El pasado 01 de septiembre, la presidente de Mexico Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su segundo informe de gobierno.
De acuerdo a analistas, llegó al Informe -presentado en Palacio Nacional- con una narrativa esperada: México avanza, la economía resiste, la violencia disminuye y la Cuarta Transformación mantiene el rumbo. Tal y como lo ha sostenido durante la gira que realiza por los estados para presentar este Informe.
Pero para algunos, esto es cuestionable. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta? ¿Qué le pareció su contenido?
Héctor Ramón Molinar Apodaca/Abogado mediador
El informe presidencial nació de una obligación constitucional: que quien encabeza el Poder Ejecutivo Federal rindiera cuentas ante el Congreso de la Unión, integrado por los representantes populares de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
Durante décadas, el informe constituyó uno de los acontecimientos políticos más importantes del año. El Presidente acudía al recinto legislativo y se daba lectura a extensos documentos que contenían las acciones realizadas por el gobierno. Eran cientos de páginas, cifras, programas y resultados.
Con el paso del tiempo, aquel formato fue perdiendo valor y credibilidad. El recinto legislativo llegó a convertirse en escenario de confrontaciones, protestas, ofensas y abucheos entre las distintas fuerzas políticas. La rendición de cuentas quedaba muchas veces desplazada por el enfrentamiento partidista.
Por ello se reformó el formato y desapareció la obligación de que el titular del Ejecutivo acudiera personalmente al Congreso a leer su informe.
Pero la comunicación presidencial experimentó una transformación todavía mayor durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A través de las conferencias matutinas, conocidas popularmente como “las mañaneras”, el gobierno comenzó a informar diariamente desde Palacio Nacional sobre los acontecimientos y decisiones de interés público, con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación.
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió continuar con este ejercicio cotidiano.
Por esa razón, el contenido de su Segundo Informe no representó para mí una sorpresa. Como periodista y analista de la política nacional procuro mantenerme informado diariamente a través de diferentes medios y programas y, desde las siete de la mañana, acostumbro a seguir la conferencia presidencial.
Muchos de los programas, obras, decisiones y resultados expuestos en el informe habían sido dados a conocer previamente.
¿Qué me pareció entonces el Segundo Informe?
Considero que fue un ejercicio sencillo, austero y directo, en el que la Presidenta presentó ante integrantes de su gabinete y representantes de los poderes públicos un balance de las acciones realizadas por el Ejecutivo Federal en los distintos ámbitos de gobierno.
Destaco particularmente el tema de la seguridad pública. Desde mi perspectiva, los resultados expuestos muestran avances importantes en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, uno de los problemas que durante décadas más han lastimado a nuestro país.
Naturalmente, ningún informe gubernamental debe quedar exento del análisis y la crítica. Corresponde a periodistas, especialistas, oposición y, principalmente, a los ciudadanos contrastar las cifras oficiales con la realidad cotidiana.
Pero existe una diferencia sustancial respecto del pasado: hoy el informe anual ya no constituye el único momento en que el Ejecutivo habla de su gestión.
La rendición de cuentas debe ser permanente.
Y una sociedad verdaderamente democrática no solamente tiene derecho a escuchar lo que informa su gobierno: tiene también el derecho —y la responsabilidad— de cuestionarlo, verificarlo y formarse su propia opinión.
Dra. Norma Yadira Lozano/Politóloga
Considero que el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta datos relevantes sobre programas sociales, infraestructura y atención a grupos prioritarios.
Voy a enfocar mi opinión en un tema en lo específico, que es el derecho a la salud, donde la presidenta hizo referencia al número de hospitales, consultorios y quirófanos habilitados, visitas domiciliarias o piezas de medicamentos distribuidas. Frente a sus números surge la pregunta central que es si una persona recibe consulta cuando la necesita, si obtiene todos sus medicamentos, si accede oportunamente a estudios y especialistas, y si una cirugía se realiza sin retrasos o cancelaciones evitables.
En Ciudad Juárez persiste una preocupación muy sentida sobre la calidad y oportunidad de los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Muchas familias enfrentan esperas prolongadas para consultas, estudios, tratamientos o intervenciones quirúrgicas. También existen casos en los que las personas deben comprar medicamentos, pagar análisis o buscar atención privada porque el servicio público no llega con la oportunidad requerida.
Por otro lado, la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo valioso, pero no puede sustituir un sistema público de salud deficiente. Cuando una persona mayor utiliza su pensión para adquirir medicamentos no surtidos, pagar estudios, traslados o consultas privadas, el apoyo económico termina compensando una falla institucional.
El reto del gobierno no es escoger entre pensiones y salud: ambos son derechos y deben garantizarse de manera complementaria. Sería deseable que, además de las cifras, se publiquen indicadores claros sobre recetas surtidas por completo, tiempos de espera para especialidades y cirugías, procedimientos cancelados, disponibilidad de personal médico y gasto de bolsillo de las familias.
El bienestar debe medirse no sólo por cuánto dinero se entrega, sino por cuánto se reduce el sufrimiento, la incertidumbre y el gasto de las familias ante una enfermedad. El apoyo económico fortalece el ingreso y la autonomía de las personas mayores; el sistema de salud debe proteger su vida, su dignidad y su tranquilidad. Cuando una persona adulta mayor usa una parte considerable de su pensión para comprar medicamentos que no recibió, pagar estudios o resolver por la vía privada una atención que debía ser pública, la política de bienestar queda incompleta.
Jeanette Levya/Analista
El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo sorpresa alguna. Los mismos datos que desde hace tiempo se han venido manejando: una economía que busca sortear las dificultades incrementadas por la relación con Estados Unidos, que eso sí, ha logrado navegar las turbulencias de Donald Trump; una empresa del estado como Pemex que sigue siendo el foco de atención de inversionistas nacionales y extranjeros; y un ambiente político tenso.
Para empresarios y directivos del sector privado llegar a este punto no ha sido fácil, ya que el ambiente generado en los últimos ocho años ha generado desconfianza y si bien, hay anuncios de inversiones de largo plazo, en estos dos años de la administración de la primera mujer presidenta de México la economía no logra avanzar.
Todos reconocen que Sheinbaum ha dado señales favorables a la inversión y al empleo, pero también dicen que la confianza empresarial no funciona como un decreto presidencial y no basta con anunciar que México es un destino atractivo para invertir, pues la confianza se construye todos los días, con reglas claras, decisiones consistentes y certidumbre y ahí, está el problema.
Todos coinciden que la reforma al Poder Judicial abrió un periodo de incertidumbre, no porque hoy alguien pueda afirmar que el nuevo sistema será necesariamente bueno o malo, sino porque todavía falta tiempo para evaluar sus resultados. Para un inversionista, esa espera también cuenta, porque cuando no sabes cómo funcionará una regla durante los próximos años, la mejor decisión es esperar y por eso hemos visto una mayor “lentitud” en poner en marcha las inversiones. Sin dejar de lado, los trámites y procesos que en muchos casos han empeorado, ya que los funcionarios actuales no tienen conocimiento de ello, ya que los profesionales de carrera en el servicio público se fueron, luego de las bajas en los salarios.
A esto hay que agregar, aseguran todos, el factor que México no controla, que es Estados Unidos y las decisiones que el presidente Donald Trump toma cada día.
Hasta ahora, la economía estadounidense ha mostrado una resiliencia que ha ayudado a México, pero el gran temor de los economistas del sector privado es que si Estados Unidos entra en una recesión, el problema para México dejaría de ser únicamente la confianza en nuestro país, sino una caída abrupta de la economía.
El tercer problema para lo que resta del sexenio es Pemex y el hacer a la empresa viable tomando decisiones políticamente incómodas: dejar actividades que no son rentables, vender o desincorporar activos que no generan valor, reducir costos, elevar productividad y revisar estructuras que durante años han sido intocables.
Si bien, todos coinciden en que no hay un riesgo inminente de perder el grado de inversión, tampoco es prudente tratarlo como una preocupación lejana, porque si las finanzas públicas continúan deteriorándose, el crecimiento permanece débil y si Pemex sigue demandando recursos públicos, el margen de maniobra se irá haciendo cada vez más pequeño. (Publicado en El Financiero)
