Compromiso por la paz: Cárceles

Presencia
Seguimos conociendo el Documento Compromiso por la Paz. Estrategias de Política Pública para la Paz, resultado de grandes esfuerzos de la sociedad civil por aportar elementos estratégicos para revertir la dinámica de violencia y crímenes, fenómenos extendidos en el país, y que son los elementos de la destrucción del tejido social de México.

Como se ha aclarado, el documento es “una Agenda de Estado, que implica a todas y todos, con el único interés de vivir en paz y poder ejercer plenamente los derechos”.

Tercero de siete temas

El contenido de este Compromiso por la paz se presenta en siete temas (Ver recuadro) En esta edición presentamos lo relativo al tema cuatro (cárceles) con algunas de las propuestas que se generaron para los ámbitos nacional, estatal y local.

Descripción del problema

Nuestras prisiones han sido por mucho tiempo relegadas y su mejora no ha formado parte de las prioridades de las políticas públicas de seguridad y justicia. Los efectos de este abandono han ido acumulándose y la vida dentro de las prisiones se ha degradado, haciendo muchas veces intolerable la sobrevivencia tanto para las personas privadas de la libertad (PPL), como para el personal penitenciario y para las familias de las y los privados de libertad. Aunado a esto, existe un incumplimiento generalizado de los derechos de las personas privadas de libertad y nadie tiene la expectativa de que puedan salir de prisión en mejores condiciones de las que tenían cuando entraron. La construcción de la paz requiere que las personas privadas de libertad puedan regresar en mejores condiciones para que sean capaces de reintegrarse sanamente a la sociedad.

Sabemos que el sistema penitenciario demanda reformas de gran calado que requieren de una suma de voluntades tanto por parte de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de la colaboración de la sociedad civil en su conjunto. Devolver la dignidad a las personas privadas de la libertad es un requisito indispensable para poder alcanzar la paz en nuestro país.

El deterioro generalizado del sistema penitenciario pone en evidencia la fragilidad de las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a delitos cada vez más serios y complejos.

El sistema penitenciario constituye un eslabón esencial para poder enfrentar los altos niveles de violencia y para poder elevar los niveles de seguridad que la población demanda. Lo que les sucede a las personas en situación de cárcel, la violación sistemática a sus derechos tiene un impacto importante que comienza al interior de los centros penitenciarios y se extiende a sus familias y a las comunidades, lastimando el tejido social e impidiendo lograr la paz en nuestro país.

Propuestas

A nivel federal

En el sistema penitenciario federal, la principal reforma que se requiere es modificar el régimen de segregación mediante el cual las personas internas permanecen confinadas en celdas individuales 23 horas al día sin poder realizar actividades y sin tener contacto humano alguno.

Diversos estudios han demostrado que este régimen, lejos de abonar a su rehabilitación, deja en ellas huellas profundas que les impide recuperar su capacidad para socializar y para reintegrarse a su familia y a la sociedad.

A nivel estatal

En el corto plazo:

Retomar la obligación del Estado de proveer a los centros penitenciarios de los servicios más elementales que hacen posible la sobrevivencia, como son la provisión de agua potable, alimentos, servicios de salud, medicamentos y productos de higiene. Por ahora, una buena parte de estos bienes los proveen las familias lo que significa para ellas una pesada carga que coarta sus posibilidades de desarrollo y puede constituir un incentivo para que participen en actividades delictivas.
Retomar el control de los centros penitenciarios dado que la falta de recursos y el abandono que crónicamente ha padecido el sistema penitenciario, propicia la corrupción por parte del personal y la toma del poder de facto por parte de grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad y la gobernabilidad de dichos centros pudiendo llegar a cobrar la vida de funcionarios, custodios y de los propios internos.

En el mediano y largo plazos:

Se requerirán reformas legislativas importantes para armonizar los códigos penales a partir de un análisis riguroso de los costos y beneficios de las penas. Ello permitiría hacer una revisión a fondo sobre la proporcionalidad de las penas; establecer límites máximos a las mismas; eliminar el impedimento que hoy existe para otorgar beneficios de preliberación a quienes cometen delitos de delincuencia organizada; asegurar que deje de aplicarse la prisión preventiva oficiosa y que la justificada se aplique sólo como excepción y no como norma.

Ello implica, en buena medida, la capacidad para rediseñar y repensar cómo queremos que nuestra sociedad resuelva sus conflictos, cómo deberá ocuparse de las víctimas y cómo deberá tratar a los victimarios…

La construcción de paz en México requiere pensar en modelos inspirados más en la justicia restaurativa, en las penas alternativas, en la resolución pacífica de los conflictos, que en continuar con la escalada interminable del incremento en las penas privativas de la libertad.

A nivel municipal

En una colaboración interinstitucional que involucre a las autoridades, comunidades, iglesias, empresas, sociedad civil y universidades es necesario crear sistemas que favorezcan los procesos de reinserción social de las personas que salen de las prisiones, incluyendo actividades educativas y laborales para crear condiciones para la no reincidencia.
Impulsar procesos de atención a las víctimas y re educación de los victimarios, con la participación de las diversas instituciones, para atender las faltas administrativas, y así prevenir delitos y detener escaladas de violencia.

Conclusiones

El problema de las prisiones debería implicarnos como sociedad. Lo que sucede antes, durante y después de que una persona llega a prisión, afecta la vida de familias y comunidades e impacta en el sistema de justicia y seguridad. Autoridades federales, estatales y municipales, de la mano de otros actores de la sociedad podemos contribuir a desarrollar estrategias de prevención y mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitan disminuir las penas carcelarias; garantizar óptimas condiciones de trabajo para las y los custodios; dignificar la vida de las personas privadas de la libertad a la par de ofrecerles espacios útiles de formación capacitarles para una vida productiva una vez que logren salir de prisión, sin olvidarse del acompañamiento que sus familias necesitan; y, al salir de prisión, diseñar estrategias sociales que les permitan reinsertarse social y económicamente a sus comunidades, disminuyendo así el riesgo de reincidencia.

En este sentido, juegan un papel crucial organizaciones de la sociedad civil, la pastoral penitenciaria, universidades, patronatos y empresas que, de la mano de los distintos órdenes de gobierno, puedan dar respuesta a las necesidades de prevención, acompañamiento y reinserción.