Hoy el Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, Padre Juan Antonio Guerrero, y Alessandro Cassinis Righini, Auditor General en funciones, firmaron un protocolo de entendimiento sobre la lucha contra la corrupción. Esto fue anunciado en una declaración de la Oficina de Prensa del Vaticano.
«Las dos Autoridades de la Santa Sede -dice el comunicado- colaborarán aún más estrechamente en la identificación de los riesgos de corrupción y en la aplicación efectiva de las normas recientemente aprobadas sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano».
Comentando el memorándum de entendimiento, Alessandro Cassinis afirma que este es otro acto concreto que demuestra la voluntad de la Santa Sede «de prevenir y combatir la corrupción dentro y fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, y que ya ha dado importantes resultados en los últimos meses». Por su parte, el Padre Guerrero subrayó que la lucha contra la corrupción, «además de representar una obligación moral y un acto de justicia, permite también combatir el despilfarro en un momento tan difícil por las consecuencias económicas de la pandemia, que afecta a todo el mundo y afecta en particular a los más débiles, como ha recordado repetidamente el Papa Francisco».
El pasado mes de junio se aprobó el Código Único de Contratos y Adquisiciones, una ley marco que contiene normas válidas para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano sobre la transparencia, el control centralizado y la competencia en los procedimientos de adjudicación, con el fin de permitir una mejor gestión de los recursos y reducir el peligro de corrupción.
Como es bien sabido, en enero de 2019 el Papa aprobó el nuevo Estatuto de la Oficina del Auditor General en el Vaticano, elevándola a autoridad anticorrupción, fortaleciendo así sus funciones.
