Presencia
A finales del mes de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación en la que se menciona al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y ex servidores públicos, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo a medios internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación en un documento de 34 páginas, en la que detalla una supuesta red de corrupción que habría operado durante más de una década en Sinaloa.
Tras el anuncio, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo (01 de mayo), cuando ya se había anunciado una investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).
Todo ello ha generado una gran presión política y mediática en México, por las implicaciones que tiene. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué retos enfrenta México y qué debe hacer el gobierno federal por el bien del país, ante la solicitud del gobierno de EU sobre el gobernador de Sinaloa (con licencia) y otros funcionarios mexicanos?
Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/Abogado mediador
Ante los recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos respecto de funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa— nuestro país enfrenta uno de esos momentos que ponen a prueba la madurez de sus instituciones, la firmeza de su gobierno y, sobre todo, la dignidad de la nación.
México debe actuar conforme a su Constitución, no bajo presiones externas. Nuestra Carta Magna establece con claridad la soberanía nacional, la división de poderes, el debido proceso y la presunción de inocencia como derechos fundamentales. En un Estado democrático no puede existir sumisión ni sometimiento a intereses extranjeros; debe existir, sí, colaboración internacional, cooperación jurídica y coordinación bilateral para combatir la delincuencia transnacional, siempre dentro del marco del derecho.
No se trata de obedecer órdenes provenientes del exterior ni de entregar personas para satisfacer exigencias políticas o mediáticas. Se trata de investigar, procesar y sancionar —si existen pruebas suficientes— conforme a las leyes mexicanas. La justicia no puede construirse sobre presiones diplomáticas ni sobre juicios anticipados; debe descansar en evidencias, tribunales y sentencias.
Pero también es cierto que México no puede cerrar los ojos frente a la corrupción ni frente a la penetración criminal en estructuras públicas. Si existen funcionarios que hayan traicionado su deber, enriquecido sus bolsillos o entregado instituciones al crimen organizado, debe aplicarse la ley con firmeza ejemplar. Caiga quien caiga. Sin privilegios. Sin pactos de impunidad. Sin cálculos electorales.
Ahora bien, la responsabilidad no recae únicamente en México. El principal mercado consumidor de drogas ilegales se encuentra en Estados Unidos; desde allá fluyen miles de millones de dólares producto del lavado financiero, y desde allá también provienen armas que alimentan la violencia en nuestro territorio. La solución exige corresponsabilidad: cada nación debe limpiar su propia casa.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento histórico que exige inteligencia política, firmeza institucional y profundo amor por México. Debe sostener la cooperación con nuestros vecinos, pero jamás desde la subordinación. La relación debe ser entre iguales: con respeto mutuo, defensa de la soberanía y compromiso común con la paz.
La historia nos enseña que México ha sabido mantenerse de pie ante desafíos mayores. Como en la Batalla de Puebla, cuando una nación aparentemente más poderosa fue contenida por la convicción, la dignidad y el patriotismo del pueblo mexicano, hoy también estamos llamados a cerrar filas en torno a la legalidad, la justicia y la unidad nacional.
México no necesita doblarse; necesita fortalecerse. No necesita obedecer; necesita cooperar con dignidad. No necesita dividirse; necesita reencontrarse con sus valores más profundos: amor a la patria, honestidad pública y confianza en sus instituciones.
Somos una nación con raíces profundas, con identidad, con fe y con historia. Si actuamos con verdad, justicia y unidad, vendrán mejores tiempos para nuestra República.
México sigue de pie. Y seguirá de pie.
José Mario Sánchez Soledad
La reciente solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, coloca a México en una encrucijada que va más allá de la política partidista. Lo que está en juego no es la supervivencia de un grupo en el poder, sino la viabilidad institucional de nuestra nación frente a sus propios demonios y frente a la presión de un vecino que no conoce de diplomacias sutiles.
El discurso oficial ha invocado la soberanía para exigir «pruebas contundentes» antes de actuar. Si bien el debido proceso es un pilar democrático, la soberanía nacional no debe ser utilizada como un escudo de impunidad. La verdadera soberanía consiste en que el Estado mexicano sea el primero en investigar, procesar y castigar a sus funcionarios si existen indicios de criminalidad.
Depender de que la justicia llegue de Nueva York para limpiar nuestras casas es, en los hechos, una claudicación de nuestra independencia judicial. Un México con futuro exige una Fiscalía General de la República (FGR) que actúe por convicción interna y no por reacción externa.
Si el gobierno federal opta por el letargo o la protección política, los costos para México podrían ser devastadores y duraderos:
Aislamiento y Sanciones Económicas: Bajo la actual administración de Donald Trump, la reticencia a cooperar no se queda en protestas diplomáticas. El riesgo de aranceles punitivos o de que actúen bajo la designación de los cárteles como terroristas, es real. Esto paralizaría el comercio y ahuyentaría la inversión extranjera que el país tanto necesita para crecer.
Degradación del Estado de Derecho: Si los ciudadanos percibimos que el fuero o la cercanía al poder son salvoconductos, el tejido social terminará de romperse. La impunidad en las altas esferas es el combustible que alimenta la violencia en las calles de Culiacán y del resto del país.
Vulnerabilidad ante Intervenciones: Al no mostrar capacidad de autolimpieza, México le entrega a los sectores más radicales de EE. UU. la excusa perfecta para justificar operaciones unilaterales en nuestro suelo. La debilidad institucional es la puerta de entrada a la pérdida real de soberanía.
Inestabilidad en los Mercados: La incertidumbre política se traduce en un peso volátil. Una crisis diplomática por el caso Rocha Moya afectaría directamente el bolsillo de todos los mexicanos a través de la inflación y la fuga de capitales.
Un ciudadano que quiere el bien de México debe exigir que el gobierno federal transite por la vía de la transparencia radical. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de demostrar que su administración no es cómplice del pasado ni del presente de Sinaloa.
La solución no es entregar a ciegas, pero tampoco es cerrar filas en torno al sospechoso. La solución es abrir las carpetas de investigación en México, permitir que la sociedad civil vigile el proceso y demostrar que, en este país, la ley no es una sugerencia, sino un mandato.
El futuro de México no puede seguir siendo decidido en cortes extranjeras. Pero para recuperar ese control, primero se debe tener la valentía de enfrentar la propia verdad.
¿Queremos ser un país que defiende a sus funcionarios a toda costa, o un país que defiende a sus ciudadanos asegurando que nadie esté por encima de la ley? La respuesta será parte de lo que definirá los próximos 20 años de nuestra historia.
