Ana María Ibarra
A un año y cinco meses del asesinato de Carlos Efraín Jariz Cruz, indígena de la comunidad rarámuri en esta ciudad, el pasado 3 de noviembre inició el juicio contra los presuntos responsables, dos agentes de la Policía Municipal.
Lo anterior se dio a conocer el pasado 2 de noviembre mediante una rueda de prensa
donde derechohumanistas y abogados dieron detalles del caso y pidieron castigo para los culpables.
Ofrecieron la rueda de prensa Carlos Gutiérrez, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Rosalinda Guadalajara, Gobernadora de la Comunidad Tarahumara de la localidad; y María Teresa Guerrero, Titular de la Comisión Estatal para pueblos Indígenas.
Estuvieron también presentes Cesáreo Tarín y Carla Palacios, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dirigido por el padre Oscar Enríquez, quienes estarán acompañando y asesorando a la viuda de Jariz Cruz en el aspecto jurídico.
Los hechos
Fue el pasado mes de junio del 2015 cuando Jariz Cruz se encontraba dormido en una banqueta de su comunidad, cuando fue despertado a golpes por dos policías municipales, quienes se lo llevaron en el vehículo oficial con rumbo desconocido.
Horas después, el cadáver de Jariz fue encontrado en el Camino Real, cerca de la comunidad, con aparentes muestras de tortura, por lo que inmediatamente se hizo la denuncia.
Se dio a conocer que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico en zona hepática y golpes en todas partes del cuerpo.
El homicidio fue causa de desconcierto para la comunidad y de escándalo para la sociedad chihuahuense, por lo que la esposa de Jariz recibió el apoyo de dependencias que le ayudarán a encontrar justicia para ella, sus hijos y su esposo fallecido.
Los antecedentes
En la rueda de prensa, los derechohumanistas advitieron que el caso de Jariz no es aislado, ya que meses atrás los trabajadores de esa comunidad fueron intimidados por agentes municipales, quienes los despojaban de sus pertenencias, lo que muestra una situación constante de abusos de la policía.
“La comunidad está muy dolida. Los rarámuris nunca quisieron poner la queja, pero si se resistían al asalto los detenían, los golpeaban y aventaban a baldíos”, narró Rosalinda, gobernadora de los rarámuris.
Ante estos casos de abuso, los indígenas tomaron medidas de seguridad, como anotar el número de la unidad de policía, y la hora de la agresión.
Después del caso de Jariz, la policía municipal dejó de entrar a la comunidad a patrullar, lo que ha hecho vulnerable a los rarámuris pues ahora están expuestos a robos de casa habitación, amenaza a los jóvenes y venta de drogas.
“Nunca había pasado eso, quitar la vida a un raramuri de manos de las personas que nos deben de proteger. Tenemos temor. Tenemos que cuidarnos de los municipales y de los maleantes”, lamentó Rosalinda.
María Teresa Guerrero, titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, afirmó que estarán al pendiente del caso y que esperan que el juicio se desarrolle con el debido proceso.
“Venimos a acompañar y a observar cómo se desarrolla el juicio”, dijo María Teresa.
Por su parte, el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lamentó el actuar de los policías, quienes, dijo, no cuentan con protocolos ni con formación profesional.
“Venimos a recomendar que elaboren protocolos. Los seis meses en la academia son insuficientes, se requiere de una carrera de dos años para poder pensar que un policía sea profesional. También nos preocupa la actuación de la Fiscalía, daremos seguimiento al actuar del Ministerio Público”, dijo Carlos Gutiérrez.
Castigo para los culpables
Por su parte, el equipo jurídico del CDHPN buscará la sentencia condenatoria a los responsables de la muerte de Carlos Efraín. Pero también a los responsables de los delitos de abuso de autoridad, detención arbitraria y desaparición forzada.
“Buscaremos garantizar a la ofendida la reparación del daño. En este caso hablamos que los ofendidos son todos los habitantes de la comunidad indígena. Buscaremos lineamientos para proteger a esta comunidad y dar seguimiento para la reparación del daño a la comunidad”, dijeron.
