Sergio Madero Villanueva/Abogado
Parte 2
El 24 de noviembre de 2004, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Ciudad de México; tres personas fueron señaladas por la comunidad como “robachicos”, los detuvieron, golpearon y finalmente rociaron con gasolina y prendieron fuego, ocasionando la muerte de dos y muy graves heridas al tercero. Luego se informó que esas tres personas eran en realidad agentes de policía que realizaban una investigación para evitar la venta de drogas en centros escolares.
¿La ejecución de estas personas respondió a la voluntad popular? ¿Representaba el sentir de la comunidad? ¿Fue justa?
En mi clase de teoría del derecho el maestro Licón explicaba que ante la fuerza bruta que rige en la naturaleza y gobernó las primeras etapas del desarrollo de la sociedad, las comunidades se organizaron y se dieron el derecho, un conjunto de reglas que limitan el ejercicio de la fuerza (hoy podemos decir “poder”) para hacer posible la convivencia. Desde la promulgación del código de Hammurabi, hace cerca de cuatro mil años, el derecho ha evolucionado y en muchos aspectos logra respetar la dignidad de las personas.
Uno de los argumentos que da el presidente para justificar su propuesta es que en ocasiones los jueces liberan presuntos delincuentes porque la investigación de la fiscalía no cumple con los requisitos que exige la ley. Supone que un juez electo por el pueblo responderá más al sentir de éste en vez de preocuparse porque se colmen los principios legales.
Desde luego, lo ocurrido en Tláhuac fue extrajudicial y es un extremo (lamentablemente muy repetido), pero ilustra los riesgos de impartir justicia en base al clamor popular.
Pero si los jueces deben ganarse el apoyo popular para legitimar su actuar, imaginemos cuales serían algunas de sus propuestas de campaña: “Absolveré a todos los que deban rentas atrasadas”, “condenaré a los bancos a devolver a sus clientes el dinero cobrado por los exagerados intereses en las tarjetas de crédito”, “dictaré medidas cautelares para que nadie sea desalojado de su casa, aunque no pague la hipoteca”.
Otro aspecto por considerar es la intervención de los grupos del crimen organizado. Según la ACLED (organización internacional independiente que recopila información sobre eventos y conflictos armados) este año los cárteles de la droga tuvieron influencia en los procesos electorales de al menos ocho estados, entre ellos Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.
En un vasto ensayo publicado en Nexos en septiembre de 2022, Héctor de Mauleón documentó la participación de esos grupos en el proceso de 2021. Es un hecho, los malos influyen en las elecciones, sobre todo a nivel local. Esto es relevante, porque en el nuevo esquema los jueces permanecerán en mismo lugar todo su período, así el grupo que controla una zona verá su inversión redituarle un buen plazo.
Otro argumento que se ha dado para reformar el poder judicial es la austeridad, para variar. Ahora sabemos que el costo de la primera elección implicará gastar algo así como tres mil quinientos millones de pesos, más de la quinta parte de todo lo acumulado en los fideicomisos del propio poder judicial en lo que va del siglo. Pero de eso y más platicamos la próxima ocasión en que nos encontremos hablando de…
