Por el decreto sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a partir del 17 de abril de 2021 entró en vigor la ley que obliga a todas las personas que utilizamos telefonía celular, independientemente de la empresa con la que tengamos el servicio, proporcionarles todos nuestros datos personales como nombre completo, nacionalidad, CURP, número de identificación oficial con fotografía, y los biométricos, es decir, huellas dactilares, reconocimiento facial e iris. Esta reforma ha causado gran temor entre la ciudadanía e indigrnación en sectores sociales. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué puede haber de fondo y cuales riesgos se enfrentarán con la propuesta de reforma a la ley Federal de Telecomunicaciones y el decreto para la creación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil?
Lo que supuestamente motivó la reforma, es por que no se ha logrado mitigar la extorsión en el país, y catalogando ésta como uno de los delitos principales a atacar, nace esta iniciativa. Sin embargo, al revisar los índices delincuenciales en México, existen otros de mayor impacto que deben ser tratados con urgencia; como lo son el secuestro, los homicidios, la violación, la violencia familiar y la trata de personas. Por ejemplo, en materia de extorsión, el Observatorio Nacional Ciudadano en su reporte de enero de 2021, que, por cierto, sitúa a la extorsión como parte de delitos patrimoniales, señala que su incremento principalmente se presenta en el Estado de Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México, por supuesto que en otros Estados de la Republica también existe dicho delito, pero muy por debajo de otros de mayor impacto.
Ahora bien, supongamos que efectivamente se desea erradicar la extorsión y claramente una de las herramientas principales del delincuente es usar el teléfono para extorsionar a su víctima. La primera pregunta que me surge es: ¿Con esta ley, los delincuentes tendrán menos o más información? Podríamos otorgarle el beneficio de la duda, pero naturalmente surgen otras inquietudes: ¿Las empresas de telefonía cumplirán cabalmente con la ley de privacidad de datos?, ¿Las instituciones de telefonía tienen los mecanismos de protección para evitar que la información recabada sea vendida a otras empresas con fines mercadológicos?, o ¿la información podrá ser utilizada de manera autoritaria con fines políticos para fortalecer sus estructuras, o para establecer acciones de represión contra una oposición?. Quizá a menos de un mes de la aprobación de la reforma sea difícil saberlo, pero lo vamos a descubrir en un corto plazo.
Para tener una idea de la magnitud del riesgo de seguridad, refiero al INEGI (2018) como indicador del uso de telefonía en México, quien menciona que somos 126 millones de habitantes. De los cuales 69.6 millones de personas disponemos de un celular inteligente, y el 93.4% nos conectamos a internet desde nuestro propio dispositivo. Desde donde regularmente tenemos instaladas algunas aplicaciones como lo son redes sociales, que almacenan nuestras fotografías, conversaciones, ubicaciones, gustos y preferencias personales. Así como otras de uso común tal correos personales y empresariales, apps de bancos, streaming (que almacenan datos de cuentas bancarias), y por no obviarlo, para hacer llamadas telefónicas.
En mi particular punto de vista, el riesgo para la ciudadanía es mucho y el beneficio casi nulo, puesto que si estamos en una era digital donde la seguridad informática es deficiente; cuando la corrupción continúa creciendo de manera exacerbada y descarada; en el momento que estamos viviendo un retroceso democrático en que tanto las instancias reguladoras independientes del gobierno como las instituciones civiles y de contrapeso son descalificadas, amenazadas y en riesgo de desaparecer. Me surge otra duda. ¿Realmente la información personal de la mayoría de los mexicanos sirve para combatir la extorsión?
Mario López/ Más Humanista
Esta ley de telecomunicaciones nos pondrá a todos los mexicanos en un gravísimos peligro: en principio invalidan todos los documentos que legalmente nos identifican: pasaporte, credencial de INE, etc. y nos obligan a dar mucha más información individual y delicada y si el gobierno que nos pide esta información no ha sido capaz de controlar a los reos, retenidos en las cárceles, al impedirles que dispongan de teléfonos celulares, licores, drogas y demás, como podrá garantizarnos a los 126 millones de ciudadanos que esa información no se usará en contra nuestra? El gobierno de ahora y de antes lo único que nos han demostrado es que son INCAPACES de protegernos a nosotros, nuestros bienes y nuestra información. No lo permitamos!
María de la Asunción Gutiérrez/ Empresaria
So pretexto de evitar delitos como la extorsión y el secuestro, se pretende crear una base de datos con la información biométrica de los usuarios de la red celular. El presidente de México ha dicho que “nada más es tener un registro para cuidar a la población” por lo cual, “es un asunto de seguridad” (BBC, 20/04/2021).
Pero ¿es realmente una oportunidad para ofrecer mayor seguridad? O, al contrario, ¿nos pondrá en un riesgo aún mayor? En primer lugar, para los delincuentes será fácil burlar la “seguridad” clonando chips o con teléfonos robados. Y, en segundo lugar, lo cierto es que una base de datos con la información biométrica de todos los usuarios de celular es una herramienta aún más poderosa para extorsión y secuestro.
Es más, cualquiera, con un buen soborno, podría adquirir algunos de esos registros y utilizarla para beneficio propio. ¿Puedes imaginarte lo que sucedería si alguien más adquiere tus huellas, por ejemplo? No se trata de revelar una contraseña, que cambias y listo, sino, de tu cara, tu iris, tu huella digital… ¿cómo vas a cambiar esa información en caso de que te “hackeen”?
Allá por el 2009, Felipe Calderón intentó promover la misma iniciativa (BBC, 11/04/2010), y a los dos años una parte de la base de datos ya estaba a la venta en Internet. ¿No es obvio que lo último que se cuidará es la seguridad de los ciudadanos?
Esto es, por lo tanto, una grave y peligrosa violación a la privacidad que nos pondrá en riesgo a todos.
Julio Fernández/ Caridad y Verdad
