El pasado 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la minuta del Senado con las leyes reglamentarias de la Reforma al Poder Judicial.
Los diputados avalaron el polémico Artículo Décimo Tercero Transitorio, que permite al actual ministro Arturo Zaldívar mantenerse por dos años más en el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El artículo establece que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.
Esto ha generado polémica y una alerta en el ámbito social y político de México. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el país ante la decisión de prolongar el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación?
La democracia representativa es la forma de gobierno de nuestro país. Los Artículos 39, 40 y 41 de nuestra Constitución establecen la forma de gobierno, asimismo el Artículo 49 establece: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, …”
La anterior explicación es el preámbulo para referirme a la reforma relativa al Poder Judicial de la Federación. Dicha reforma es una de las más trascendentes para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura (órgano auxiliar de la Corte) ya que implicará cambios en la organización del Poder Judicial, así como en la forma en que se toman las decisiones ante los casos que llegan a ella.
En la reforma hay varias ambigüedades que con el tiempo podrán ser resueltas, el punto de la cuestion es que para aplicar las leyes secundarias, así como los reglamentos para su funcionamiento, el Poder Legislativo de la Nación, (en específico la bancada de MORENA) otorgó dos años más a la presidencia de la Corte
Efectivamente el Ministro Presidente Arturo Saldívar de la Rea y el Consejo de la Judicatura, se les otorgó extender sus cargos a fin de implementar las ahora reformas a la Constitución, y sus respectivas leyes secundarias, ya que fueron estos los que propusieron la reforma de la Corte. La controversia reside en que el presidente de la Alta Corte sólo puede estar por cuatro años y poder reelegirse una vez más en el puesto, por lo que resulta inconstitucional que se den dos años más violentado el Articulo 97 párrafo quinto.
El Ministro Presidente siempre ha sido defensor del derecho, pero últimamente se ha replegado al Poder Ejecutivo, faltando a la división de los poderes. Se supone que en un país con democracia representativa hay contrapesos, a fin de que la autoridad no exceda su poder. ¿Cómo podrá un Juez Constitucional como Arturo Zaldívar de la Rea solventar dicha violación a la misma Constitución?… Las paradojas de la justicia.
Diana Morales/ Abogada derechohumanista
De entrada debemos estar claros en que es notoria la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aprobado el pasado 23 de abril de 2021, que ordena la ampliación por dos años en el encargo del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues contraviene de manera evidente lo dispuesto por los Artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues resulta que no puede ser que una modificación normativa de nivel secundario contravenga preceptos expresos de nivel constitucional de manera injustificada y arbitraria.
Los riesgos e implicaciones de esta violación a los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho con la aprobación del artículo transitorio mencionado resultan gravísimas y alarmantes para el funcionamiento e independencia del Poder Judicial Federal y por consecuencia para el Estado de Derecho , ya que se violentan los límites temporales establecidos que tiene esta figura del Presidente de la SCJN para ejercer su poder, límites que funcionan en primer lugar para el equilibrio interno del Poder Judicial y segundo, también para el equilibrio externo en cuanto a los contrapesos que deben existir entre los poderes del Estado.
Ojalá que los Ministros de la Corte, en su carácter de guardianes del orden constitucional, en su momento, tengan a bien en declarar la inconstitucionalidad del artículo referido.
Ramón Lerma Corral/ Abogado
La visión liberal que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se precian de observar en su desempeño, se confronta directamente con la reforma a diversas leyes en materia de impartición de justicia que amplia el período para el que fue electo el actual presidente de la Suprema Corte, de 4 a 6 años.
Esta visión liberal que dicen ponderar los señores y señoras ministras del máximo tribunal tiene como una de sus principales premisas la limitación del poder público frente a los individuos, según los ideólogos de esta corriente de pensamiento del siglo XIX, quienes veían en el poder absoluto una fuente de injusticia y corrupción en detrimento del bien general.
La mayoría del partido MORENA en el Congreso de la Unión, mediante lo que se conoce como albazo legislativo, introdujo un artículo transitorio de último momento con la finalidad de ampliar el mandato del actual presidente de la Suprema Corte.
Este acto inusitado en la historia del país, revela una preocupante violación del partido gobernante a nivel federal a nuestra Constitución que expresamente prevé que los presidentes de la Suprema Corte durarán en su cargo cuatro años y no seis.
Sin embargo, lo que resulta más preocupante es la actitud tibia y cómoda que ha asumido el beneficiario directo de la reforma morenista, es decir el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ha guardado un incómodo silencio al respecto, limitándose a declarar que ese tema lo resolverán los ministros de la Corte en su momento.
Inquieta la actitud del presidente de la Suprema Corte que, por un lado, se declara un devoto liberal y , por otro, se deja querer y asume una postura «imparcial» en el asunto. Lo prudente, por parte del célebre personaje, sería asumir una postura categórica y solicitar a sus colegas ministros que, llegado el momento, declaren la evidente inconstitucionalidad de la reforma. Una postura así sería ponerse del lado de la constitucionalidad que ha jurado defender, así como ser, en los hechos, ese republicano austero y liberal que presume ser en cada discurso que tiene oportunidad de pronunciar.
Todo esta serie de acontecimientos, lamentablemente, ponen a nuestra Nación al borde de una crisis constitucional de consecuencias impredecibles para la vida política de la sociedad mexicana. Crisis que, por cierto, nuestro pais ya había dejado atrás desde la segunda mitad del siglo XX y el inicio de éste.
Quiera Dios que las señoras y señores ministros que integran la Suprema Corte honren su compromiso con la Justicia, al momento que tengan que decidir sobre este tema, y hagan valer la institucionalidad republicana que señala nuestra máxima ley del país y que juraron defender desde el cargo que ostentan como vigilantes y garantes de la Constitución.
Rubén Trejo Ortega/ Abogado
