Dra. Velia Collazo/ Abogada derechohumanista
A propósito del tema de la multicitada Reforma Judicial, viene a mi memoria que hace unos meses les hablé sobre el caso de la niña Camila, en Guerrero. Camila era de una niña de ocho años que fue a jugar con su amiguita, y terminó muerta por asfixia.
En este caso hubo omisiones de autoridades, inacción por parte de las mismas. Y ocurrió que las autoridades intervinieron hasta el momento en que los vecinos lincharon a los responsables del crimen. Ahí no se implementó lo establecido en la Carta Magna, ni lo que señala la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Hoy en día, el principal argumento en la iniciativa de reforma es el de legitimidad del Poder Judicial en un sistema democrático. Sin embargo, dicho argumento se encuentra fundamentado por investigaciones empíricas. Por ello, no se debe olvidar que el componente central de la legitimidad de la función de las y los jueces, se encuentra en la razonabilidad, equidad, imparcialidad y justicia de sus procesos y sus decisiones.
Retomando el caso Camila y la propuesta de reforma judicial, el linchamiento de los responsables fue ejecutado por el pueblo, que es el que ejerce la democracia ¿Ustedes creen que el pueblo va contar con un criterio justo, sensato, a fin de elegir a jueces y magistrados? Lo sucedido en esa población fue algo extremo, irracional; pero es el claro ejemplo de cómo serían esas elecciones -de jueces-, si se deja todo en manos del pueblo. Analicen ustedes.
La magnitud del cambio que se pretende es grande; en virtud de poder organizar y realizar un proceso electoral para designar nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, siete del Tribunal Electoral Federal y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial es factible, aun en el escenario propuesto por la Reforma para que en la próxima elección haya un recambio completo.
Por lo tanto, esto significaría -a nivel federal- realizar cerca de 10 mil propuestas para las listas de candidatos al cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito, y alrededor de 20 mil a nivel nacional, para cargos de jueces y magistrados locales.
Cabe preguntarnos si el Estado mexicano tiene la capacidad jurídica, moral, social y económica, a fin de realizar este proceso electoral que sería a muy alto coste; incluído la indemnización de todos los jueces y magistrados salientes; (eso sin mencionar un abultado conjunto de litigios por derechos humanos y laborales violentados).
Por otro lado, ¿a quiénes se elegiría para ejercer estas funciones?, ¿cualquier ciudadano mexicano podrá ser elegido?, ¿conociendo no del derecho, de la impartición de justicia? Esta multicitada reforma judicial no es clara, se ha pensado sobre intereses de particulares, a quienes no les favorece la impartición de justicia; pareciera que se busca favorecer a los hijos de alguien, quienes sin estudio o conocimiento quieren manejar al poder judicial a su antojo.
En efecto, el argumento que presentan al proponer la reforma judicial -el problema radica en el poder judicial-, es falacia. Por ello es importante fortalecer al poder judicial; y no proponer reforma judicial alguna, puesto que se debe ponderar con mayor cuidado y con más tiempo discusiones, análisis, y no reformar al vapor, puesto que así cómo evoluciona el hombre ha ido evolucionando el Derecho, pero darle poder al pueblo sin previo conocimiento, sería desastroso.
