Sergio Meza de Anda/ Plan Estratégico de Juárez
Tras una histórica jornada de votación, la ciudadanía juarense eligió a quienes le representarán en los gobiernos locales durante los próximos tres años. En el caso del Ayuntamiento, decidió mantener al presidente municipal en turno, un voto de confianza que no está exento de una exigencia renovada y de la necesidad de contrapesos fortalecidos.
En este punto de la historia de nuestra ciudad, uno en el que la calidad de vida ha sido severamente lastimada por los intereses de unos pocos, es urgente y necesario que autoridades de las tres esferas de gobierno atiendan de manera coordinada los problemas más sentidos por la ciudadanía, como la inseguridad, la corrupción y el desorden urbano.
Entre los principales problemas que enfrenta nuestra ciudad, la inseguridad ocupa un lugar central. La violencia generada por grupos criminales y las tragedias que las autoridades no han sabido evitar, han proyectado una imagen lamentable de nuestra ciudad ante los ojos del país y, no pocas veces, ante los del mundo.
Al día de hoy, la inseguridad sigue siendo el principal problema del municipio de Juárez en la opinión de quienes lo habitamos, como históricamente lo ha evidenciado el informe Así Estamos Juárez.
Si bien es cierto que el problema no corresponde a una sola esfera de gobierno, es necesaria la coordinación entre corporaciones y el abordaje de la problemática fuera de toda lógica político-partidista.
Otro de los problemas más sentidos por la ciudadanía es la corrupción. De acuerdo con Así Estamos Juárez, es la tercera más importante.
El informe Corrupción en Juárez, presentado en abril por Plan Estratégico de Juárez, reveló que de los 7 mil 125 millones de pesos que el gobierno municipal contrató desde 2021, 5 mil 401 millones presentaron riesgo de corrupción.
Además, se ha registrado un aumento preocupante en el costo total de los sobornos a elementos de la Policía Municipal y Seguridad Vial: según el informe, la corrupción administrativa costó 477 millones de pesos el año pasado, un aumento del 354 por ciento en comparación con 2022.
La expansión desmedida y desordenada de la ciudad es otro problema que impacta directamente en la calidad de vida de quienes la habitamos, pues limita el goce pleno de varios derechos, como el acceso a servicios públicos básicos.
A pesar de los esfuerzos ciudadanos por contener el crecimiento de la ciudad, hemos visto cómo los gobiernos locales, por el contrario, han quitado candados al desarrollo de nuevos asentamientos habitacionales, además de la poca o nula vigilancia que hay hacia el sector inmobiliario.
El ordenamiento urbano es esencial para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de las ciudades, y mitigar problemas como la falta de vivienda asequible, la desigualdad socioeconómica, la contaminación, la poca movilidad y la falta de infraestructura accesible para todas las personas.
Ante una nueva actualización al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, la autoridad debe tomar en consideración el impacto que la poca planeación y el crecimiento desordenado ha tenido en la calidad de vida de los ciudadanos, e involucrar a la ciudadanía en la creación de soluciones.
En resumen, la atención prioritaria de un gobierno municipal hacia la inseguridad, la corrupción y el desorden urbano es esencial para promover el bienestar y el desarrollo sostenible de la comunidad. Tras el proceso electoral, ha llegado el momento central de nuestra democracia: el vigilar, exigir y proponer, para alcanzar la ciudad que queremos habitar.
