Dra. Velia Collazo/ Abogada derechohumanista
Hablando de Derechos Humanos y crisis violentas en el mundo, nos encontramos con la grave situación que viven los hermanos nicaragüenses; por ejemplo, en el transcurso del presente año se canceló la personería (facultad) jurídica de al menos 45 ONGs, además dichas organizaciones cuya personería había cancelado la Asamblea Nacional a partir de 2018, no fueron restablecidas ni recuperaron los bienes que se les habían confiscado.
Por otro lado, las personas que defienden los derechos humanos son criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, y algunas permanecen recluidas; aunado a que las defensoras de los derechos humanos sufren acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas.
Cabe mencionar que el Consejo de Derechos Humanos y su titular Michelle Bachelet, , se dieron cuenta sobre la situación en el país centroamericano: de los de despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales a las reuniones pacíficas de los críticos del Gobierno.
Y dentro de estas arbitrariedades, se da el destierro del Obispo Rolando Álvarez, quien ha sido una voz preponderante en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando la ola de protestas contra el gobierno de Ortega se desató.
Para el mundo entero es sabido que, en los primeros días de agosto, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó el cierre de siete radiodifusoras de la Iglesia católica; así mismo, ordenó abrir una investigación contra el obispo Álvarez, por presunta organización de grupos violentos a los que habría incitado, “a ejecutar actos de odio contra la población”.
Por esta razón, la Policía Nicaragüense le impuso el viernes 19 de agosto el arresto domiciliario al obispo de Matagalpa y envió a una prisión policial (por 90 días) a varios de sus colaboradores tras acusarlos de incitar al odio y organizar grupos violentos, aunque dichos delitos no tienen fundamento legal.
Con esta arbitrariedad nos encontramos ante la violación de Derechos Humanos al obispo Álvarez
El primero: derecho a la honra y reputación, que se vulneró al momento que se calumnió a los religiosos, imputándole acciones delictivas, para que la población creyera que eran delincuentes, que no eran sacerdotes. La Constitución Nicaragüense en su artículo 26 referido a los derechos de los ciudadanos, en el punto dos señala que todos tienen derecho “al respeto de su honra y reputación”.
El segundo: libertad de conciencia y religión. Fue violentado al perseguirlos, con el acoso, no permitirles salir de la Curia para celebrar las misas.
El tercero: la libertad de expresión. Este derecho lo violan a todos, tanto a los religiosos detenidos y los fieles católicos, porque no los dejan predicar; en este sentido, también infringen el derecho a ser informado por el cierre de los medios tanto televisivos como radiales de corte católico.
Cuarto derecho violado: el derecho a la presunción de inocencia, puesto que a la fecha se desconoce si hay un juicio abierto contra monseñor Álvarez y los otros detenidos.
Quinto: derecho a la libertad individual. Es el derecho de una persona a movilizarse dentro del país y los religiosos y laicos fueron “secuestrados” desde el pasado 4 de agosto, cuando fueron encerrados en la Curia Episcopal de Matagalpa.
Sexto y muy importante: derecho a la integridad física, psíquica y moral. Al someterlos por más de 15 días a un encierro forzado, fueron emocionalmente agredidos, con una serie de prohibiciones.
Por su parte el artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y si analizamos esta detención arbitraria a los nicaragüenses y los religiosos en particular, se les está violando este derecho humano.
El numeral octavo establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Y como hemos podido enterarnos a través de los medios de comunicación, al obispo Álvarez no se le abrió y siguió una investigación, sino que se le secuestró en su propio domicilio y posteriormente se le detuvo.
Así mismo, el artículo noveno menciona “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado”.
Nos preguntamos si Nicaragua es un estado firmante de Tratados Internacionales, ¿Qué sucede con todas las violaciones a los Derechos Humanos?, o acaso ¿El Obispo Álvarez no tiene derechos humanos?
