Gustavo Méndez Aguayo/Abogado y contador
La expresión latina salus animarum significa literalmente «la salvación de las almas» y constituye el principio fundamental que inspira todo el ordenamiento jurídico de la Iglesia. Más que una simple fórmula jurídica, representa la razón de ser del Derecho Canónico y el criterio último para interpretar, aplicar y desarrollar sus normas. La Iglesia no posee un sistema jurídico con el único propósito de regular la convivencia de sus miembros, sino para servir a la misión que Cristo le encomendó: conducir a los hombres a la salvación.
Este principio encuentra su formulación más conocida en el canon 1752 del Código de Derecho Canónico de 1983, que concluye con la expresión: «teniendo siempre presente la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia» (salus animarum suprema lex esto). Aunque esta frase aparece al final del Código, no constituye únicamente una norma aplicable al traslado de los párrocos —materia del canon—, sino que la doctrina y la jurisprudencia canónicas la consideran el criterio interpretativo de todo el ordenamiento jurídico eclesial.
El fundamento teológico del salus animarum se encuentra en la misión misma de Jesucristo, ya que Él afirmó que vino «a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10), y antes de ascender al cielo confió a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio y conducir a todos los pueblos hacia la Salvación; en consecuencia, todas las instituciones eclesiales, incluido su orden jurídico, deben estar orientadas a ese fin sobrenatural. (lo sobrenatural es aquello que trasciende el orden de la naturaleza creada y tiene su origen inmediato en Dios)
A diferencia de los ordenamientos civiles, cuyo objetivo principal es garantizar el bien común temporal, la justicia, el orden público y la protección de los derechos de los ciudadanos, el Derecho Canónico persigue un fin sobrenatural: favorecer la comunión eclesial y el crecimiento espiritual de los fieles. Esto no significa que ignore la justicia o la seguridad jurídica; por el contrario, las considera medios indispensables para alcanzar la misión salvífica de la Iglesia.
Desde esta perspectiva, el salus animarum influye en la interpretación de las leyes canónicas, por lo que cuando una norma admite diversas interpretaciones legítimas, el intérprete debe preferir aquella que mejor promueva el bien espiritual de las personas, sin menoscabar la verdad, la justicia ni los derechos de los demás fieles. De igual manera, quienes ejercen la potestad de gobierno en la Iglesia —el Romano Pontífice, los obispos, los párrocos o vicarios, formadores y sacerdotes en general, los jueces eclesiásticos— deben recordar que toda decisión jurídica tiene también una dimensión pastoral.
En el ámbito judicial, este principio adquiere una importancia especial, ya que el juez eclesiástico no actúa únicamente como un técnico del derecho, sino como un ministro de justicia al servicio de la verdad y de la comunión eclesial, por ello, sus sentencias deben buscar no solo resolver correctamente un conflicto conforme a la ley, sino también favorecer la reconciliación, proteger los derechos de los fieles y contribuir al bien espiritual de las personas implicadas, ya que la justicia canónica, en consecuencia, posee un profundo sentido pastoral.
El salus animarum también inspira la actividad administrativa de la Iglesia, esto es que, las decisiones de los obispos, párrocos y demás autoridades eclesiásticas deben orientarse al bien de los fieles, evitando un formalismo excesivo o una aplicación rígida de las normas que pueda apartar a las personas de la vida sacramental y de la comunión eclesial; no obstante, ello no significa que la ley pueda ignorarse arbitrariamente; la auténtica caridad pastoral exige actuar siempre dentro del marco de la justicia y del derecho.
El salus animarum expresa la identidad propia del Derecho Canónico: un derecho al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, por lo que todas sus instituciones, procedimientos y normas encuentran su sentido último en ayudar a que los fieles alcancen la comunión con Dios.
Y no es que yo sea un aguafiestas, pero contrario a la legislación civil, el derecho canónico no es un principio accesorio, sino la ley suprema que orienta toda la actividad jurídica de la Iglesia y el criterio que permite armonizar la justicia, la verdad y la caridad pastoral.
