Sergio Madero Villanueva/ Abogado
Se habla mucho sobre la iniciativa para modificar el sistema de impartición de justicia, que incluye la elección de todos los juzgadores del país por voto popular. Primero hay que hablar de la forma en que se elige actualmente a los juzgadores.
Cada ministro de la Suprema Corte es electo por las dos terceras partes de los miembros del senado con base en una terna propuesta por el presidente. Si ninguno de los propuestos alcanza esa mayoría, el presidente manda una nueva terna, y si tampoco se consigue la mayoría, el presidente elige libremente a una de las tres personas de la última propuesta. Este último es el reciente caso de la ministra Lenia Batres.
Los magistrados del Tribunal Electoral también son electos así, pero a propuesta de la Corte. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito deben ganarse su lugar en concursos de oposición.
La propuesta es que jueces, magistrados y ministros, sean electos por el voto popular, al igual que hoy elegimos a legisladores y autoridades administrativas.
Pareciera que se busca “legitimar” la actuación de los juzgadores, darle respaldo popular a su actuación, pero en realidad se le reviste de política, ya que nadie puede postularse a sí mismo, la postulación recae, mayoritariamente, en órganos políticos.
En el caso de los ministros de la Corte y magistrados del tribunal electoral, el presidente, el congreso, y la Suprema Corte proponen diez candidatos cada uno. En el caso de los demás magistrados y jueces, cada uno de los poderes manda dos propuestas por cada plaza a elegir. No basta cumplir los requisitos constitucionales (ser abogado con diez años de experiencia, etc.), se requiere que desde las esferas del poder surja tu nombre y aparezca en la boleta.
No es suficiente un contacto que te proponga porque el Senado revisa la lista de postulados y verifica que cumplan con los requisitos. Existe un doble filtro político antes de iniciar el proceso.
La reforma expresamente prohíbe cualquier financiamiento de campaña, de esta manera, alguien que aspire a juez en Chihuahua tendrá que recorrer con sus propios medios todo el estado, y tratar de convencer a la mayoría de los cerca de tres millones de electores, esto es imposible sin la estructura que sólo tienen los partidos políticos. Teniendo en cuenta el origen de las postulaciones será muy fácil a los operadores políticos decir a los votantes “estos son los del presidente”.
¿Política en la Justicia?
Pero antes de seguir con los detalles del método de elección, ¿conviene que el Poder Judicial sea sometido a voto popular?
En clase de Derecho Constitucional mi maestro Mazpúlez explicaba que el poder judicial es el control de los otros poderes, es la barrera de defensa que tenemos las personas contra la actuación arbitraria de los gobernantes. Las autoridades deben conducirse conforme la ley, si no lo hacen, el poder judicial los obliga a que lo hagan.
Al infiltrar la política en el ámbito judicial se pierde la libertad necesaria para juzgar y actuar conforme a esa misión.
Exageremos las cosas, suponga que el candidato más popular a la presidencia propone suprimir el programa de medicinas para niños con cáncer y utilizar ese dinero para darle becas a las personas que no estudian ni trabajan pero que están en edad de votar, ¿podrá un candidato a juzgador ganar oponiéndose a ese popular candidato para defender el derecho a la salud de esos niños?
Debo hablarle de otros inconvenientes del sistema propuesto y de otros cambios que afectarán la impartición de justicia, pero se me acaba el espacio, la próxima semana seguiremos hablando de…
