Javier Ortiz/ Juez de Primera Instancia Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Sin duda alguna el mes de septiembre de este año quedará como un mes histórico en la agenda política de este país, debido a la aprobación en el Senado de la reforma Constitucional al Poder Judicial.
¿De qué trata esta reforma?, ¿de qué estamos hablando?
En muy pocas palabras, podemos decir que el Presidente saliente de México (Andrés Manuel López Obrador), elegido por el partido de Morena, envío una iniciativa de ley para modificar la Constitución y con ello modificar la estructura del Poder Judicial Federal y la forma de elegir ahora a los Ministros, Jueces y Magistrados ,estos dos últimos quienes serán electos por voluntad popular en todo el país, a diferencia de un sistema de méritos, probidad y múltiples exámenes que se tenían que aprobar para llegar a ser togado. (referido a los magistrados superiores y a los jueces letrados).
En este sentido, vemos que luego de la aprobación en días pasados por los diputados federales, la mayoría del Senado y al menos 18 legislaturas en el país, la referida reforma es casi ya una realidad, únicamente restaría su publicación en el Diario Oficial de la Federación, anunciada para el (pasado) 15 de Septiembre.
Hay quienes ven esta reforma como un ‘cuasidecreto dictatorial’ o ‘voluntad a modo’ del titular del Ejecutivo Federal, no respetando así la división de poderes e independencia judicial y con la clara intención de formar un bloque político en el que se tenga el control de todo.
Por otro lado, hay quienes señalan que se pretende acabar con una “casta” llena de privilegios, prebendas en el Poder Judicial, el cual ha sido objeto de acusaciones de corrupción, nepotismo (plazas laborales a familiares), tráfico de influencias etcétera. Pero sobre todo se dice que se ha hecho esto de la Reforma porque (el Poder Judicial) no ha querido obedecer al Presidente -al frenar su línea política-.
La Reforma prevé cambios como la reducción de los ministros de la Suprema Corte de once a nueve integrantes, la forma de emitir sus resoluciones en pleno; la creación de dos órganos nuevos, uno de disciplina (que sancionará a jueces y funcionarios) y otro de carácter administrativo (repartición de funciones y trabajo), desapareciendo el Consejo de la Judicatura, que se encargaba de dichas funciones.
Asimismo considera que quienes pretendan ser Jueces deberán reunir los requisitos exigidos por la ley y contender políticamente para que sean elegidos por “el pueblo”. Y de no suceder otra cosa, esta forma de elección sería para el año 2025 a nivel federal y en los Estados de acuerdo a su aprobación y modificaciones. En el caso de Chihuahua se tiene previsto que ocurra hasta el 2027 ante la inconformidad o negativa del Congreso local para su total implementación.
Desde mi óptica como abogado, creo que el impacto de esta reforma en toda la República será evidente. La Justicia es un valor de suma importancia en todas las sociedades y su nivel de impartición -con la Reforma- afectará a todos y cada uno de los mexicanos. De ahí que algunas empresas, sobre todo de Estados Unidos, hayan realizado pronunciamientos sobre seguridad y economía en el país.
No es fácil querer pisar firme, donde no se sabe qué tan parejo está el suelo. Queda esperar.
