Dra. Rosa Isabel Medina Parra/ Colegio de la Frontera Norte
La noticia de hace unas semanas, del adolescente vendedor atropellado en el Puente Libre conmocionó a Ciudad Juárez. Como ocurre con frecuencia, las primeras reacciones se concentraron en determinar quién tuvo la culpa: si el chofer conducía con precaución, si el menor cruzó intempestivamente o si existieron fallas en la infraestructura vial. Sin embargo, quizá la pregunta más importante es otra: ¿por qué un adolescente se encontraba trabajando en uno de los cruces vehiculares más peligrosos de la ciudad?
Cada vez que una niña, niño o adolescente vende productos en un crucero, limpia parabrisas o solicita ayuda económica entre los automóviles, se vulneran sus derechos. Lo que muchas veces se ha normalizado y considerado parte del paisaje urbano constituye, en realidad, una situación que pone en riesgo su integridad y limita el ejercicio pleno de sus derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen su derecho a crecer en un entorno seguro, recibir educación, jugar y desarrollarse plenamente, además de establecer la obligación del Estado de garantizar su protección frente a cualquier forma de explotación o actividad que ponga en riesgo su integridad.
Comúnmente, detrás de cada menor que trabaja en las calles existe una historia marcada por la pobreza, la desigualdad, la precariedad laboral, la falta de oportunidades y, en ciudades fronterizas como la nuestra, por complejos procesos de movilidad, migración y otras expresiones de violencia estructural y cultural que limitan las posibilidades de desarrollo de miles de familias. Comprender estas condiciones no significa justificarlas, sino reconocer que ningún menor debería exponerse en las calles para contribuir al ingreso familiar.
Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes exige corresponsabilidad. La familia, como primer espacio de cuidado, tiene la responsabilidad irrenunciable de velar por el bienestar, la protección y el desarrollo integral de sus hijas e hijos. Por su parte, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones que permitan a las familias cumplir con esa responsabilidad y de implementar políticas públicas que identifiquen oportunamente a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, garanticen su permanencia en la escuela y promuevan su desarrollo en entornos seguros. La protección no puede reducirse a retirarlos de un crucero, sino que debe ofrecer las condiciones necesarias para que nunca tengan que regresar.
Como sociedad también somos corresponsables de la protección de las infancias. La indiferencia frente a la presencia de niñas, niños y adolescentes trabajando en los cruceros o en las calles termina por convertir una vulneración de derechos en una realidad cotidiana. Es necesario comprometernos con la construcción de entornos seguros para menores, así como exigir políticas públicas eficaces, fortalecer a las organizaciones que acompañan a las familias en situación de vulnerabilidad y participar activamente en nuestras comunidades.
Si este hecho únicamente sirve para discutir quién tuvo la culpa del atropellamiento, habremos perdido una oportunidad para reflexionar sobre las causas que lo hicieron posible y para trabajar, de manera conjunta, en su transformación. Porque el verdadero accidente no comenzó en el Puente Libre; comenzó el día en que dejamos de considerar inaceptable que una niña, un niño o un adolescente tuviera que poner en riesgo su vida para sobrevivir.
