El pasado domingo 10 de abril se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato luego del cambio a la ley que hizo el Congreso de la Unión en 2021, por iniciativa del presidente de México, y que ahora permite llevar a cabo esta figura.
La jornada estuvo a cargo del Instituto nacional Electoral y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del país pudieron acudir a votar en las casillas instaladas. De acuerdo a los primeros resultados, menos del 20 por ciento de los electores en el padrón, acudieron a las urnas.
Esta consulta causó una posicionamientos encontrados en los sectores de la sociedad, por ello la pregunta de esta semana es:
¿Cómo cree que beneficia o perjudica a México la consulta realizada este domingo 10 de abril?
En medio del lecturas encontradas en torno a la consulta sobre la revocación de mandato realizada el domingo, me parece que es el comienzo de un avance democrático en nuestro país. A partir de ahora, porque es ya mandato constitucional, existe la posibilidad de que el pueblo decida cada tres años, si un gobernante debe seguir o irse a su casa. Es el reconocimiento de la soberanía popular. Se sienta el precedente de una verdadera democracia participativa. Este legítimo proceso consultivo consolidará la democracia.
Pbro. Oscar Enriquez/ párroco de Jesús Obrero, director del CDHPN
El beneficio, que se puede apreciar es que los ciudadanos que quisieron participar, lo hicieron, como lo permite un régimen democrático, aunque de baja calidad; cabe señalar que la mayoría de los que votaron pertenecen a la estructura clientelar de los partidos políticos que impulsaron la revocación.
Para nadie es un secreto que la revocación de mandato respondía más al ego del actual presidente que a un ejercicio democrático serio; fue una especie de parámetro de medición para conocer su “verdadera” popularidad y ver cómo manejar las elecciones de 2024; de esto derivan varios perjuicios, de entre ellos podemos señalar dos: el costo y su insistente idea desaparecer al INE tratando de desgastar su imagen.
El costo de la realización de un capricho injustificable, fue aproximadamente 1,500 millones de pesos, un derroche económico de gravedad si tan solo somos conscientes de la gran ayuda que hubiese sido su inversión en programas de bienestar social, en todos los sentidos, que tanta falta hacen al país.
La desaparición del órgano regulador de los procesos electorales, en nuestro caso el INE, es lo que todo gobierno con pretensiones dictatoriales se propone como una de sus finalidades, el insistente ataque al INE evidencia las intenciones del actual presidente, por lo que urge que, en todo momento, como ciudadanos, velemos por la permanencia de las instituciones que permiten ejercicios democráticos.
Mtro. Ramón Enrique Rodríguez/ Caridad y Verdad
Creo que no hubo la debida información por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) porque no fue una consulta, sino que fue un ejercicio democrático que por primera vez se realizó en México, para revocar el mandato al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Hubo la intención de confundir al electorado a través de las redes sociales y medios de comunicación mediante sus comunicadores y analistas de la política nacional, por las controversias que suscitó la propuesta del presidente AMLO, para que el pueblo ejerza el poder de “poner y quitar” al presidente.
Por primera vez en México, un presidente emanado de la voluntad popular promovió el instrumento que la ciudadanía ha solicitado durante décadas, para determinar la conclusión anticipada en la persona titular de la Presidencia de la República, a través del sufragio, mediante un procedimiento que inicia con la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, la que provocó mayor confusión, pues la difusión fue mínima, a pesar de que la publicidad del INE se considera como obligatoria en los medios y no se paga por ser de orden público.
Se logró el objetivo de que acudieran a las urnas la mayoría de la gente que apoya al presidente AMLO. La oposición promovió la abstención que generalmente se hace presente como enemigo de la democracia en nuestro país, a sabiendas de que la abstención es un problema nacional, porque la ciudadanía prefiere realizar otras actividades que acudir a votar.
Tenemos como precedente, que, no obstante que todos los mexicanos mayores de edad obtuvieron su credencial para votar, pues es el requisito para identificarnos y los jóvenes al adquirir la mayoría de edad, inmediatamente la solicitan para entrar a los antros, en lugar de utilizarla para votar.
Jurídicamente procede la separación del cargo al Titular del Ejecutivo, cuando se cumpla con el requisito de obtener la mayoría de las personas inscritas en la lista nominal de electores, de cuando menos un cuarenta por ciento, lo que no se pudo lograr, toda vez, que únicamente participó el diecisiete por ciento para que sea vinculante en los próximos sexenios.
Repito, no fue una consulta ciudadana, sino un procedimiento reglamentado por primera vez. Por ello es importante valorar este gran logro democrático que permite utilizar el recurso legal que otorga la Constitución para poner y quitar al presidente en turno a la mitad de su periodo.
Nos beneficia desde luego que se haya efectuado, porque ya se trazó el camino a la democracia.
Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Abogado mediador
Dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que “es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del “Estado de derecho”, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres”.
En este orden de ideas, hay que recordar con qué propósito se creó la revocación de mandato en el ámbito federal, como una forma de democracia participativa, puntualizando que, en nuestro estado de Chihuahua, esta figura existe desde la última década del pasado siglo. La revocación de mandato tiene la finalidad de iniciar un procedimiento de votación general mediante el cual se determina si un gobernante, normalmente del orden administrativo como el presidente o gobernadores y alcaldes, debe o no continuar en su cargo. Este instrumento de control de la actuación de los gobernantes se utiliza cuando un porcentaje significativo de la sociedad se encuentra inconforme con el gobernante en cuestión y solicita que se le releve del cargo para ser sustituido por otra persona que tenga mejor desempeño, sobre todo moral, en el ejercicio del cargo.
En el caso de lo que sucedió el pasado domingo 10 de abril, este instrumento de democracia participativa no fue motivado por la participación ciudadana. Por el contrario, se promovió desde el poder público, lo cual trastoca y pervierte el propósito de esta forma de democracia participativa. Aunado a lo anterior, los promotores del proceso de revocación de mandato lo impulsaron con la finalidad de que el presidente de la república se quedara en su cargo, lo cual es contrario a las finalidades de esta noble figura de participación popular.
En conclusión, resulta lamentable que un instrumento de participación ciudadana que tiene la finalidad de garantizar a la sociedad mecanismos de defensa frente a gobernantes incapaces o corruptos, se haya convertido en un ejercicio demagógico promovido desde Palacio Nacional.
Rubén Trejo Ortega/Abogado/ Unión Social de Empresarios de México
