Felipe de J. Monroy/Periodista católico
El reciente sainete político que configuró y desconfiguró la administración pública mexicana con el repentino retorno y el segundo licenciamiento forzoso del gobernador de Sinaloa, obliga a repensar cómo entendemos el poder y el ejercicio del mismo en nuestro contexto contemporáneo; porque, alejados ya completamente de los tonos sobre “la virtud del funcionario público y de la responsabilidad administrativa”, estamos obligados a hablar sobre el gregarismo ideológico, la colisión conflictualista y el pragmatismo de los proyectos como los recursos reales con los que se logra un ilusorio, temporal y marginal control político.
Por una parte, es innegable reconocer que un gran movimiento político, encumbrado ampliamente en las esferas del poder, requiere un esfuerzo energético mayúsculo para mantener la disciplina y la operación de sus miembros dentro de los márgenes de los principios prácticos e ideológicos del partido. Para favorecer la cohesión más que la coerción, la doctrina y la ortodoxia partidista deben representarse vívidamente en el ejercicio del poder y arriesgarse al diálogo horizontal para madurar sus esquemas formativos y operativos.
Lo ideal para este fin –que todos los partidos buscan sin confesarlo abiertamente– es que la identidad del movimiento preceda a las identidades políticas de sus miembros y que, al mismo tiempo, les revista de ciertas cualidades invisibles sólo por su pertenencia bajo las siglas partidistas. Sin embargo, cuando la energía formativa o de control no son suficientes, no sólo crece la indisciplina interna, sino que el halo de poder externo decrece para beneplácito de sus adversarios.
Cuando esto sucede, se evidencia una decadencia sensible del movimiento político y parece ser la prueba manifiesta de un descreimiento de los ideales que, bien que mal, llegaron a legitimar a dicho colectivo dentro de las reglas democráticas de una nación. La crisis del partido hegemónico, con todo, no significa que por su descrédito exista una automática conversión política de la ciudadanía hacia otros proyectos políticos; quizá, como dijera Chatterjee, a veces sólo abre oportunidades para que otros imperios califiquen nuestra debilitada identidad política como “necesitada de su intervención”.
Una miopía pragmática nos puede inducir a enfocarnos sólo en las particularidades del caso que hoy ocupa el debate público nacional y a llenar el espacio público de minucias especulativas ajustadas a nuestra incapacidad de remediarlas (es decir, hacer de los procesos administrativos un drama inocuo); pero, en medio de esa desazón, es más probable que pongamos en juego nuestro limitado poder en un conflicto donde retóricamente representemos nuestras demandas más altas, más nobles e inasibles (la democracia, la libertad, el orden, el bienestar, etc.) aunque en ello justamente renunciemos en parte a las respuestas de nuestras demandas sociales concretas.
Sí, todos insisten en que vivimos en un tiempo en donde el engaño político triunfa y se enseñorea tanto por persistencia como por su intangibilidad porque las grandes certezas inasibles de los nuevos gurúes políticos son divulgadas incesantemente a través de medios de comunicación o redes sociodigitales, y porque encuentran espacio entre las grietas de nuestra estructura social dislocada, de una sociedad llena de demandas insatisfechas y antagonismos viscerales. Pero la lucha política precisamente está configurada de demandas persistentes, muchas veces intangibles, cuyos liderazgos transmiten una certeza que encuentra asiento entre las heridas de las comunidades necesitadas, y les devuelve la esperanza. Así es la política; fuera de ella hay violencia o mera administración.
Cuando el poder encumbrado afirma que todo se reduce a la funcionalidad administrativa (el ideal tecnócrata por antonomasia) hay una censura no sólo de la política, sino de las realidades conflictivas, de la desigualdad y el desequilibrio, de la injusticia y la indignación; y, por tanto, de la democracia. Cuando el poder encumbrado vulnera su orden administrativo para disputar la legitimidad de la lucha (y, por tanto, de los conflictos sociales) entonces se dinamiza la política y, paradójicamente, se confirma que la democracia no está en manos de las burocracias doradas sino en una disputa más o menos agresiva.
La política jamás ha pretendido dominar exclusivamente los territorios físicos, sino los territorios conceptuales. Pero precisamente de eso se trata la política, no sólo de control y disciplina administrativa dentro de un movimiento político, sino de tensiones narrativas que legitiman o deslegitiman aspiraciones y deseos colectivos. El océano de opiniones que el caso particular ha suscitado, comprueba esa vitalidad.
