Diana Adriano
Un grupo de migrantes venezolanos denunció públicamente la falta de apoyo de su gobierno después del incendio que mató a 40 personas, incluyendo a siete venezolanos, en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta frontera.
En rueda de prensa realizada el pasado 5 de abril en las instalaciones de la Catedral, los migrantes solicitaron a las autoridades venezolanas que intervengan en la identificación y repatriación de los cuerpos.
Acompañados del padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, también expresaron su preocupación por la falta de acción por parte del Consulado de Venezuela y el gobierno federal mexicano para ayudarlos en este proceso. Además, denunciaron que algunos individuos se acercaron a ofrecer ayuda a cambio de una gran parte de la indemnización que recibirán de las autoridades mexicanas.
El padre Javier expuso que los migrantes de Venezuela están abandonados, ya que el Gobierno mexicano dice que apoyará a los familiares con el traslado de los cuerpos, pero la Fiscalía General del Estado argumenta que los trámites deben gestionarlos las autoridades venezolanas.
“Hay casos, como con los hermanos de Venezuela, en los que no hay acciones concretas. Nos preocupa que la Embajada de Venezuela no haga presencia y el Gobierno federal no tenga presencia clara para ellos», remarcó el padre Calvillo.
Falta de atención
En la rueda de prensa Jessica, de 28 años, dijo que buscó a su esposo José Rafael Mendoza Ferrer, hasta que, diez días después le confirmaron que era una de las víctimas mortales del incendio.
Ella, con su pareja y sus dos hijos llegaron a Ciudad Juárez hace seis meses huyendo de Venezuela. El día del incendio, José Rafael fue arrestado por la Policía Municipal y agentes de Migración mientras trabajaba limpiando vidrios en la calle.
“El embajador de Venezuela no toma en serio el asunto, ellos tienen este proceso atrasado, no hacen su trabajo», acusó.
La migrante explicó que abrió un caso en la Fiscalía General de la República (FGR) pero no obtuvo información clara ni precisa. Desesperada, se acercó a funcionarios de El Salvador y Honduras para obtener ayuda y finalmente fue contactada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes explicaron que tenía el derecho de reconocer el cuerpo de su esposo.
Por otra parte, Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, cuestionó al gobierno mexicano por su falta de atención hacia los migrantes y pidió justicia para las víctimas del incendio.
Desesperados
Otro migrante venezolano, Rennier, relató que tuvo que indagar por su cuenta el paradero de su primo, Joel Alexander Luján Peña.
“Fui a la Fiscalía, me dijeron: ‘los vamos a contactar’”. Pero varios días después no había recibido tal llamada, hasta que decidió acercarse a Catedral.
Los migrantes venezolanos se sienten desamparados y esperan que se realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de Luján Peña, quien cumpliría 21 años tres días después de su muerte.
Este incidente ha generado indignación y ha llevado a muchos a cuestionar las políticas migratorias de México y la falta de atención que reciben los migrantes en el país.
La Casa del Migrante de Juárez continuará trabajando para brindar apoyo a los migrantes afectados por el incendio, proporcionándoles alimento, alojamiento y asesoramiento legal.
