Presencia
El desmantelamiento de un laboratorio de droga sintética en la Sierra de Chihuahua hace unas semanas, y la muerte de dos agentes de la CIA (Estados Unidos) en territorio chihuahuense, luego de ese golpe al crimen organizado, ha generado una gran polémica a nivel nacional con muchas aristas.
Por ello presentamos esta semana la siguiente pregunta, no sin antes mencionar que este episodio también dejó cuatro vidas perdidas, por quienes es merecido ofrecer respeto, condolencias y oraciones, igual que para sus familias:
Pedro Román Oseguera Cervantes, Manuel Genaro Méndez Montes, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Descansen en paz.
¿Cómo debemos interpretar el suceso en Chihuahua en que salió a relucir la intervención de la CIA en el tema de combate a las drogas? ¿Y qué opina de las reacciones por este caso?
Carlos Marroquín/Caridad y Verdad
La destrucción del narco laboratorio en Chihuahua fue un golpe verdadero contra una estructura criminal de gran escala. En un país acostumbrado a operativos que producen más estridencia que resultados, este caso sí dejó un hecho concreto: la desarticulación de una capacidad relevante para la elaboración de droga sintética. Sería mezquino negarlo. La ciudadanía, cansada de la violencia y de la impunidad, tenía razones para sentir alivio.
Pero el problema de México casi nunca está sólo en sus fracasos; con frecuencia está también en su incapacidad para administrar sus aciertos. Lo que pudo presentarse como una acción eficaz del Estado quedó envuelto en sospechas, contradicciones y silencios. La revelación de que agentes estadounidenses vinculados a la CIA estuvieron en el contexto de la operación, y murieron después de ella, transformó un éxito táctico en un conflicto político de primer orden.
Ahí apareció, otra vez, la enfermedad más persistente del poder mexicano: la opacidad. No bastó con destruir el laboratorio; había que explicar con limpieza quién participó, bajo qué autorización, con qué límites y con qué responsabilidad institucional. Eso no ocurrió. Y cuando el Estado no informa, la sospecha ocupa su lugar; cuando no aclara, la desconfianza se vuelve el verdadero comunicado oficial.
La renuncia del fiscal fue la aceptación más contundente de que el asunto había rebasado el margen de control. No cayó por falta de resultados, sino por omisiones, inconsistencias y una gestión deficiente de la información pública e institucional en un caso extraordinariamente delicado. Esa diferencia es esencial: no se desplomó por ineficacia operativa, sino por insuficiencia política. Y eso, en términos de Estado, quizá sea todavía más grave.
La ausencia de la gobernadora ante el Senado terminó por consolidar la percepción de repliegue, aunque coincidimos que fue la decisión acertada para bajar el tono político- partidista. La mandataria estatal declinó asistir a la reunión de trabajo y justificó su decisión en la necesidad de no comprometer investigaciones en curso ni divulgar información reservada. Jurídicamente puede ser una defensa entendible.
Tampoco el gobierno federal puede pretender colocarse por encima del problema. Desde la Presidencia se insistió en que una situación así no debe repetirse y en que la actuación de agentes extranjeros requiere autorización expresa del Estado mexicano. La postura es correcta en el papel, pero tropieza con la realidad: México y Estados Unidos mantienen y refuerzan mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y el lavado de dinero. La contradicción no está en cooperar; está en condenar públicamente aquello que después se tolera, se administra o se niega entre sombras.
El episodio, además, no puede verse como una rareza histórica. Ya en otros expedientes ligados a objetivos prioritarios del narcotráfico habían salido a relucir episodios de colaboración o intervención estadounidense en Chihuahua, al menos en tres ocasiones según reportes periodísticos. Por eso no suena exagerado recordar que esta zona gris entre cooperación e injerencia ya había asomado en asuntos asociados a figuras como El Mencho y, más recientemente, a quien ha sido mencionado públicamente como su presunto sustituto. Lo nuevo no es el fenómeno; lo nuevo es la crudeza con la que volvió a exhibirse.
A esa opacidad del Ejecutivo se suma un país que ha debilitado sus contrapesos. Cuando se erosionan los árbitros (sistema judicial cuestionado), cada crisis de seguridad se vuelve más oscura.
Y, sin embargo, la reacción social no es incoherente; es humana. Se puede celebrar la destrucción del laboratorio y al mismo tiempo sentir inquietud por el método. Se puede agradecer que alguien le haya pegado al crimen organizado y, a la vez, incomodarse al descubrir que ese golpe quedó rodeado de versiones cruzadas, deslindes y reservas. Se puede honrar a quienes murieron, aunque haya sido en un accidente, y exigir que su sacrificio no quede reducido a una nota al pie en medio del escándalo.
Eso es, al final, lo que deja Chihuahua: una lección amarga. Sí, hubo eficacia. Pero la eficacia sin claridad termina siendo una victoria incompleta, casi avergonzada. Cuando el Estado golpea al crimen, pero no puede explicar con limpieza cómo lo hizo, quién intervino y bajo qué reglas actuó, entonces no sólo queda herido el narcotráfico: queda herida también la credibilidad pública.
Y un país puede sobrevivir a muchos criminales. A lo que difícilmente sobrevive, sin pagar un precio alto, es a la costumbre de gobernar entre sombras.
Dra. Yadira Lozano/Politóloga
Reconociendo la gravedad del narcotráfico en todo el país, no solo en el Estado de Chihuahua, hay que mencionar que “el fin no justifica los medios”; por lo tanto, no se justifica el actuar al margen de la verdad y la legalidad.
He de condenar el acto de la presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas y que esto no obedece a un “malentendido”; sino que, es un agravio a la soberanía nacional y de las instituciones, dado que, existen marcos de colaboraciones en esta materia.
Tengamos como principio presente que la paz no se construye con acciones opacas y poco transparentes, o bajo violaciones a la ley positiva. Al contrario, lo que se ha demandado al gobierno desde diferentes espacios es el fortalecimiento del Estado de Derecho, el combate real a la corrupción y acciones eficientes que reduzcan los riesgos de violencia como lo es la desigualdad, la exclusión y al abandono a los jóvenes.
La exigencia de la presidenta de México y del Senado, son acciones obligadas, que desde la práctica en que se realizan, se convierten un actuar reactivo generando solo desencuentros partidistas. Por lo tanto, nada de transformaciones sustanciales.
El llamado es a algo más, como articular la Iglesia, sociedad civil y autoridades para apostar por la prevención, reinserción y acompañamiento, rechazando la injerencia externa y demandando proceder en un combate real contra la corrupción en todos los órdenes de gobierno.
Oscar Kuri Armendáriz/Coalición empresarial de Ciudad Juárez
Un evento donde pierden la vida personas (cuatro, en este caso), siempre será un evento lamentable, independientemente de la nacionalidad de las personas.
El trabajo de cualquier agencia de seguridad, es buscar el orden y el cumplimiento de la ley.
Se habla de un gran decomiso en laboratorios donde se tenía una gran capacidad de producir drogas, pero aquí la pregunta es si el fin justifica los medios.
Es donde entra la relatividad, se cree que tal cantidad de droga pudiera ser la causante de muchas muertes y del envenenamiento de muchas personas, principalmente jóvenes.
Todos en Juárez supimos de operativos donde agencias federales de México y EEUU, participaban en operativos conjuntos para detención de personas vinculadas al crimen organizado. Basta ver los periódicos y fotografías de esa época 2008-2011.
En fechas recientes esos operativos se siguen dando.
En una operación llamada “Paisano” fueron detenidos varios personajes asociados al crimen organizado entre ellos Ovidio Guzmán, líder de “Los chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Esta información fue confirmada en una carta por Patrick Lechleitner, director adjunto de control de inmigración y aduanas (CBP). Dichas detenciones fueron realizadas el 5 de enero 2023 , en operaciones conjuntas.
En evento más reciente, agencias de Estados Unidos, incluyendo inteligencia de la DEA y una fuerza de tarea conjunta, intervinieron en la operación que resultó en la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.
Aunque la ejecución física fue realizada por el Ejército Mexicano, la colaboración incluyó inteligencia estratégica, uso de drones y seguimiento de redes, según las investigaciones reportadas por la Asociación de Medios de México, que señalaron que unidades estadounidenses, incluyendo posible personal relacionado con la CIA, utilizaron inteligencia y drones para ubicar el objetivo.
Hoy gran parte del problema se da porque influyen otros factores como el político, y seguramente aspectos legales. Se tendrá que esperar a que concluya la investigación del evento.
Sobre los fallecidos no sabemos si los venían siguiendo, ya que esa curva se tomó a exceso de velocidad, y como consecuencia se perdió el control del volante, se derrapó, y fue hasta el fondo de una barranca.
Hay que poner en la balanza si vale la pena poner en riesgo la colaboración de agencias que históricamente han trabajado juntas en temas de seguridad, por un tema político.
Siembre se debe buscar el bien común; muchas veces por la urgencia de los temas, tal vez no da tiempo para temas de protocolos.
