Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteraron la decisión de declarar inválido el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que regula la objeción de conciencia del personal de salud en México. Esto con la votación de la mayoría de los ministros de la Corte.
De acuerdo a lo informado en medios de comunicación, se decidió hacer un exhorto al Poder Legislativo para que se desarrolle una ley en torno a la objeción de conciencia y que esta no sea “un cheque en blanco con el que se nieguen los servicios de salud, particularmente el derecho del aborto”. Pero no se estableció un plazo para legislar al respecto, lo que ha dejado un hueco legal entre que se haga efectivo el cambio a la Ley General de Salud y la aprobación de nuevos lineamientos.
La disposición se dio luego de que la Suprema Corte emitió sentencias que despenalizaron la práctica del aborto en todo el país, a lo que algunas agrupaciones médicas reaccionaron afirmando que harían uso del derecho a la objeción de conciencia. Con la nueva decisión de la SCJN se buscaría restringir este derecho, para priorizar el aborto.
El texto final de la resolución de la Suprema Corte será trabajado aún en los días siguientes y revisado en una sesión privada con los once ministros que la conforman, por lo que sus alcances finales son todavía desconocidos. Por ello la pregunta de esta semana es
¿Qué opina de la eliminación del derecho a la Objeción de conciencia por parte de la SCJN y qué impacto social podría tener esta decisión?
Lamentable que en una cultura tan celosa de los derechos humanos, positivamente dicho, se haya llegado a ésta decisión que vulnera la integridad del ser humano en un aspecto fundamental de su identidad: la conciencia moral.
Cuando en un ordenamiento social que presume ser democrático se viola éste derecho fundamental, tan arduamente conquistado después de terribles experiencias históricas de destrucción del ser humano, lo menos que podemos decir es que dicha sociedad camina -o es empujada- hacia el totalitarismo.
En la conciencia de todo ser humano hay una ley interior grabada en su conciencia que le pide ‘hacer el bien y evitar el mal’. Éste principio habría de ser defendido por el estado, cuya finalidad es promover el bien común. Sin embargo cuando ésto no sucede, y las personas de buena voluntad no pueden oponerse ‘en conciencia’ a no participar de acciones inmorales, por ejemplo el aborto, sino qu están ‘obligados legalmente a hacerlo’ estamos ante un estado de derecho fundamentado en una contradicción de principio y por tanto desprovisto de la necesaria autoridad moral para su
mismo ejercicio.
Con esta decisión, la SCJN ha hecho retroceder a México a siglos de barbarie, que no imaginamos los daños sociales -y las injusticias- que vendrán como consecuencia.
Simplemente la persona se convierte en rehén del estado y sus políticas públicas, aunque su práctica vaya contra su conciencia moral.
Habrá entonces que volver a la máxima que pide obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos esperan tiempos de lucha, desde la opción cristiana.
Pbro. Benjamín Cadena/ Sacerdote teólogo moral
La eliminación del derecho de la objeción de conciencia tendría un efecto igual a coartar la libertad de expresión. Pues no sólo no podría la persona decir algo, sino no podría decir lo que piensa y menos actuar de acuerdo a ello. Aunque la Corte no lo ha eliminado, sólo le ha «pedido» al legislativo que se adecúe a la ideología de la ultraizquierda. La de Género. y está dispuesta a sacrificar a la ultraderecha.
Daniel Valles/ periodista
Quienes somos abogados vimos con tristeza cómo los señores ministros de la SCJN dejaron de lado las herramientas lógicas y racionales que nos da el Derecho para resolver problemas jurídicos.
En vez de hacer un ejercicio intelectual objetivo, racional y estricto, se concretaron a expresar conceptos propios de una ideología que conocemos como perspectiva de género y que ha sido impulsada por organismos internacionales en una estrategia de la cual ya nos ha advertido el Papa Francisco: la colonización cultural.
Las conclusiones de los señores ministros dejan más dudas que cuando empezaron la discusión del tema, puesto que, en una extralimitación de facultades, exhortan al poder legislativo federal a que regule la objeción de conciencia, es decir hasta que quede a modo de los deseos ideológicos de los señores ministros.
Esta pérdida de rumbo en la SCJN no es nueva. Desde hace años, la conformación de la SCJN ha sido desequilibrada a partir de que el Senado de la República ha venido nombrado ministros cada vez más ideologizados, en vez de juristas expertos en derecho constitucional. Las recientes resoluciones de la Corte en temas como la vida o la objeción de conciencia acreditan esta afirmación.
El tema de la objeción de conciencia en México no es nuevo. Hay antecedentes en Baja California en el ñao de 1993. En esa ocasión, una menor de edad quedó embarazada como consecuencia de una violación, confesada expresamente por el agresor. El ministerio público de aquella entidad ordenó, de acuerdo con el Código Penal de entonces, la práctica del aborto a los médicos del sistema de salud del estado. Todos se negaron a realizarlo. La naturaleza siguió su curso y nació una niña que hoy debe de tener unos 28 años.
No hubo consecuencias para los médicos, quienes hicieron un frente sólido frente a la amenaza de ser sancionados penalmente por negarse a ejecutar la orden del Ministerio Público.
Como esos médicos, a cada uno de los que estamos a favor de reconocer y proteger el Derecho a la Vida en todas sus etapas y hasta la muerte natural, nos llama el deber de dar la batalla cultural en cualquier frente en el que participemos.
Sólo de esta forma se podrá, con el tiempo, revertir estas medidas totalitarias en contra de la Vida, tal y como ha venido sucediendo, paulatinamente, en nuestro vecino país del norte donde la Corte Suprema ya ha encontrado un equilibrio con una ligera mayoría de ministros que reconocen y protegen el Derecho a la Vida de todas las personas.
Rubén Trejo Ortega/ Abogado
