Felipe Monroy/ Periodista católico
Esta semana, los ministros de la Corte volvieron a poner a discusión el controversial asunto sobre la presencia de los Nacimientos Navideños en el espacio público. Como sucedió a finales del 2022, el tema viene de una denuncia interpuesta por un particular contra un ayuntamiento por permitir y participar de la colocación de la tradicional representación navideña.
Sin embargo, en esta ocasión, los propios pobladores de la localidad han solicitado a los ministros que tomen en cuenta a la propia comunidad respecto a esta expresión cultural que les ha sido heredada por sus abuelos y ancestros puesto que, si su fallo resulta favorable al quejoso, estarían atentando contra las tradiciones y los valores culturales de todo un pueblo. Tradiciones que, además, no afectan a ninguna persona ni limitan el ejercicio de ninguno de sus plenos derechos.
El tema, como ya se ve, resulta sumamente importante porque no se trata simplemente de analizar márgenes de rigor legalista sobre qué es lo que tienen permitido hacer los ayuntamientos o la administración pública respecto a las fiestas populares o tradiciones de origen religioso sino porque existe el riesgo de que, a través de mecanismos jurídicos, se impongan principios, valores y conceptos culturales sobre los pueblos, sobre su diversidad y derecho a las expresiones culturales.
En el fondo, existe una comprensible preocupación ante la posible imposición de una cultura de integrismo laicista sobre las dinámicas culturales y tradicionales de los pueblos; un tipo de imposición que ya se ha denunciado en otras partes del mundo como actos de neocolonialismo ideológico. Es decir, como nueva colonización que implanta, obliga, corrige y sanciona específicos valores morales a través de mecanismos de poder y mediante prácticas intimidatorias.
Ante todo, es preciso reconocer que gracias a un lento pero paulatino compromiso con la pluralidad, la tolerancia y la convivencia respetuosa, en México hoy convergen, coexisten y conviven muy diversos ambientes multiculturales que ya han tomado carta de ciudadanía y que no sólo gozan de la protección de las leyes nacionales sino que forman parte de la esencia irrestricta de la identidad social y la libre expresión de los pueblos humanos. Si dichas expresiones no agreden o limitan directa ni indirectamente a ningún derecho humano fundamental, resultaría pernicioso que, desde las cúpulas del poder se pretenda prohibir a la sociedad expresar su identidad, su cultura y sus tradiciones, especialmente a aquellas que forman parte de su historia y su identidad ancestral.
La mera posibilidad de que, desde las densas formalidades del poder judicial, se juzgue desde reduccionismos e integrismos laicistas a la vida cultural de todo un pueblo no es más que una burda incursión legaloide sobre los complejos tejidos de las dinámicas antropológicas, socio religiosas y culturales de las familias, las comunidades y la población.
En otras regiones del orbe, especialmente en las naciones con antecedentes de imperialismos decimonónicos, crece la tentación de imponer a pueblos pluriculturales nuevas esclavitudes ideológicas o, a través de mecanismos jurídicos, favorecer cierta limpieza étnica, religiosa o cultural mediante rigorismos legales o la franca intimidación de aquellas comunidades a las que les cuestionan sus principios, valores, expresiones y manifestaciones culturales.
La prohibición de los nacimientos navideños en los espacios públicos (práctica cultural ancestral que en México al menos cuenta con medio milenio de tradición) abriría una puerta ciertamente peligrosa que permitiría una imposición elitista y moralizadora a través de mecanismos de poder en contra del pueblo; pues mediante una normativa política que busca reconocerse como una ‘normativa moral inapelable’ se pretende imponer como moralmente legítimo sólo aquello que se interpreta exclusivamente desde la ley y los procedimientos jurídicos, arrebatándole al pueblo (y a la democracia) tal derecho.
Por ello advertía antes que se trata de un asunto harto relevante pues, la determinación de los ministros podría definir las características de aquello que desde las élites del poder se considera como ‘bueno y positivo’ y aquello que consideran como ‘malo o adverso’ para la vida sociopolítica del país sin considerar la dimensión sociológica y antropológica del pueblo mismo. No por nada se ha acusado en el pasado de cierto ‘paternalismo’ de las instituciones de poder y especialmente del poder judicial que parecen querer proteger al ciudadano de toda influencia que no sea la que ellos mismos pretenden ejercer.
De este modo, la verdadera batalla detrás de este tema de los nacimientos navideños es por las dinámicas sociales en el espacio público; y esto no es exclusivo de la dimensión cultural o religiosa de la ciudadanía mexicana. La compleja paradoja en la que se encuentra el país es que esta batalla es esencialmente política: este nuevo poder es una especie de ‘judicialismo político’ que busca determinar la vida cotidiana, la participación social, la ética y moral pública.
Y frente a esto hay que coincidir –sin retórica fácil– con el ya clásico: México es mucho pueblo para tan corta mirada elitista.
