Presencia
El pasado jueves 13 de octubre migrantes venezolanos comenzaron a ser devueltos de Estados Unidos a México, por Ciudad Juárez, luego de que entró en vigor un acuerdo entre ambos países con el fin de ordenar la migración.
Esto generó confusión y tristeza entre los migrantes, tanto entre los mismos devueltos, como los que ya cruzaron u aquellos connacionales que todavía están varados en Chiapas.
De acuerdo a lo informado en medios de comunicación, los venezolanos pidieron al Gobierno estadounidense les otorgue una prórroga, pero el gobierno de EU respondió que ofrecerá 24 mil visados para venezolanos y regresará a territorio mexicano a todos los que crucen la frontera de forma irregular.
Creo que es necesaria la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo al ámbito de sus competencias. Lo prioritario es que se defina una situación migratoria que les permita una estancia regular dentro de México para evitar extorsiones, actos de violencia y acceso a algunos servicios básicos, incluso para tomar un avión o moverse a otra ciudad de forma segura.
Existen ya avances en términos normativos para la coordinación entre autoridades por ejemplo, rutas de atención y protocolos que se han desarrollado a nivel federal y local para la atención de personas migrantes. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, que viajan solos o acompañados, hay una ruta de atención dónde se establecen distintos procedimientos para garantizar su interés superior. Esta ruta, involucra la actuación del Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Ninos y Adolescentes (PNDNNA), la Secretaría de Educación (SEP), la Secretaria de Salud (SS), entre otras. A nivel local, se debe involucrar a autoridades homólogas de los ámbitos municipal y estatal. Todas estas instituciones tienen la obligación jurídica de atender a las niñas, niños y adolescentes con base en lo establecido en la Ley de Migración y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración junto con sus familias. Es muy importante que asuman su responsabilidad ante la situación de las personas venezolanas.
En el caso de las personas adultas, es importante que se reconozca como visitantes por razones humanitarias para que puedan acceder a derechos como el trabajo y desplazarse sin riesgo a ser agredidos, las autoridades deben actuar conforme a lo establecido en la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, pues las personas venezolanas deben ser reconocidas como refugiadas porque vienen huyendo de un sistema político dónde los opositores son perseguidos.
Por otra parte, es muy importante que la comunidad juarense, muestre empatía y evite cualquier discurso o acto que promueva la xenofobia y la exclusión. Entender las razones por las que miles de venezolanos han salido de su país nos ayudaría mucho a no juzgar a la ligera, así mismo, es importante comprender que el gobierno mexicano tiene un compromiso de atender y proveer de servicios y seguridad a esta población de acuerdo al derechos internacional humanitario y los principios de derechos humanos, no puede dejar de cumplir con esta obligación legal, política y moral.
Como Iglesia creo que estamos llamados a apoyar material y humanamente, siendo solidarios, brindando alimentos, ropa, calzado, escuchando las historias que tienen que contar e intentar brindar consuelo al sufrimiento que viven nuestras hermanas y hermanos migrantes.
En resumen, siendo solidarios y cumpliendo con nuestras responsabilidades legales, morales y políticas de acuerdo a nuestras competencias, es la forma en que podremos enfrentar esta situación.
Elena Hernández, Servicio Jesuita a Migrantes
Son interesantes dos cosas: la primera es que la comunidad de Ciudad Juárez puede responder en cuestión de darles hospedaje, comida, médico, ropa, ponerles hotel, maquilas, albergues, en cuestión de lo humanitario, pero hay que reconocer que esta decisión que tomaron México y EU es una decisión política, migratoria y hay que reconocer que los únicos que tienen la facultad para esas decisiones políticas es el Gobierno Federal. ¿La Iglesia tiene abogados para ayudar a los venezolanos?, ¿Los albergues de Ciudad Juárez tienen abogados americanos, mexicanos que conozcan las leyes estadounidenses¿, ¿Hay gente que tenga capacidad de entrar en ese marco jurídico? Si no, es en vano la primera parte; porque, seamos claros: los migrantes venezolanos no quieren quedarse en México, en la experiencia de la Casa del Migrante, llegan familias, se bañan, se cambian y se van al puente; ellos quieren ir a Estados Unidos. Ayer estuve viendo en la televisión, con el representante de la gobernadora, el alcalde, que van a abrir albergue, pero cuando les preguntan los medios a los venezolanos, todos dicen ‘queremos pedir al presidente Biden que nos deje pasar, tenemos familia, queremos trabajar, queremos superarnos, somos personas de bien, queremos trabajar y echarle ganas; y en esa cuestión, Juárez y la Iglesia tienen la capacidad jurídica para poder enfrentar eso. Lo humanitario es el 10 por ciento, lo jurídico es el 90 por ciento. ¿Qué respuesta ha dado el delegado federal de migración?, ¿Gobernación, Ebrard, el presidente? Lo más fuerte y fundamental en cuestión de los venezolanos va a ser lo jurídico, y lo demás es lo que está haciendo gracias a toda la gente bella de Ciudad Juárez, dándole respuesta a este reto con los venezolanos, pero falta lo jurídico que no se ha tomado en cuenta y por ello va a ser muy difícil.
Pbro. Javier Calvillo/ Director de la Casa del Migrante
Tal como ha venido sucediendo durante los últimos años con migrantes originarios de Cuba, Haití, Ucrania, Nicaragua, Guatemala, entre otros más, los Estados Unidos han propiciado –una vez más- el descontrol migratorio en algunas ciudades fronterizas mexicanas, como lo es ahora en Ciudad Juárez, al otorgar un estatus de protección temporal a venezolanos que ya estaban en ese país, lo cual motivó a que miles de ellos buscaran llegar a territorio estadounidense pasando, obviamente, por México.
Para darnos una idea del problema, tan sólo de octubre de 2021 a agosto de 2022 más de 150 mil venezolanos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México (tres veces más que el año inmediato anterior) y una tercera parte de esos arrestos fueron en el sector El Paso-Ciudad Juárez.
Considero que las autoridades locales de los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil y religiosas cuentan ya con la experiencia suficiente para enfrentar y atender la situación actual, obtenida de la pasada contingencia migratoria de 2019.
Sin embargo las autoridades locales no deben de cargar con toda la responsabilidad de atender esta nueva contingencia, ya que el tema migratorio es de jurisdicción totalmente federal y es precisamente este orden gubernamental quien signó el acuerdo con Estados Unidos en este nuevo plan de expulsión inmediata a México -Cd. Juárez- de venezolanos que pasen la frontera norteamericana vía terrestre.
Y otra vez, como ha venido pasando desde 2019 con problemáticas migratorias similares, Ciudad Juárez y su población darán la cara y sus recursos por algo que le compete a la federación enfrentar, atender y resolver, por algo que el mismo gobierno federal ha propiciado al hacerle –de nuevo- el trabajo sucio a Estados Unidos, que no puede deportar a los venezolanos a su país.
Es indudable que las autoridades y organismos locales con sus recursos (muchos o limitados) y con sus capacidades rebasadas seguirán brindando atención humanitaria a los migrantes de cualquier nacionalidad y hoy, los hermanos venezolanos, no serán la excepción a esta tradición. Pero sin dejar de exigirle a la federación que asuma su papel rector y su responsabilidad administrativa en esta nueva crisis migratoria fronteriza.
Tal vez el gobierno local pudiera hacer algo similar a lo que algunos gobernadores de la unión americana hicieron en su país, trasladar a los migrantes venezolanos al Zócalo de la Ciudad de México para que los atiendan allá, creo que eso resultaría más económico.
Jesús Alfredo Rodríguez Castro/ Colegio de la Frontera Norte
