Ante la iniciativa de ley del partido Morena -que finalmente fue retirada- sobre una posible mordaza digital a ministros religiosos, sacerdotes de la diócesis opinan y advierten…
Diana Adriano/Ana María Ibarra
Ante la reciente propuesta presentada por un legislador del partido en el poder, Morena, para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, particularmente en su artículo 16, que debió ser retirada esta misma semana para su revisión y consulta, sacerdotes de la diócesis manifestaron su preocupación por las posibles implicaciones que este cambio traería en materia de libertad religiosa y de expresión.
La iniciativa de ley que pretendía regular el contenido que los ministros de culto en México publican en sus redes sociales y plataformas digitales fue presentada el pasado 28 de octubre.
Pero este 10 de noviembre, el diputado Arturo Federico Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, informó que, luego de una reunión con representantes de la Iglesia Católica y evangélica, y de las confesiones judía, musulmana y de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decidió retirar la iniciativa.
Según explicó en sus redes sociales, tomó esta decisión para construir “un marco normativo que abone de manera responsable y consensuada a este importante reto para la vida pública del país”.
En este sentido, Periódico Presencia quiso consultar su opinión a sacerdotes que tienen presencia en la comunicación digital.
Responden a cuatro preguntas los sacerdotes David Hernández, coordinador de la Pastoral de la Comunicación en la diócesis; Eduardo Hayen Cuarón, director de Periódico Presencia y de Presencia.digital; Alfonso García, vicario de pastoral en la diócesis, y Gustavo Balderas, coordinador de la misa televisada por canal 50.1.
1.¿Qué opina sobre la propuesta que presentó diputado de Morena para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 16?
Pbro. David Hernández: Creo que es una cuestión bastante alarmante para la libertad de expresión, no solamente —digámoslo así— la libertad de cultos, sino sobre todo la libertad de expresión y de acción como ciudadanos, independientemente de que seamos sacerdotes, ministros de culto o pertenezcamos a cierta ideología o Iglesia. No por ello el gobierno puede monitorear todo lo que realizamos, ¿verdad? Porque entonces, sí, ahora se empieza con los ministros de culto, pero después ¿qué pasará con los miembros de ese culto? Es decir, con los fieles que van a la parroquia, los cristianos o los afiliados a diferentes asociaciones, que también podrían ser monitoreados.
Ese sería el principio: primero los ministros de culto, para evitar que influyan en la opinión pública, pero luego, ¿qué ocurrirá con los demás? Es preocupante, porque eso abriría la puerta a que se monitoree todo, especialmente en redes sociales y en la expresión digital. No solo afectaría a los ministros de culto, sino también, con el tiempo, a todas las personas vinculadas a esos grupos religiosos.
Pbro. Eduardo Hayen Cuarón: Es clara la intención de algunos políticos de silenciar las voces críticas al gobierno. Los obispos de México han hecho periódicamente pronunciamientos fuertes sobre la situación que vive el país, especialmente en el tema de la violencia y sobre leyes, como la del aborto y la eutanasia, que afectan la convivencia social. La Iglesia Católica es una voz incómoda que, de alguna manera, hace presión sobre quienes tienen la responsabilidad de dirigir la construcción del bien común, y es claro que a los gobiernos de corte socialista, acostumbrados a ejercer el poder de manera totalitaria, les desagrada. Es evidente que silenciar toda crítica a lo que afecta al bien común es un atentado contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y contra el mismo bien del país.
Pbro. Jorge Alfonso García: Considero que fue una propuesta preocupante, porque más que buscar fortalecer la laicidad del Estado, parecía orientada a limitar la libertad de expresión y de conciencia de los ministros religiosos. La ley actual ya es muy clara: los sacerdotes no podemos hacer proselitismo político, pedir el voto por un partido o usar el púlpito para favorecer a alguien. Lo que esta iniciativa proponía era algo distinto: castigar a quien, desde su fe, señala las injusticias o el sufrimiento que enfrenta la gente por situaciones de impunidad o violencia. Eso no tiene que ver con política partidista, sino con la misión evangelizadora de la Iglesia.
Pbro. Gustavo Balderas: Es evidente que se quiere limitar, en el caso de nosotros los católicos -quienes trabajamos 24/7-, lo que decimos respecto a la misión profética de la Iglesia. Esta ley atenta contra esa misión y contra la característica de profetas que tenemos todos los bautizados, porque no podríamos expresar ciertas cosas que al gobierno no le agraden.
Podríamos ser acreedores a una multa o sanción, lo cual va en contra de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, ya que nos impediría hablar de problemas serios dentro de nuestra comunidad parroquial o en nuestras colonias.
Por eso considero que es algo grave, pues atentaría directamente contra la misión profética de la Iglesia, especialmente de quienes formamos parte de la jerarquía.
2. ¿Cuál sería la afectación para ustedes, sacerdotes y para la Iglesia, con una propuesta así?
Pbro. David Hernández: Ciertamente sería estar en una condición “contra las cuerdas”, cuidando los contenidos que publicamos, verificando si pueden ser ofensivos para alguna persona. El problema es que la iniciativa no deja claro cómo se regularía el contenido, qué tipo de expresiones serían sancionadas o en qué casos. Todo queda muy a la subjetividad: si alguien dice “me ofende”, entonces se elimina.
En ese sentido, nuestras redes sociales personales son una oportunidad para conectar no solo con los fieles, sino también con quienes no se han acercado a la Iglesia. Sin embargo, como en otros tiempos, la Iglesia ha sido perseguida y, aun así, no ha dejado de anunciar el Evangelio.
Aun cuando existieran leyes que restrinjan el contenido, o nos bajaran videos o publicaciones por “ofender” a alguien, seguiríamos evangelizando. Recuerdo una ocasión en que subí una frase del papa Benedicto XVI sobre el pluralismo y la búsqueda de la verdad absoluta; Facebook me la eliminó por considerarla conflictiva.
Pensé: “Bueno, las plataformas tienen sus reglas”. Pero que el gobierno intervenga en esas plataformas me parece una invasión a la libertad personal. Además, la censura digital podría derivar en censura mediática: periódicos, televisión, radio o pódcasts. Sería una situación bastante compleja, aunque -como siempre- seguiríamos anunciando el Evangelio.
Pbro. Eduardo Hayen Cuarón: En primer lugar, quedaríamos afectados porque sería una supresión de un derecho natural, que es la libertad religiosa. Es decir, como asociación religiosa los católicos tenemos el derecho natural de ordenar y orientar nuestras vidas según los principios del Evangelio. La fe católica no es contraria al bien común, sino que lo favorece. Al proclamar la dignidad e inviolabilidad de la persona humana, la Iglesia contribuye, realmente, al bien de la nación. Ser una voz crítica a todo lo que destruye la dignidad humana es un deber y un derecho de los líderes de la Iglesia. Sin embargo, el más afectado sería el mismo pueblo católico que tiene derecho a recibir orientación espiritual y moral de sus pastores en cuestiones morales que afectan la vida pública.
Además, la ley afectaría la libertad de expresión de un sector de la sociedad, que es también un derecho humano natural. De esta manera a los obispos y sacerdotes se nos trataría como a ciudadanos de segunda clase ya que crearía una sociedad donde unos pueden opinar y otros no. La iniciativa de ley, para ser justa, debería de prohibir opinar no sólo a la Iglesia sino a los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones y a todos los gremios del país. Es claro que, al no ser así, es una iniciativa que quiere afectar sólo a los católicos.
Pbro. Jorge Alfonso García: Una reforma de ese tipo pondría en riesgo el papel profético de la Iglesia, que es anunciar el Evangelio y denunciar el pecado, también cuando el pecado se expresa en estructuras de injusticia. Si un sacerdote ya no pudiera hablar de la violencia, de la pobreza, de las desapariciones o de la corrupción, por miedo a ser sancionado, estaríamos silenciando la voz del Evangelio. Eso afectaría no solo a los sacerdotes, sino también a las comunidades, porque el pueblo tiene derecho a escuchar una palabra que ilumine su realidad y le dé esperanza. La fe no se encierra en los templos: Cuando decimos que la fe no se encierra en los templos, queremos decir que no podemos ni debemos reducirla únicamente a las cuatro paredes de una iglesia. La fe no es algo separado de la vida; al contrario, ilumina las realidades concretas que vivimos: la familia, el trabajo, la comunidad, los problemas sociales y el sufrimiento del pueblo. La fe se comprende y se vive a la luz de la Palabra de Dios, del magisterio de los Papas En este sentido, la Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que el Evangelio tiene una fuerza transformadora también en lo social, lo económico y lo político, porque todo lo humano nos importa. Sin embargo, con frecuencia algunas personas quisieran que la Iglesia se limitara solo a lo espiritual, como si la fe no tuviera relación con la justicia, la paz o la dignidad humana. Pero el ser humano es un todo: cuerpo, alma, historia y relaciones. Por eso la Iglesia, fiel a su misión, ilumina las realidades humanas desde el Evangelio, para servir, para acompañar y dar esperanza.
Pbro. Gustavo Balderas: Muchísima. Nos limitaría, por ejemplo, al momento de predicar el Evangelio. Si un domingo el Evangelio nos invita a reflexionar sobre algo social, no podríamos hacerlo solo porque podría interpretarse como algo que va en contra del gobierno.
Eso sería muy grave para nosotros, porque nuestra labor profética implica hablar con la verdad. Ser profeta significa anunciar el bien y denunciar el mal, y si se nos impide hacerlo, se vulnera nuestra misión.
Esto traería riesgos no solo para obispos y sacerdotes, sino también para diáconos y laicos comprometidos que tienen una visión clara de la Iglesia y su enseñanza.
3. ¿Cómo afecta a la libertad religiosa?
Pbro. David Hernández: Afecta mucho. Ciertamente, la Constitución Mexicana no es la más favorable hacia los ministros de culto, especialmente hacia la Iglesia Católica, ya que tiene un origen marcadamente anticlerical.
Sin embargo, ha habido avances y madurez en la tolerancia religiosa y en la libertad de expresión. Nosotros, como Iglesia Católica, siempre hemos respetado o tolerado el credo del gobierno en turno, incluso cuando se manifiesta en expresiones de fe hacia deidades prehispánicas o en ritos antiguos.
La Iglesia se ha mantenido como moderadora y dialogante, no condenatoria como en otros tiempos. Creo que tanto la Iglesia como el gobierno han madurado en ese sentido, aunque pareciera que algunos diputados actuales no tienen conciencia histórica ni madurez política.
Se toleran muchas ideologías y opiniones, pero no se tolera el nombre de Dios ni la expresión de fe, lo cual es incongruente. Estamos en un momento en el que necesitamos seguir madurando y permitir que la libertad de expresión no esté dirigida por una ideología o postura política, sino que sea realmente eso: libertad de expresión que no ofenda, pero que aporte a la sociedad.
Pbro. Jorge Alfonso García: La libertad religiosa no se limita a poder rezar o tener un templo abierto. Incluye también el derecho de vivir, expresar y enseñar la fe en público. Cuando se intenta prohibir que un sacerdote hable de ciertos temas, se está restringiendo ese derecho fundamental. Un Estado verdaderamente laico no censura la voz de las iglesias; más bien garantiza que todas puedan expresarse libremente, sin imponer ni callar a nadie. La laicidad bien entendida protege tanto al gobierno de la manipulación religiosa como a las iglesias del control político.
Pbro. Gustavo Balderas: Totalmente. Somos un Estado laico, y como tal, cada persona tiene derecho a la libertad de religión, a profesar la fe que elija.
Muchas religiones y denominaciones —incluso algunas sectas derivadas del cristianismo— coinciden en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el bien común y el respeto a la dignidad humana.
Por eso, cualquier intento de restringir la expresión religiosa o su enseñanza afecta directamente ese derecho fundamental.
4. Ya anunciaron que se retirará la iniciativa y que se abrirá a consulta. ¿Por qué es importante discutir este tema?
Pbro. David Hernández: Es importante porque los medios de comunicación son herramientas que nos ayudan a difundir mensajes, dar opiniones y movilizar a la sociedad.
Lo hemos visto antes: movimientos como Yo soy 132, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, los movimientos por justicia o denuncias de corrupción —tanto en el gobierno como en la Iglesia— han tenido gran impacto gracias a las redes sociales.
Las redes son una herramienta positiva. Si el gobierno o algunos diputados las ven como una amenaza, es porque reconocen el poder que tienen los medios digitales y su influencia en la gente.
Hoy muchas plataformas han migrado de la televisión y la radio al entorno digital, porque ahí está la audiencia. Por eso considero necesario seguir discutiendo estos temas, formándonos e informándonos, y madurando como Iglesia en el uso de los medios digitales.
Nos deben servir para comunicar el mensaje de Cristo y los valores cristianos, pero también para dialogar con nuestra cultura y promover una sociedad más consciente y libre.
Pbro. Eduardo Hayen Cuarón: Porque se trata de derechos humanos fundamentales, propios de la naturaleza humana; derechos que son anteriores al Estado y que tienen su origen en Dios. Ninguna autoridad política otorga esos derechos, sino que los reconoce, los respeta y los defiende, por un deber de justicia. Algunos de esos derechos es el de tener una formación y educación religiosa; el derecho de dar culto a Dios en público y en privado; y también el derecho a contribuir al bien común de la sociedad.
Los obispos y sacerdotes no deben meterse en cuestiones de partidismo político, por ejemplo, para invitar a votar o no por ciertos partidos. Eso le corresponde a los laicos; pero es necesario que el clero opine y oriente sobre los problemas políticos que afectan la vida social porque, como organización religiosa, tiene el deber de colaborar para edificar este mundo que todos compartimos.
Pbro. Jorge Alfonso García: Es muy importante hablarlo, no solo porque toca a la Iglesia, sino porque nos afecta a todos como personas y como Sociedad. La libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio clerical. Que no se confunda la voz pastoral con la propaganda política. La Iglesia no busca poder, busca servir. Pero si se limita su palabra, se debilita también la voz de muchos que no tienen otra manera de ser escuchados. Por eso es bueno que se abra el diálogo y respeten la libertad de todos.
Pbro. Gustavo Balderas: Porque no debemos bajar la guardia. Aunque la hayan retirado, la iniciativa ya está dentro del sistema legislativo, y cualquier actor político puede retomarla en el futuro.
Por eso es necesario estar atentos y formar a nuestra gente en la Doctrina Social de la Iglesia.
Nosotros, los sacerdotes, debemos retomarla, leerla nuevamente y profundizar más en ella, no solo los obispos o diáconos, sino también los laicos.
Es importante ofrecer cursos de Doctrina Social en las parroquias para formar agentes de pastoral comprometidos con la defensa de la fe y del bien común.
Sigamos esforzándonos y trabajando juntos por el bien común de las personas.
Como párrocos, conocemos de primera mano las situaciones y problemáticas sociales que se viven en nuestras colonias. Por eso debemos mantenernos atentos, denunciar las injusticias y hablar con claridad, siempre buscando el bien común de nuestras familias, especialmente de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos vulnerables.
