Centro Católico Multimedial
Durante el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asesinatos de sacerdotes disminuyeron con relación a los pasados; sin embargo, México sigue siendo el primer país en América Latina donde ejercer el ministerio presbiteral es peligroso, según los datos presentados por el Centro Católico Multimedial (CCM).
En el pasado sexenio se registraron 10 sacerdotes asesinados, 10 sacerdotes y religiosos violentados; y cerca de 900 extorsiones contra miembros de la Iglesia católica en México.
El reporte del organismo que dirige el sacerdote Omar Sotelo Aguilar evidencia que desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’ declarada por Felipe Calderón Hinojosa, el índice de religiosos agredidos creció exponencialmente y, aunque en los últimos seis años, descendió el número de casos, los ha habido más simbólicos como el asesinato de los dos religiosos jesuitas en la diócesis Tarahumara, Javier Campos y Joaquín Mora; y, en el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, el sacerdote indígena, Marcelo Pérez, ultimado en la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
El reporte anual 2024: «Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica en México» ofrece datos e hipótesis de los más de 80 sacerdotes que fueron asesinados desde 1994 y que han enlutado a este sector de la población creyente.
«A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se reportaron cuatro asesinatos, entre ellos el crimen de tres sacerdotes y un cardenal (Juan Jesús Posadas Ocampo); con Ernesto Zedillo (1994-2000) hubo tres homicidios de sacerdotes en Michoacán, Oaxaca, Coahuila. Con Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registró el asesinato de cuatro sacerdotes y un diácono en Chihuahua, Jalisco, Baja California y Ciudad de México».
Sin embargo, fue en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando los crímenes contra ministros religiosos se dispararon: «Se registraron 25 asesinatos contra 17 sacerdotes diocesanos, tres religiosos y cinco laicos, entre ellos una periodista católica». Los hechos ocurrieron en Ciudad de México, Hidalgo, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, estado de México y Durango.
El índice de crímenes contra agentes pastorales católicos continuó subiendo en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con 21 casos: 19 sacerdotes asesinados y dos curas desaparecidos. Pero, además, se registraron dos secuestros frustrados, dos atentados contra ministros y dos atentados contra sitios religiosos.
Ya en el sexenio de López Obrador (2018-2024) se contabilizaron 11 asesinatos contra agentes pastorales: 10 sacerdotes y un seminarista. Además, el CCM contabiliza siete ocasiones en que obispos y sacerdotes fueron violentados.
Los estados donde se registraron el mayor número de religiosos muertos de 1990 a 2024 son Guerrero con 11 casos; Ciudad de México, con ocho; Michoacán, siete; Chihuahua, siete, Jalisco y estado de México, cada uno con seis casos; Veracruz y Baja California, cinco crímenes; Puebla, cuatro; Tamaulipas, tres; Durango, tres; Oaxaca, Coahuila, Guanajuato y Morelos contabilizaron dos asesinatos en cada uno; Nayarit, Aguascalientes, Hidalgo, Sinaloa, Colima, Chiapas y Zacatecas registraron un crimen de este tipo.
El reporte dice que los ataques a sitios religiosos tienen las siguientes tendencias: un 21 por ciento de las agresiones contra estos lugares son efectuadas por delincuentes dedicados al robo exprés de objetos religiosos a menor escala y de escaso valor. El segundo enfoque representa un 42 por ciento y concierne a profesionales del crimen organizado especializados en el robo de arte sacro.
El último enfoque, un 37 por ciento, es de grupos que atacan por diversos motivos de intolerancia y discriminación religiosa.
«Hemos descubierto que a los padres los extorsionan o amenazan de muertes, les piden el derecho de piso o simplemente les dicen que callen porque trabajan donde hay zona de tráfico de armas o les advierten que les van llenar la iglesia de muertos. Una vez que a un sacerdotal lo asesinan, los violentan o lo torturan, se le difama», dice el reporte.
Finalmente, se reconoce que no ha sido debidamente explorado el problema de las religiosas y las consagradas que también tienen un activismo social y trabajo pastoral en zonas difíciles del país; pues aunque no constan registros de agresiones o de ataques, no se descarta que también los hayan sufrido.
