César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, acusado por la administración del mandatario Javier Corral como presunto responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos.
En el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República presentó ocho peticiones de extradición, todas ellas solicitadas por el gobierno de Chihuahua.
De acuerdo con la ficha emitida por la Interpol, los cargos por los que se le acusa al ex funcionario estatal son peculado, peculado agravado y peculado agravado y delito electoral. Reportes indican que este viernes el ex gobernador sería presentado ante un juez, para iniciar el juicio de extradicción para que enfrente proceso penal en su país de origen. Por ello la pregunta de ests semana es:
Tras la detención del ex gobernador César Duarte: ¿Cómo se puede garantizar que haya justicia en la recuperación del recurso público malversado por su gobierno?
1.- Según la Ley General de Víctimas, las víctimas de un delito tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño sufrido. La ley habla de una reparación plena, integral y efectiva. En este caso es un hecho incuestionable que César Duarte, exgobernador de Chihuahua, robó millones del erario público. Por ese motivo el pueblo de Chihuahua tiene derecho a conocer la cantidad robada, y a que se le restituya plena e integralmente todo lo robado.
2.- Para garantizar la debida justicia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, deben hacer posible la devolución de los bienes que son propiedad del pueblo.
3.- Visualizo dos rutas: investigar a fondo las cuentas bancarias, tanto en México como en el extranjero, que están a su nombre o bajo prestanombres y congelarlas o incautarlas con la finalidad de la restitución; y el otro camino sería la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio a propiedades de César Duarte, que tienen un origen ilícito, con el objeto de reparación del daño a la sociedad de Chihuahua.
4.- Otro factor clave para garantizar la justicia es la vigilancia ciudadana. Las víctimas, el pueblo de Chihuahua, tiene el derecho a ser informado y a participar en el proceso de búsqueda de la verdad y de la justicia ante el delito de que fue víctima.
5.- Hay un principio básico latino: “Res clamat domino”, que significa “las cosas claman o gritan por su dueño”.
Pbro. Oscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Se puede garantizar el estado de derecho, en cuanto a la aplicación del debido proceso, lo que implica necesariamente, que los demandantes tengan los elementos suficientes para acreditar los delitos que supuestamente cometió el imputado César Duarte.
El Titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua que lo acusa, ha hecho del conocimiento público, la malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y fraude a administración pública, en contra del ex gobernador de César Duarte Jáquez. Lo que considero que viola el principio universal de inocencia, es decir, que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya sentencia condenatoria y que actualmente no existe.
Por lo que la aplicación del derecho, no necesariamente se puede considerar como justo, o que la justicia triunfe. La justicia reúne valores de equidad, igualdad y libertad para las partes en un proceso. Para recuperar el recurso público reclamado, es necesario acreditar la existencia e inexistencia posterior, así como el desvío de los mismos y que haya sido el ex gobernador quien realizó las transacciones que son tipificadas como delitos en la función pública.
Por ello, en ocasiones no prosperan las denuncias contra actos de corrupción. Pues se politizan y la sociedad se involucra juzgando por la publicidad del caso. Como por ejemplo, el hecho de que ya damos por hecho que sí es culpable, sin que haya comparecido todavía ante un juez.
César Duarte tiene derechos que hará valer sin duda, como lo es la presunción de inocencia, al haber sido sometido a juicio sin que se haya demostrado que es culpable. Lo mismo ocurre, al rematar sus bienes sin el debido proceso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido como presunción de inocencia lo siguiente: Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo.
En conclusión, no se puede garantizar la recuperación del recurso público por el momento, hasta que haya más información de las pruebas que ofrece el Estado y las actuaciones preliminares ante el Juzgado Penal donde será enjuiciado.
Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Abogado Mediador
En mayo del año pasado, durante mi periodo en la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para avanzar en la institucionalidad del sistema, se unificaron compromisos de las autoridades judiciales, ejecutivas y legislativas, en el marco del Foro Estatal de compromisos anticorrupción.
En dicho foro, autoridades y ciudadanos, firmamos una serie de acciones para consolidar el SEA y que al concluir este período hubiera avances significativos que resguardaran las instituciones y recuperaran la confianza de estas ante la ciudadanía.
El gobernador Javier Corral señaló que no era posible mirar la corrupción como un borrón y cuenta nueva. Y que para combatirla se requería del compromiso absoluto de todos, de unir esfuerzos y capacidades para conformar un país de justicia y de ética pública. En ese mismo espacio, refirió: “no basta la voluntad política del gobernante, sino institucionalizar procesos y que cada actor esté a la altura de su deber”. Pidió a los ciudadanos sumarse a la exigencia a autoridades federales para lograr la detención y extradición del ex gobernador.
La detención de César Duarte es solo un eslabón en la cadena de justicia. Un eslabón que hila los esfuerzos de los miembros del Comité Coordinador del sistema anticorrupción.
No puedo hablar de garantías para que haya justicia. Pero sí puedo referir compromisos de vida en el servicio público de quienes integraron los expedientes dentro de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora el turno es para el Poder Judicial, entendiendo que algunos delitos son del orden del fuero común, otros del fuero federal (por lo que vincula a la red de corrupción con alcance nacional) e incluso internacional (por las violaciones a los derechos humanos). Sin duda, que el resarcimiento de los daños al erario público son un reclamo de los chihuahuenses, pero de la misma manera esperamos que la red de corrupción salga a la luz, evidenciando todos los involucrados en esta “cadena de favores”, de cómplices (mejor dicho), sin miramientos de nombres, grupos o figuras sociales, políticas o religiosas.
Chihuahua, el poder judicial, el sistema anticorrupción tienen la oportunidad de hacer historia. Los ciudadanos habremos de convertirnos en observadores objetivos y críticos del proceso. La exigencia es el combate a la corrupción y a la impunidad. #YoSoyAnticorrupción
Mtra. Yadira Lozano/ politóloga
A través de organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que exigiendo a los partidos politicos que asuman su responsabilidad, dado que los partidos politicos fueron los que eligieron a estos fuincionarios, gobernantes y cuando nos salieron con su domingo siete, los partidos politicos se hicieron los disimulados como si no fueran responsables.
Tienen que asumir su responsabilidad y ofrecer una disculpa a la ciudadania que pago las consecuencias y que el partido político también exija que ese quebranto se pueda recuperar bajo estricto estado de derecho, pero que ellos también ofrezcan una disculpa pública.
Es un tema muy delicado, porque ahorita el tema legal tiene muchos huecos y en parte pues hay mucho qué hacer, Va a ser complicado que se pueda garantizar que se recupere el quebranto, pero creo que es importante que no se deje de hacer presión para que se recupere los más que pueda hacerse.
Lo segundo es que quede un antecedente de que las acciones contra toda ética y contra toda legalidad, tiene sus consecuencias.
Ing. Eduardo Ramos Morán/ Presidente de COPARMEX
