La Cámara de Diputados aprobó una polémica reforma constitucional que desaparece siete organismos autónomos, que han garantizado en las últimas dos décadas el derecho a la información, han aportado datos sobre pobreza y educación y han prevenido la corrupción en diversos sectores, y cuyas funciones pasarán a otras dependencias federales.
La iniciativa generó preocupación entre especialistas, activistas y el sector empresarial que han advertido que la reforma debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.
Organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) son considerados esenciales para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y a exigir cuentas al gobierno.
Por ello, la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la desaparición de organismos autónomos en el país y qué desafíos implica esto para México?
El problema de la eliminación de los órganos autónomos establecidos en la propia Constitución constituye un golpe a la democracia y a las instituciones de la administración pública federal. Estos órganos representan la voluntad de una sociedad frente a los excesos que puede cometer el poder público en México.
Al referirnos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), su eliminación en primera instancia es un retroceso ya que el ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil pueden saber en qué se gastan, cómo se gastan y quiénes gastan las partidas presupuestales millonarias, como es la compra de un alfiler hasta la construcción de un edificio o una carretera, para evitar un posible acto de corrupción.
El otro problema grave es que estos institutos fueron creados a petición expresa de los partidos de oposición contra los excesos que se cometían a diario y que garantizaban una premisa de la sociedad civil, consistente en disminuir el poder del gobierno en beneficio de una sociedad, es decir, menos gobierno y más sociedad. La centralidad o el intento de dar poderes centrales contraviene la Carta Magna, en el sentido de que México es un país democrático, cuya soberanía radica en el pacto federal.
En conclusión, la eliminación de los órganos autónomos rompe el pacto general, pero también implica un retroceso en la construcción de las instituciones democráticas del país para evitar el abuso del poder por parte del gobierno.
Dr. Eduardo Borunda/Docente y politólogo
Entre los organismos afectados destacan el INAI (institución que nos garantiza el derecho a la información), el Coneval (consejo que se encarga de analizar cómo avanza o retrocede el país en asuntos de pobreza), la Cofece (comisión que tiene por alcance regular que los mercados operen de manera justa y en beneficio de los consumidores) y el IFT (instituto que se encarga de regular el servicio de telecomunicaciones y radiodifusión. Su desaparición representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y en la regulación de mercados para evitar prácticas monopólicas.
Esta desaparición se hace bajo el principio de austeridad; sin embargo, los recursos que estos organismos representan son mínimos (0.05% del presupuesto federal). Eliminar su independencia y transferir sus funciones al Gobierno central podría propiciar una mayor concentración de poder, opacidad y riesgos económicos, afectando la confianza de los ciudadanos e inversionistas y poniendo en riesgo los compromisos internacionales de México.
Estos organismos que menciono fueron creados para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales como el acceso a la información y la competencia económica justa. Por lo que, su desaparición representa graves implicaciones para el país, afectando la democracia, el equilibrio de poderes y la confianza.
Mtra. Yadira Lozano/Politóloga
El 28 de noviembre de 2024 será recordado como un día que marcó un retroceso en la democracia de México. Fue el día en el que se votó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desaparecería como órgano autónomo y sus funciones las asumirá la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Desafortunadamente no es el único órgano autónomo que desaparecerá, también lo harán el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El 20 de noviembre pasado, con la votación de 347 diputados federales, se aprobó una reforma constitucional que modifica 14 artículos con los que desaparecen los órganos autónomos mencionados y sus funciones ahora serán de dependencias federales o de órganos desconcentrados. Esto implica que la autoridad será juez y parte en temas coyunturales como el acceso a la información, la competencia económica y los diagnósticos sobre pobreza.
Para mí uno de los más delicados es la desaparición del INAI por los datos personales de millones de mexicanos que hasta el día de hoy protege; esto incluso puede llegar a vulnerar derechos humanos de los involucrados. El INAI era el órgano garante para asegurar el cumplimiento del artículo 6° constitucional relacionado con el derecho a la información. Hace más de 20 años que se publicó la Ley de Transparencia fue un gran logro para México ya que comenzaba un proceso para poner fin a la opacidad y dar pie a que los servidores públicos y los entes que utilizaran dinero público tuvieran que rendir cuentas. Con lo anterior, poco a poco se iba poniendo fin a la opacidad y los ciudadanos tenían un mecanismo para solicitar información a las autoridades y éstas tenían la obligación de proporcionarla.
En los próximos meses veremos las consecuencias políticas, económicas y sociales de la desaparición de los órganos autónomos que, al ser ajenos al gobierno, buscaban ser un contrapeso y brindar alternativas a los ciudadanos para evaluar el desempeño gubernamental, el uso de recursos públicos y el impacto de las políticas públicas.
María Mercado/Docente y politóloga
Sin duda que la reforma al artículo 49 constitucional, recién aprobada por la actual legislatura federal, cuya iniciativa era integrar cinco organismos constitucionalmente autónomos (OCA) y dos comisiones reguladoras a dos OCA y otras dependencias federales, bajo el supuesto de que ya eran inoperantes y consumían mucho presupuesto, es –en primera instancia– un duro golpe a la garantía –también constitucional– de pesos y contrapesos frente a decisiones adoptadas y ejercidas por el Estado mexicano en sus tres poderes. Pero también afecta gravemente la competencia económica a favor de los consumidores y de los inversionistas privados, tanto del país como extranjeros.
Con la desaparición (de golpe y porrazo) de estos OCA, el Gobierno mexicano enfrentará hoy un importante desafío y, como todo desafío tiene retos y metas, el principal será demostrar que tuvo razón al eliminarlos e incorporarlos a otros entes, garantizando una mejoría tanto en su desempeño como en sus resultados.
En lo económico deberá garantizar y afianzar la competitividad económica de México ante mercados globales, así como la defensa –frente a prácticas monopólicas y acaparadoras de productores de bienes y servicios– de los consumidores finales.
Deberá garantizar que sus decisiones y fallos sean imparciales, respaldados en estudios técnicos y científicos por personal altamente capacitado y profesional, y no obedeciendo a intereses particulares, políticos o directamente a los del Ejecutivo.
Por último –sólo para esta aportación–, uno de los principales desafíos y el más inmediato que se le presentará a México –una vez que Donald Trump asuma por segunda ocasión la presidencia de los Estados Unidos– es el darle cumplimiento a las obligaciones tanto en materia comercial como de telecomunicaciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que exigen la existencia de organismos reguladores en estos rubros, que sean independientes e imparciales y que no rindan cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en éstos y otros sectores.
Como dato extra, el ahorro presupuestal que supone la eliminación de estos OCA representa apenas el 0.05% del Presupuesto de Egresos federal para el año 2025, que ronda en más de 9 mil billones de pesos. Pero, aún hay más.
Jesús Alfredo Rodríguez/Técnico académico, El Colef
