Presencia
Luego de que el Senado mexicano aprobó el pasado 22 de febrero el llamado “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha concretado una modificación al sistema electoral mexicano.
Como se informó en medios de comunicación, el proyecto dejó fuera una polémica cláusula que permitía que entre partidos de una misma coalición se puedan transferir votos – impulsada por los aliados de Morena, el partido en el poder-, que en términos prácticos dificultaba la desaparición de partidos políticos con poco apoyo electoral.
Esta aprobación ha provocado el rechazo de amplios sectores de la comunidad, que, por ejemplo, el pasado domingo salieron a manifestarse en contra de la reforma.
Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina del Plan B en la Reforma Electoral del presidente AMLO y qué impacto tendrá en el futuro del país?
Toda sociedad establece reglas para su convivencia que se plasman en leyes, esas reglas son, desde luego, adaptables conforme a la dinámica social, pero para dar cierta estabilidad, el proceso para modificarlas no es sencillo. Hay reglas muy importantes, que la sociedad considera esenciales y las pone en su constitución, esas reglas son todavía más difíciles de cambiar.
Lo más perverso del llamado Plan B es que estaría burlando la intención del pueblo mexicano, y pondría en leyes secundarias disposiciones contrarias a lo que establece la constitución. Se le llama Plan B, porque inicialmente el presidente intentó poner sus reglas en la constitución, pero al no reunir las voluntades suficientes para cambiarla, ahora pretende establecer sus reglas en las leyes.
Nuestro sistema electoral, que dio nacimiento al IFE y luego al INE, surge porque la sociedad no confiaba en los resultados de unas elecciones organizadas por y desde el gobierno, donde además uno de los partidos que participaban en las elecciones era considerado parte del mismo aparato. Por ello se crea un organismo ciudadano autónomo, que sin ser parte del gobierno, organiza y legitima la selección de los gobernantes.
Quien haya sido funcionario de casilla (presidente, secretario o escrutador) sabe que las decisiones en la mesa donde se toman y cuentan los votos son tomadas por ciudadanos, por los vecinos del lugar han sido seleccionados al azar y capacitados para realizar su función.
Al concretarse el Plan B se pierde la esencia ciudadana del organismo electoral. Los consejeros del instituto (las personas que lo gobiernan) serán propuestos por los propios partidos políticos y seleccionados en elecciones nacionales. Esto es como si antes de un partido entre el Guadalajara y los Bravos cada equipo propusiera al cuerpo de árbitros, y se hiciera una elección entre los seguidores de ambos equipos para desognar a los que pitaran el juego, obvio es que el Guadalajara tiene más seguidores a nivel nacional y por lo tanto terminaría imponiendo a los árbitros del juego, así no se puede hablar de imparcialidad.
Luego está la cuestión de desaparecer el Registro Nacional de Electores y regresar el control de la lista electoral a la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno será otra vez quien controla quién puede o no votar en cada elección.
Esto segiramente traerá de nuevo la desconfianza en las elecciones y la falta de legitimidad de las autoridades, y por lo tanto, una sociedad distanciada de su gobierno, sin posibilidades de construir un sólido proyecto de nación.
Lo más grave, es que abre el camino para imponer reglas aún en contra de lo que hemos establecido en la Constitución; es decir, el que una fracción imponga su voluntad a toda la nación.
Existen muchas otros detalles de analizar, y desde luego, se puede mejorar nuestro sistema y hacerlo menos costoso, pero de eso platicamos otro día en que nos encontremos hablando de…
Sergio Madero Villanueva/Abogado
Como el Presidente López no pudo generar los cambios en la Constitución Mexicana propuso un plan de menor alcance, pero efectivo presentando la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversos Ordenamientos en Materia Electoral”, ante la Cámara de Diputados, para quitarle autonomía y dirección en las elecciones al Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta reforma electoral, a diferencia de una reforma constitucional, solo requiería una mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Bajo la consigna de que el INE supuestamente cuesta mucho, se buscó cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Partidos Políticos, desaparecer la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el fideicomiso para para el pasivo laboral, y además reducir el personal del instituto y sus salarios desapareciendo el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Con los cambios se obtendrá lo siguiente:
*Inequidad en las elecciones, al desaparecer las juntas locales y de 143 centros de verificación y monitoreo, se pierde el control de gastos y pauta de anuncios de candidatos y partidos.
* Afecta derechos políticos electorales, al desaparecer 300 juntas distritales 32 juntas estatales y la eliminación del 85% del personal del SPEN, estaría en riesgo la elección y capacitación de los funcionarios de casilla, y la cadena de custodia antes, durante y después del proceso electoral.
* Se podría anular una elección, podría aumentar la ausencia de funcionarios de casilla, confusión en la ubicación de las casillas, si no se instala el 20% de casillas o se anulan por falta de funcionarios la elección se anula.
* Padrón Electoral en Riesgo, al despedir al personal de SPEN, la actualización del Padrón Electoral y la cartografía electoral se des-actualizaría, generando más desconfianza en la población.
* Resultado Electoral dudoso, ya que la reforma elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) suplantándolo por un inicio del cómputo el mismo día de la jornada electoral, reduciendo la transparencia y certeza del mismo.
* Elimina la Imparcialidad, al despedir al personal capacitado, se tendría que improvisar y reclutar personal eventual y se corre el riesgo de que su capacidad e imparcialidad no sean las idóneas o aun peor, sean sesgadas.
Con mucho esfuerzo y tiempo se ha logrado tener una Institución libre y confiable, se ha venido mejorando con cada elección y con ella se eligió este presidente, pero con este decreto que le amputa pies y manos para organizar y controlar las elecciones,. El Presidente López quiere ser el controlador y manipulador. Esta reforma no mejora las funciones del INE sino lo entorpece.
Es responsabilidad de nosotros actuar como buenos católicos, de señalar lo que está mal, de expresarnos y no dejarles a los políticos todas las decisiones, que comprendan que queremos que nos tomen en cuenta y que estaremos vigilantes.
Por esto los invito a que lo discutan con el diputado federal de su distrito, a que actúen en consecuencia y que protejamos nuestra democracia. Si somos tibios e indiferentes, nunca podremos salir adelante.
Con ese INE llegaron, con ese se van.
Ramon Iglesias L./Empresario
Hablamos y no escuchan.
En noviembre pasado la sociedad le hizo llegar un mensaje claro a la clase gobernante: no se metan con nuestros votos; no se metan con la democracia. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para polarizar y dividir a la sociedad, ese día encontramos la bandera que nos une a millones a pesar de las diferencias ideológicas o de partido. El mensaje fue tan contundente, que fracasó la propuesta que amenazaba a una de las instituciones que más nos ha costado construir y que simboliza años de lucha ciudadana.
Lamentablemente, luego nos dimos cuenta de que se ganó sólo una batalla. Hay personas -sobre todo una- que no entendieron el mensaje de los ciudadanos y, con una terquedad sorprendente, utilizan métodos que llegan a la ilegalidad para imponer su voluntad.
El llamado “Plan B” retoma la intención de destruir al Instituto Nacional Electoral y su capacidad para organizar elecciones que nos den certeza de que nos gobernarán los que verdaderamente ganen en las urnas. La propuesta aprobada sin discusión por los legisladores afines al Presidente, -y hace unos días en el Senado- no sólo disminuye el presupuesto para organizar comicios, sino que elimina la posibilidad de castigar a los partidos o funcionarios que rompan las reglas: a quienes hagan campaña anticipada o a los candidatos que comentan faltas graves.
En otras palabras, el Plan B -aprobado en el Senado- es una falta de respeto de quienes no quisieron escucharnos en noviembre y se han obstinado en imponer su forma de ver las cosas a través de maniobras y maromas legales.
Somos un país que cree en la democracia y está dispuesto a trabajar por años y años para construirla, eso ya lo hemos demostrado. Lo que se debatió no fue sólo la defensa de un instituto, sino de todos los esfuerzos que se han hecho por defender nuestra posibilidad de ser parte de la definición del rumbo del país. Ahora se trata de defender nuestra voz y nuestro trabajo.
Mtro. Luis Villavicencio/Antropólogo
