Hace una semana, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera.
De acuerdo con el dictamen aprobado con 85 votos a favor y 42 en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contará con una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la injerencia extranjera. Legisladores de Morena defendieron la medida al asegurar que busca proteger la soberanía y la integridad de los procesos democráticos y atender casos en los que actores externos manipulen la deliberación pública, financien campañas paralelas, promuevan desinformación o alteren artificialmente las preferencias electorales.
Sin embargo, la oposición considera que la reforma constitucional puede aplicarse discrecionalmente. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la reforma para anular elecciones por intervención extranjera? ¿Realmente blindará los procesos democráticos de México frente a posibles injerencias?
Dra. Norma Yadira Lozano Fdez./ Politóloga
En estos últimos días hemos escuchado en los medios de comunicación sobre la Soberanía Nacional, y nos han vendido que está en peligro dada la intervención extranjera evidencia por los sucesos del narco laboratorio. Nos hacen ver que esto es un motivo para anular elecciones.
Se presenta como un escudo para nuestra soberanía, pero puede convertirse en un arma de doble filo. La defensa de la patria es un valor irrenunciable; sin embargo, la experiencia nos muestra que cuando la ley utiliza conceptos vagos, se abre la puerta al abuso.
La Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que el primer respeto debido a la persona es tomar en serio su participación política. Anular una elección con criterios ambiguos puede significar, en los hechos, anular la voz de millones de ciudadanos. La soberanía no se protege debilitando la certeza del voto, sino fortaleciendo instituciones imparciales, transparencia y educación cívica.
También es importante no confundir injerencia con legítima cooperación y observación internacional, que pueden ser un apoyo para procesos más limpios. Como comunidad creyente, estamos llamados a vigilar, participar y exigir reglas claras. Defender la democracia es hoy una forma concreta de amar a México y servir al bien común.
Mario Cepeda Lucero/Presidente COPARMEX Federación Chihuahua
Como quedó tan vagamente explicado lo que es intervención extranjera, más que blindaje opino que es más una justificación para poder anular una elección si no le es favorable al gobierno o al oficialismo.
Pudiera ser desde que un mensaje en la red de X, alguna declaración que haga alguna persona en el extranjero, o que ataque al gobierno actual ya con eso lo pudieran considerar como intervención, hasta mandar fuerzas armadas como está sucediendo o como sucedió en Venezuela.
En esencia yo me imagino que eso debe haber sido lo adecuado: haber analizado y explicado de manera puntual y objetiva a qué se referiría con una elección y era en esencia prevenir una invasión o algo por el estilo, pero de ahí en más, ahorita con las redes y con el internet y todos los mensajes que se pueden enviar del otro lado del mundo, pues cualquier justificación, de cualquier mensaje, de donde sea, puede servir de pretexto justificación para anular una elección.
Más que blindar creo yo que están previendo un escenario electoral adverso y por eso quieren cubrir y tener esta salida legal de un proceso, en caso que no les favoreciera
Carlos Marroquín/ Caridad y Verdad
En estas semanas, desde Palacio Nacional hasta las sobremesas familiares, todo mundo habla de “intervención extranjera”. La nueva reforma constitucional que permite anular elecciones por injerencia foránea y refuerza el discurso contra cualquier participación externa en asuntos internos ha colocado la palabra soberanía en el centro del debate público. Pero al escuchar el discurso “Soberanía o Narco-Estado. México”, de Cayetana Álvarez de Toledo, uno se pregunta si no estamos mirando al adversario equivocado.
La reforma al artículo 41 constitucional introduce como nueva causal de nulidad electoral la “intervención extranjera”, entendida como actos de individuos, organizaciones o gobiernos de otros países que busquen influir en las preferencias ciudadanas o en los resultados. Morena y sus aliados la presentan como un escudo frente a financiamiento externo, campañas de desinformación y ciberataques, mientras la oposición advierte que su redacción amplia podría convertirse en un arma para anular comicios incómodos al gobierno sin atender, al mismo tiempo, la injerencia del crimen organizado en las elecciones.
Desde Ciudad Juárez, esta discusión tiene un sabor distinto. Aquí, la “intervención” que más sentimos no viene de embajadas ni de laboratorios digitales extranjeros, sino de grupos armados que disputan colonias, rutas y negocios. Cayetana lo sintetiza con brutal claridad: quien amenaza la soberanía de los mexicanos no son Estados Unidos, ni España, ni la historia de Hernán Cortés. Son tres fuerzas internas: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia. Como empresario juarense, esa idea describe mejor mi realidad que muchas iniciativas de reforma muy bien redactadas.
El contraste entre la retórica oficial y el diagnóstico de Cayetana es frontal. Mientras el gobierno federal pide blindarse contra cualquier posibilidad de intervención extranjera —incluso en tareas de investigación y cooperación en materia de seguridad— y advierte que “el pueblo de México no consentirá intervención en la persecución de delitos sin autorización expresa del Estado”, la diputada española recuerda que no hay soberanía cuando la gente no puede salir a la calle a trabajar sin pedir permiso a un criminal o abrir un negocio sin miedo a una extorsión. En otras palabras: puedes cerrar la puerta a Washington o a Madrid, pero si tienes la puerta abierta al crimen organizado, ¿de qué soberanía estamos hablando?
Como trabajador y empresario local, mi lectura del dilema “soberanía o narco-Estado” es menos épica y más cotidiana. La soberanía no se decide solo en las cumbres diplomáticas; se decide en si un emprendedor puede decir “no” a una cuota, donde si un trabajador va segura o seguro sin miedo a su casa o al trabajo en si un juez se atreve a aplicar la ley con independencia, en si una autoridad municipal corrige omisiones urbanas que alimentan el desorden territorial. Se decide, también, en si los organismos empresariales son capaces de alzar la voz no solo cuando les tocan el bolsillo, sino cuando se vulneran derechos de cualquier juarense, de los clientes, de las familias que sostienen la ciudad.
No podemos normalizar que ir a trabajar, abrir un negocio sea un acto heroico. Tampoco podemos aceptar que la única respuesta sea blindarnos puertas adentro mientras afuera se descompone todo. Necesitamos un pacto claro: las autoridades, para garantizar seguridad, justicia y reglas parejas; la iniciativa privada, para invertir, generar empleos dignos y rechazar cualquier convivencia con la ilegalidad; la sociedad civil, para vigilar y exigir resultados. Esa es, en mi opinión, la única manera de convertir la soberanía de consigna en experiencia real.
Desde Juárez, veo dos futuros posibles. Uno, el del narco‑Estado silencioso, donde la violencia se administra, la economía se adapta y aprendemos a convivir con el miedo como si fuera parte del clima. Otro, el de una soberanía reconstruida desde abajo, donde recuperar la calle, la escuela, el juzgado y el parque industrial es tarea compartida. Como empresario, apuesto por el segundo. No porque sea fácil, sino porque es el único en el que tiene sentido seguir arriesgando capital, tiempo y vida en esta frontera que, a pesar de todo, sigue siendo tierra de oportunidades.
