Dra. Velia Collazo/ Abogada derechohumanista
Hablando de seguridad nos podemos preguntar ¿existe? La inseguridad ciudadana es un problema que se ha incrementado en los últimos años y las últimas semanas se ha agravado fuertemente en nuestra ciudad; sobre todo afecta a la convivencia social, ya que la violencia atenta contra ésta y contra nosotros mismos.
La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales exponen a la población a numerosas violaciones de los derechos humanos, entre estas ejecuciones extra-judiciales, tortura y malos tratos, desapariciones, violencia contra la mujer y detención arbitraria en general.
Bajo esta premisa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señala que el Derecho Internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Los Estados se encuentran obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas.
Sin embargo, en nuestro México cada día observamos que las Autoridades Federales, Estatales o Municipales no han desarrollado ni se les ve la intención de implementar estrategias para contrarrestar la grave violencia que vivimos como sociedad.
Asimismo, la sociedad civil en nuestra ciudad necesita fortalecer su capacidad para reclamar a los gobiernos medidas adecuadas.
Vemos que ante la presencia de altos niveles de violencia se violan constantemente los Derechos Humanos de cada individuo; el primero y más importante es el derecho a la vida, el cual se encuentra regulado en el artículo primero de la Declaración Americana de Derechos Humanos: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y dentro de la Convención Americana en su Artículo 4 se señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Pero la realidad es que no tenemos libertad y mucho menos seguridad personal o social, pues en las últimas semanas pudimos constatar que diversas personas fueron privadas de la vida arbitrariamente, fuera buscando trabajo, realizando sus labores, ¿y las autoridades, y las medidas y estrategias de seguridad? Brillaron por su ausencia.
El derecho a la seguridad personal y social se encuentra también consagrado en otros instrumentos internacionales, como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Belém do Pará.
Como se puede constatar, existen organismos y tratados internacionales que protegen el Derecho a la vida, la seguridad personal y ciudadana, y México es parte de muchos de estos tratados, los cuales ha ratificado; sin embargo, siguen existiendo todo tipo de violaciones. Y es entonces cuando vemos que no se trata de ratificar por ratificar, sino de hacer efectivos todos los Tratados Internacionales.
Vemos a una sociedad vulnerada que siente la ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a este tipo de riesgo, lo cual genera en la población un sentimiento de frustración y desprotección, lo que, a su vez, favorece la aparición de iniciativas que promueven la violencia privada, afectándose seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.
