Hugo García/Caridad y Verdad
En el contexto de la medicación superior y en la vida pública, hemos asumido que la persona, por ser única e insustituible, es el sujeto primordial de toda acción social. Sin embargo, nos encontramos hoy ante una realidad que hiere profundamente esta personeidad: la desaparición forzada. Al analizar los informes, “Peticiones familiares desaparecidos” y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, no solo leemos datos estadísticos o marcos jurídicos; escuchamos un clamor que exige ser atendido. Esta crisis, que suma miles de rostros ausentes y corazones rotos en nuestra patria, es la razón más apremiante para fortalecer mecanismos de participación ciudadana como los que propone plataformas como Motor Cívico.
Urgencia del encuentro y visibilidad del otro
Martin Buber nos recordaba que el ser humano se convierte en un «Yo» solo a través del contacto con el «Tú». En la desaparición forzada, esa relación es violentamente interrumpida, dejando al «Yo» que busca en un vacío existencial y al «Tú» buscado en una zona de sombra. Los documentos referidos muestran que en México la desaparición no es un hecho aislado, sino que ha adquirido tintes de sistematicidad y generalidad, afectando a más de 127 mil familias que hoy no encuentran el paradero de sus seres amados. Ante este escenario, la participación ciudadana no es una opción, sino un imperativo ético.
Plataformas de incidencia como Motor Cívico permiten que el ciudadano deje de ser un espectador de la tragedia ajena para convertirse en un protagonista de la solución. Como bien mencionaba Karol Wojtyla en “Persona y Acción”, la trascendencia de la persona se manifiesta en su capacidad de actuar junto a otros por el bien común. Cuando la ciudadanía se organiza para exigir transparencia y justicia, está ejerciendo esa «soberanía de la conciencia» que J. H. Newman defendía como la autoridad última del hombre.
Hacia una apertura desarmada
El análisis del Comité de la ONU subraya una herida abierta: la impunidad. Con menos del 1% de los casos judicializados, el Estado muestra una limitación estructural que no podemos ignorar. Es aquí donde el pensamiento de Ratzinger cobra relevancia; él advertía que cuando el derecho se desprende de la verdad moral, la sociedad se desmorona. Exigir que las autoridades gubernamentales acepten la ayuda humanitaria y técnica de organismos internacionales no es un acto de debilidad soberana, sino un ejercicio de humildad institucional y de amor a la verdad.
La recepción de ayuda internacional comporta beneficios que trascienden lo técnico. Al permitir que expertos globales colaboren en la crisis forense —donde miles de cuerpos esperan ser identificados—, se abre una puerta a la esperanza. Como señalaba H. de Lubac, el humanismo que se cierra a lo trascendente y al otro termina por volverse contra el hombre mismo. Un gobierno que se abre a la cooperación internacional está reconociendo que la dignidad de la víctima está por encima de cualquier cálculo político. Esta apertura es lo que, en el marco de la Jornada Mundial por la Paz de este año, se ha llamado “una paz desarmada», que confía en el diálogo y en la verdad compartida para sanar el tejido social.
Ser artesanos de la paz
El «Pacto por la Paz», que hemos promovido, establece que el fundamento de la concordia está en la familia. Las peticiones de los colectivos de familiares no son demandas burocráticas; son actos de amor heroico que buscan restaurar la unidad básica de la sociedad. Al fortalecer mecanismos donde la ciudadanía pueda presionar de manera organizada para que se acepten protocolos internacionales de búsqueda, estamos actuando como verdaderos «artesanos de la paz».
La paz, como hemos sostenido en el marco de la Paz Positiva, requiere instituciones que funcionen y un libre flujo de información. Si el Estado se cierra al escrutinio y a la colaboración externa, el pilar de la confianza se pulveriza. Por ello, la movilización digital y física que proponen las herramientas de participación ciudadana es el «motor» que puede obligar a las estructuras rígidas a transformarse. Es el ejercicio de tratar a cada desaparecido como nos gustaría que trataran a quien más amamos, elevando la norma ética a una praxis de solidaridad política.
Único itinerario posible
No podemos permitir que la «cultura del descarte» normalice la ausencia. Los informes hemos analizado, son una llamada de atención a nuestra conciencia colectiva. La construcción de la paz en México pasa necesariamente por reconocer la magnitud de la tragedia de los desaparecidos y por la valentía ciudadana de exigir que todas las manos posibles —nacionales e internacionales— se unan en la tarea de búsqueda y justicia.
Una sociedad sana, busca ser ese espacio donde el «Eureka» de encontrarnos a nosotros mismos pase por encontrar al hermano que falta. Porque, en última instancia, la paz es el camino, y ese camino se construye con la certeza de que nadie sobra y de que la dignidad humana es inviolable. Hagamos de la participación ciudadana el vehículo para que esa verdad resplandezca sobre la oscuridad de la desaparición, convirtiéndonos todos en custodios de la esperanza de quienes hoy solo tienen su voz para exigir justicia.
