no todos los obispos auxiliares recibirán una encomienda de gobierno diocesano e incluso algunos obispos diocesanos residenciales probablemente retornen a ser auxiliares de alguna circunscripción y bajo cuidado de otro superior.
Otra forma de encontrar perfiles de recambio para los obispos en retiro se realiza cuando algunos sacerdotes, promovidos por diversas autoridades eclesiásticas y analizados por varias instancias, reciben la noticia de que el Papa les pide un servicio episcopal directo para ser consagrado en una diócesis a la que deberá gobernar, enseñar y santificar, sin pasar por esa especie de ‘propedéutico’ bajo el servicio y cuidado de otro obispo. En el primer semestre del 2026, de entre las varias promociones y traslados episcopales (obispos auxiliares promovidos a residenciales, coadjutores promovidos a residenciales y residenciales trasladados a otras diócesis), sólo el sacerdote Luis Carlos Lerma Martínez fue promovido de presbítero a obispo, consagrado e instalado como obispo de Nuevo Laredo sin haber acumulado millas episcopales previas; lo que revela la dificultad intrínseca de este proceso.
Ahora bien, antes de que concluya este 2026, catorce obispos nacionales (seis arzobispos metropolitanos) habrán presentado su renuncia al papa León XIV en espera de que desde Roma se acepte su separación del cargo y de las responsabilidades; e idealmente, en algunos casos, su ‘jubilación’ vendrá con el nombramiento de su sucesor. Pero nuevamente, dependerá de los tres factores expuestos previamente: la salud, estabilidad y credibilidad del saliente; el perfil y el horizonte de servicio del potencial entrante; y la importancia de los asuntos coyunturales que deben ser atendidos.
Finalmente, de entre todos los cambios, la sucesión en las sedes metropolitanas (Guadalajara, México, Puebla, Oaxaca, Acapulco y Monterrey) son un caso aparte. En el análisis episcopal, los candidatos a tomar el recambio en cada una de esas cátedras deben cubrir otras valoraciones más delicadas, porque su nombramiento reconfigura enteramente la Provincia Eclesiástica, abre horizontes para obispos vecinos de diócesis sufragáneas y define en buena medida esa cantera de obispos auxiliares para el futuro.
Las sucesiones en Guadalajara y México implican un gran reto en este proceso debido a los desafíos intrínsecos de sus gobiernos y al perfil que se espera de los sucesores de los cardenales Robles y Aguiar. La metrópoli de Occidente, por ejemplo, tiene una delicada encomienda en estos tres próximos años para atemperar a los movimientos políticos neocristeros que se han inflamado ideológicamente en el centenario del conflicto y la persecución religiosa en México; y la sede capitalina no sólo enfrenta la preparación de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano sino la reestructuración administrativa de su santuario, para la cual ya hay altas expectativas de transparencia y de participación directa de la Santa Sede –posiblemente en la figura de un comisario o delegado– que vigile el proceso orientado a ponderar los principios que el Documento final del Sínodo del 2024 exige a las prácticas decisionales en la Iglesia: “cultura de la transparencia, rendición de cuentas y evaluación”.
Por ello, todo parece indicar que serían las metrópolis de Puebla, Oaxaca, Monterrey y Acapulco las que primero recibirán noticias próximas de sus nuevos arzobispos. En algunas ya hay candidatos que se comentan en los corrillos eclesiales; pero además está la posibilidad de que el actual obispo de Cuernavaca y presidente del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, reciba la promoción arzobispal para que cuente con mayores apoyos diocesanos y así realice con más soltura el servicio que le encomendó la Iglesia mexicana.
