Presencia
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó este mes de agosto que el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza disminuyó entre 2020 y 2022.
El reporte indica que hay 10 por ciento menos pobreza en comparación con administraciones anteriores. Y por otra parte el reporte señala que aumentó el porcentaje de quienes enfrentan carencias sociales, en particular la de acceso a servicios de salud.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su acostumbrada Conferencia de prensa: «Hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro País, este es un gran logro, creo que ese es el objetivo principal de cualquier Gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo, y por eso estoy muy contento».
Por eso la pregunta de esta semana es:
La Coneval reportó una disminución en el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza ¿Considera que es palpable esta situación y por qué?
El 10 de agosto el CONEVAL publicó las estimaciones de pobreza multidimensional del 2022. Este dato, presentado de forma optimista durante la conferencia matutina de la presidencia, ha causado revuelo en las redes sociales debido a que de 2018 a 2022, este indicador bajó de 51.9 a 46.8 millones de personas, lo que nos da un total de 5.1 millones de personas que lograron salir de la pobreza. Sin embargo, aunque solo este dato se presentó durante la conferencia, no es el único indicador que presenta el informe.
Además de este indicador se muestra un aumento de las personas en situación de pobreza extrema así como un aumento de 7.1 millones de personas que presentan al menos tres carencias sociales. De las carencias sociales presentadas resalta un aumento de 30.3 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud.
Es muy importante analizar las causas de estos datos para saber si realmente estamos mejor, un aumento en ingreso podría deberse al aumento de remesas además de las políticas asistencialistas donde se pierde el sentido subsidiario que podrían jugar un papel importante. El indicador de servicios de salud podría indicar un aumento del empleo informal que tiene como consecuencia largas jornadas de trabajo, salarios más bajos y en general malas condiciones laborales.
Por otra parte en el numeral 164 del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia se define el bien común como : “El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. Por consiguiente debemos reflexionar si las condiciones actuales en el país, nuestro Estado y nuestra ciudad, contribuyen a este desarrollo de las personas.
Hay muchos otros ámbitos que contribuyen al desarrollo de las personas, a mayor desempleo también menores oportunidades para todos, especialmente para los más necesitados. La falta de libros de texto dignos también es una grave falta al principio del Bien Común, ya que estos limitan la formación de los estudiantes que al integrarse a la vida laboral tendrán menos oportunidades.
Más allá de una presentación de resultados por parte del gobierno federal, falta mucho por hacer en cuestiones sociales, urbanas, culturales, educativas, en fin todo lo que necesitamos para construir una mejor sociedad. Concentrémonos en lo que falta para poder construir mejores condiciones para todos y que Dios nos ayude y nos dé luz para distinguir cuando logremos de verdad contribuir a la Civilización del Amor.
Arq. Luis Felipe Pérez/ Grupo Caridad y Verdad
CONEVAL hace su evaluación desde el enfoque de la pobreza multidimensional, la cual se clasifica en moderada o extrema. La pobreza multidimensional considera los indicadores de ingreso, acceso a la educación, acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos y acceso a la alimentación.
Si una persona tiene un ingreso que da acceso a la canasta básica y además carece de uno de los indicadores, es considerado en situación de pobreza moderada. En ese sentido, se encontró que la pobreza en 2022 era el 36.3% de la población, equivalente a 46.8 millones de personas, 8.85 millones menos que en 2020 y 5.09 menos que en 2018.
Por otra parte, para ser considerado una persona en pobreza extrema el ingreso no permite el acceso alimentario, además de no contar con acceso a tres de los indicadores (educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos y acceso a la alimentación).
Es aquí donde la encuesta de CONEVAL menciona que en 2022 había 9.1 millones de personas, en 2020 10.79 millones de personas, pero en 2018, 8.7 millones de personas. Es decir, la pobreza extrema bajó en 2022 en comparación que, en 2020, pero subió en comparación con el número de personas en pobreza extrema que teníamos en 2018.
Hay indicadores en los que hay un retroceso considerable y eso es grave. Por ejemplo, en el acceso al sector salud, en 2018 alrededor de 20 millones de personas referían no tener acceso, en 2020 35.3 millones de personas, y en 2022 hay más de 50 millones de personas. ¡Preocupante el incremento! Es un problema real.
Otro indicador, el acceso a la educación. En 2018, 23.6 millones de personas refieren no tener acceso a la educación. En 2020, 24.4 millones de personas. Y en 2022 25.1 millones de personas. ¡Claro y evidente también!
Si consideramos que el acceso a la salud y la educación son indicadores clave para reducir las brechas de desigualdad social, considero que es más que evidente que, con los mismos datos, se observa otro panorama nada alentador, y que no necesariamente son primero los pobres, como se dice en el discurso.
Mtra. Yadira Lozano/ Politóloga
Uno de los tipos de pobreza, que es la laboral se redujo 1 %, pero no fue por el gobierno , sino por el aumento del ingreso financiero gracias a los aumentos de salarios que dieron las empresas. La pobreza extrema se ha incrementado al igual que los otros niveles de pobreza,, ya que se le quitó a la poblacion los apoyos de los programas sociales, iniciando por la oportunidad de hacerse de una casa, se quitó el programa de salud Seguro Popular, el programa de guarderías, el desabasto de medicinas en el IMSS es devastador, los programas para discapacitados -que en Juárez hacienden a 7.0% de la población-.
La sociedad civil y muchas empresas han tenido que intervenir complementando con alimentos a los trabajadores, pagando médicos, pagando transporte, las personas se atienden con médicos particulares. El dinero que el gobierno de los impuestos que pagamos entrega selectivamente, no impacta ni alcanza para comprar una casa, o pagar emergencias médicas.
Carlos Marroquín Cortés/ Unión Social de Empresarios de México
En principio, hay que admitir que en México sí hay datos que apuntan a una efectiva disminución de la pobreza. Esto se logró gracias a que el gobierno federal ha estado repartiendo apoyos económicos en efectivo a población abierta, sustituyendo el financiamiento de la oferta, por el financiamiento de la demanda. Es decir que, en vez de destinar recursos a burocracias específicas, que representan la oferta, y que, para hacer llegar una despensa de trescientos pesos a una persona mayor, gastan miles de pesos, el efectivo se le entrega directamente a la persona necesitada pare que lo utilice como mejor le convenga.
El problema con esta política, si bien acertada en principio, es que tiene una finalidad clientelar puesto que se reparte sin tomar en cuenta la situación particular de sus destinatarios, es decir si verdaderamente lo requieren o no, con la intención de allegar apoyos electorales al partido oficial.
Además, esta política funciona hasta que las arcas del erario público aguantan, en razón de que no tienen elementos que les aseguren sostenibilidad en el tiempo. Históricamente, hemos presenciado que estas políticas se revierten en el tiempo y tienen un efecto de “rebote” como en las dietas milagrosas para bajar de peso.
Sería deseable que este principio -de financiar la demanda y no la oferta- se trasladara a otras áreas de nuestra vida social, como la educación pública o la salud, de tal forma que los padres de familia recibieran un monto para la educación de sus hijos y pudieran escoger la mejor escuela para ellos, sea pública o privada. Esto provocaría que las instituciones que tienen la oferta, escuelas públicas y privadas, compitieran entre sí para mejorar el servicio y atraer la demanda que tendría el poder de decidir. Igual situación podría suceder con la salud y otras áreas.
Lamentablemente, estas políticas no garantizan clientelas electorales para nadie. Por el contrario, garantizan libertad para las personas. Por eso, para algunos gobernantes cortos de miras es preferible tener clientelas electorales a pesar de “políticas sociales” insostenibles.
Rubén Trejo Ortega/ Abogado
