Presencia
En los recientes días el presidente de EU Donald Trump consiguió acuerdos con sus homólogos de México y Canadá en torno al cobro de aranceles a productos importados de esos países, luego de cumplir una de sus promesas de campaña en este tema económico.
Otros temas en los que el presidente Trump busca incidir con su política, son alusivos a la guerra contra las drogas así como la seguridad, por ello presentó la iniciativa para que cárteles de la droga sean considerados organizaciones terroristas.
Ante ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la medida de Donald Trump de designar como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos y qué implicaciones tendría para la frontera?
Primero quisiera contextualizar tomando como base una línea del tiempo sobre la iniciativa de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, llamadas también TFO. La primera vez que se hace mención es en 2011, cuando el congreso de los Estados Unidos realizo la iniciativa en respuesta a los asesinatos ocurridos de ciudadanos americanos en territorio mexicano. Posteriormente en 2019, cuando toma por primera vez el mandato Donald Trump, consideró la iniciativa en respuesta al asesinato de los miembros de las familias Lebaron y Langford, también en territorio mexicano. Y actualmente en 2025 con el segundo mandato del presidente Donald Trump, donde firma en su primer día una orden ejecutiva designando formalmente a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Quizás el problema del crecimiento exponencial de la venta y consumo del fentanilo, así como el resultado de tantas muertes por el uso de esta droga sintética, puede significar una posible respuesta a la urgencia y gran interés de llevar a una aprobación de esta iniciativa.
Ahora bien, no basta con que se haya mencionado y firmado la iniciativa; se requiere también de la evaluación y aprobación del Secretario de Estado, el cual debe de seguir un procedimiento establecido por la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esto implica una serie de pasos clave. 1. La determinación de criterios, los cuales son que la organización debe de ser extranjera, que este involucrada en actividades terroristas o pretenda estar, y que las actividades amenacen la seguridad de sus ciudadanos o la seguridad nacional de los Estados Unidos. 2. Consultar con el Secretario del Tesoro y el Fiscal General, para evaluar las implicaciones financieras y legales. 3. Notificar al Congreso sobre la decisión de la designación. 4. Publicación en el Registro Federal para oficializar el momento en que entra en vigor.
En el caso de que se apruebe esta iniciativa no podríamos reducir nuestro pensamiento solo a que ingresen tropas militares a territorio mexicano para hacer frente a los cárteles en un combate cuerpo a cuerpo. Puesto que existe toda una estructura que hace funcionar de manera eficiente al crimen organizado. Involucrando a productores, distribuidores, políticos, empresarios, y demás actores que forman parte de la estructura financiera y operativa. Claramente la participación de estas estructuras homólogas que forman parte de los cárteles en otros países para la continuidad y expansión de sus operaciones, tendrían que ser tratados también como terroristas.
Considero que algunas de las implicaciones más importantes que tuviéramos en la frontera es mayor control migratorio, así como el incremento en los tiempos de cruce turístico y comercial, al igual que retrasos en las exportaciones de los productos mexicanos; debido al reforzamiento de las inspecciones en los puertos y cruces fronterizos. Un caso extremo podría ser el cierre temporal de puentes internacionales a causa de violencia extrema por parte de los cárteles a manera de represalia.
Otra implicación puede ser una escalada de la violencia en la frontera por los enfrentamientos entre los carteles, así como el incremento de algunos otros delitos como el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos y de casa habitación. Esto debido a que los cárteles sufrirían un importe recorte a sus ingresos económicos, pero mantendrían su infraestructura criminal para mantener sus fondos de operación mediante estos hechos delictivos.
Mario López/Más Humanista
Han transcurrido ya casi 18 años del inicio de la llamada “guerra contra el narco” (estrategia impulsada por el expresidente Felipe Calderón en contra de los carteles que controlaban -y controlan- gran parte de las actividades ilícitas en la “economía negra”) en nuestro país y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado.
Desde 2007, la muerte, la inseguridad y la impunidad, a la par de la percepción que tiene la ciudadanía sobre el tema, se han catapultado a niveles nunca registrados. Múltiples estrategias -federales y locales- han fracasado en un intento por neutralizar el poder de estas agrupaciones criminales y su impacto en el bienestar de la sociedad y la paz social.
En ese sentido, y por el entorno de inseguridad y violencia, asociados al narcotráfico y otras actividades ilegales en gran parte del territorio nacional, pero con mayor énfasis en la frontera con Estados Unidos y -se podría decir – ante el fracaso de las acciones emprendidas por autoridades mexicanas, principalmente, es que el presidente norteamericano Donald Trump, desde su primer mandato -2016-2020- ya había considerado tipificar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Algunos apuntes pueden ofrecernos las dimensiones y alcances de esta Orden Ejecutiva Presidencial.
Solamente para imaginarse el tamaño del problema: para 2023, en un estudio de Science, se estimó que “los cárteles de la droga” empleaban a entre 160 mil y 185 mil personas en México, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS) empleando a un 20 por ciento y un 10 por ciento de este universo, respectivamente. Conclusiones del mismo estudio afirman que inhibir el reclutamiento de nuevo integrantes de los cárteles es, quizás, la única manera de reducir la violencia en México.
A la par, para muchos medios informativos, políticos y funcionarios estadounidenses no les cabe duda de que parte del problema en el combate a estos grupos delictivos, es la asociación y complicidad de las mismas agencias de seguridad mexicanas dedicadas a combatirlos. Mientras tanto, durante los últimos seis años, su presencia y poder se han fortalecido más allá de los límites fronterizos.
Ahora, el simple hecho de denominar terroristas a los cárteles del narcotráfico no implica solamente su combate y posible eliminación, sino que va más allá de una promesa de campaña, al convertirse abiertamente en una política pública con alcances en diferentes áreas como la migración, el comercio y la seguridad nacional
Claro que los Estados Unidos pueden intervenir de cualquier manera -hasta su frontera sur- si ven algún riesgo que ponga en peligro la seguridad de su país. Pero por lo pronto sus herramientas para presionar (en este caso a México) es la imposición de aranceles más altos para las exportaciones, aplicación de medidas migratorias unilaterales como el Titulo 42 en el pasado reciente, expulsión de manera masiva de mexicanos indocumentados o con algún proceso penal vigente, revisiones exhaustivas (por demás lentas) en los cruces fronterizos y en vuelos internacionales procedentes de nuestro país, entre otras, que incluye la vigilancia militar terrestre y aérea.
Jesús Alfredo Rodríguez Castro/ Colegio de la Frontera Norte
Esta decisión implica un cambio de paradigma en la guerra contra las drogas y en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Otorga a Trump un poder sin precedentes para presionar a las autoridades mexicanas, generando preocupación en México por los riesgos a su soberanía y el impacto en áreas críticas de la relación bilateral, siendo una de ellas la frontera y nuestra vida binacional.
Desafortunadamente prevemos serias violaciones a los derechos humanos, aumento en la violencia en las comunidades del país, mayor militarización con los riesgos que esto conlleva para la vida civil, la tentación de elevar a rango constitucional la prohibición y con esto criminalizar a las personas usuarias y expuestas a los fármacos, riesgos a la seguridad humana tanto por las organizaciones como por las instituciones de seguridad.
-La designación permite al presidente Trump ejercer mayor presión sobre México en el combate al terrorismo, podría seguir utilizando los aranceles en este propósito.
– Existe preocupación de que esta designación abra la puerta a una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.
-Cambio en el discurso contra las drogas y la migración traerá presiones, revisiones y regulaciones que complicarán la vida ya de por si agitada de los fronterizos.
-Doble Militarización: de la frontera y otra contra el tráfico de drogas, con un papel más preponderante del Pentágono y de la Guardia Nacional tanto en la frontera mexicana como de Estados Unidos.
– Empresas que proporcionen «apoyo sustancial» a organizaciones terroristas, incluyendo servicios financieros, podrían enfrentar sanciones penales y civiles en Estados Unidos. Esto podría afectar a bancos e instituciones financieras mexicanas que operen con empresas vinculadas, y en las empresas en general, por lo que recomendamos planeación en “compliance” y dar seguimiento a las nuevas legislaciones que surjan al respecto, para integrarlas a la brevedad a la empresa.
Efecto en Estados Unidos: La designación tendría efecto permitiendo el congelamiento de cuentas, la cancelación de visas y procesos judiciales en el país para quienes apoyen a estas organizaciones.
Adicionalmente, la designación permite peligrosamente una mayor discrecionalidad de las agencias estadounidenses y reduce la carga de prueba para actuar, bajo el argumento de que la prevención es crucial. Esto podría resultar en detenciones arbitrarias bajo penas más severas.
Debemos los fronterizos tomar en serio esta nueva circunstancia y prevenir en la medida de lo posible las afectaciones a los derechos humanos y a nuestra forma de vida binacional. Dios nos dé la inteligencia y la sabiduría.
Carlos Marroquín/ Caridad y Verdad
