Felipe de J. Monroy/Periodista católico
“El dinero de la Iglesia, siempre es dinero de los pobres”, me repetía con insistencia un viejo amigo que vivió sirviendo a la primera a través de los segundos. Su apotegma era impecable y profundo.
Además, tenía dos niveles obligados de interpretación: tanto el origen como el destino de los recursos materiales y económicos que pasan por las manos de la Iglesia católica están atados a los miserables Y la historia de la institución eclesiástica es, en el fondo, la tensión entre los que encarnan ese principio de forma radical y los que sólo lo usan como discurso autocomplaciente.
Y si el origen del dinero de la Iglesia es claro, el destino también debería serlo: los necesitados. Para mi amigo, los recursos eclesiásticos debían ponerse al abrigo de los pobres y no en obsesiones palaciegas o inversiones superfluas; para él, lo único que separa al hombre de la santidad radica precisamente en esa decisión, todo lo demás lo consideraba artificioso, parafernalia si acaso y, sobre todo, una tentación perniciosa.
Por ello, cada vez que se habla de reformas económicas en instituciones eclesiásticas su memoria hace cuestionar precisamente si los ajustes a los organismos religiosos están realmente orientados a un modelo idealizado donde se reconozca que los recursos económicos administrados por los hombres de Iglesia son del pueblo y deben terminar en el pueblo, o no.
En marzo del 2024, el papa Francisco tomó una medida radical frente a la administración de la Basílica de Santa María la Mayor (precisamente el santuario donde ahora el pontífice argentino está sepultado). Tras dos años de una ‘administración judicial’ en el santuario para poner en orden las cuentas, los contratos y la administración de activos inmobiliarios por parte de un comisario extraordinario de la Santa Sede, el Papa concluyó una reforma integral para instalar una nueva administración en la simbólica basílica papal.
El modelo de administración alcanzado en Santa María la Mayor consiste ahora en una junta directiva que en la ley y en la práctica, limita los poderes centenarios de los canónigos del templo. La reforma de Francisco sucedió después de una crisis de denuncias por malos manejos de prebendas y recursos de la Basílica que se visibilizaron ostensiblemente durante la pandemia de Covid-19: mientras el mundo y los pobres sufrían, los alquileres favorables a canónigos y a sus familiares cercanos generaban réditos escandalosos.
“Creo que es apropiado liberar a los canónigos de cualquier carga económica y administrativa, para que puedan dedicarse plenamente y con renovado vigor al acompañamiento espiritual y pastoral que los peregrinos de todo el mundo buscan y desean encontrar, cruzando los umbrales del primer Santuario Mariano de Occidente”, explicó Francisco en su decreto.
En el discurso se aborda el problema elegantemente, pero los pormenores son mucho más mundanos: el propósito del cambio era evitar que los canónigos usufructuaran económicamente los bienes del Santuario a través de rentas, arrendamientos u otros modelos de negocio particular. El ajuste de Francisco supuso el nombramiento de una nueva junta directiva, una renovación de ministros y funcionarios, y un nuevo liderazgo pastoral. Se trató de una limpieza claramente detonada por la preocupación y cuyo proceso fue conocido por la opinión pública sólo gracias a la petición de transparencia que Francisco instruyó durante este ajuste administrativo, acto al que no estaba obligado legalmente, pero sí moralmente. Ahora, los canónigos de Santa María la Mayor, liberados ya de las distracciones económicas y administrativas, tienen “la única obligación de velar por la santidad de la vida en el servicio de Dios y la piedad de las costumbres”.
El caso de Santa María la Mayor ha resurgido en los últimos días en México porque, el pasado 12 de julio, después de dos reuniones con el papa León XIV, el cardenal arzobispo de México anunció un ajuste en las estructuras y el funcionamiento de la Basílica de Guadalupe. Textualmente el purpurado reconoció que para la reforma pastoral y administrativa del santuario mariano más visitado del mundo se tomarán como referencia “las actualizaciones impulsadas por el Papa Francisco para las Basílicas Papales de Santa María la Mayor en Roma y de San Pedro en el Vaticano”.
En los últimos meses, el recinto del Tepeyac ha estado en el ojo del huracán por sospechas de mal uso de recursos y otras acusaciones de organización interna; finalmente, la Santa Sede ha marcado el camino de renovación después de que, como dijo el propio arzobispo, desde el 2025 se realizaran revisiones de carácter administrativo y operativo en el santuario. Desde finales de los 90, el papa san Juan Pablo II dispuso una bula para que la Basílica de Guadalupe funcionara íntegramente bajo la vigilancia y liderazgo del arzobispo de México, custodio del ayate y la imagen sagrada original, a través de un rector que es a la vez vicario episcopal, y un cabildo nombrado también por el arzobispo; ese modelo, donde la administración económica y el servicio pastoral están imbricados, es el que estará en revisión para ser actualizado.
La reforma en Santa María la Mayor tardó dos años en concretarse; y es imposible saber cuánto tardará este proceso en la Basílica de Guadalupe, ojalá se haga con transparencia como demostró Francisco que era posible. Por lo pronto, los primeros pasos ya han sido tomados con el recambio en la rectoría y vicerrectoría del santuario; y el fin del camino está expresado: separar las funciones administrativas de los servicios espirituales y de atención a la devoción. Es una buena noticia, para que los clérigos ocupen y desgasten su vida en la vocación espiritual y religiosa a la que fueron llamados. Sólo falta, como diría mi amigo, que los futuros administradores tengan en el corazón aquella sentencia: “Que el dinero de la Iglesia sea siempre, dinero de los pobres”.
