Presencia
Mantener o incluso ampliar los programas sociales en México es algo que están ofreciendo en sus campañas los candidatos oficiales a los distintos cargos de elección popular que están en juego este 2024.
Candidatos han prometido buscar el incremento anual de programas como la pensión universal a las personas adultas mayores, apoyo a las personas con discapacidad y a estudiantes de preparatoria o universidad, los cuales, por otra parte, han sido objeto de críticas.
Esto debido a que en la opinión pública se mantiene la idea de que los políticos se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de millones de personas para generar relaciones de dependencia y que logran movilizar una gran base electoral.
Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de los programas sociales existentes en la actualidad (entrega de dinero) y de la forma en que los están usando los partidos políticos en este proceso electoral?
Les quiero compartir una pequeña historia… llegó mi compadre muy contento porque a su papá ya le había llegado el apoyo para adultos mayores, mi esposo celebra con él. Entonces le pregunto a mi compadre: ¿su papá tiene IMSS?, él me responde que sí.
-¿Y lo usa regularmente?, ¡sí claro!- Su papá padece de la presión, compadre. ¡Si mal no recuerdo! ¡así es comadre! ¿Y siempre encuentra los medicamentos?, pues no siempre, regularmente no, ¡ya ve cómo es en el Seguro! ¡Felicidades, compadre! Ya tiene el apoyo para que compre las medicinas.
Querido lector, ¿le ha pasado algo así? ¿cree que realmente el gobierno está cumpliendo con su labor dándole un apoyo económico a usted o su hijo, cuando los sistemas de salud están en declive o no hay suficientes escuelas?
Es curioso este dato: CONEVAL (la institución que evalúa cómo hemos avanzado en el combate a la pobreza) refiere que entre 2015 y 2020, en nuestra ciudad se ha duplicado la pobreza extrema ¿Y por qué piensa que está pasando esto, si ahora usted y su vecino, o su hijo tienen una beca del gobierno? ¿Sabe por qué?
Porque las políticas sociales son un fracaso. Son solo un mecanismo para generar clientela electoral, los votos de los pobres a cambio del pedazo de pan de los programas sociales.
No se puede conceder el beneficio de la duda a un sistema que derrocha millones de pesos sin que disminuya el número de pobres y mucho menos, esperar que los políticos que hacen alarde electoral con estos programas, muestren su cara de vergüenza porque la mitad de su población en este país sufre este flagelo.
Es una verdadera irresponsabilidad cómo durante este sexenio y otros tantos, se ha maquillado la realidad, dispensando dádivas y ocultando el entramado de corrupción que solo termina empobreciendo más a las personas.
Hermanos, los invito a ser reflexivos en el voto. A discernir y participar en el proceso electoral, pero, además exigir a las autoridades programas reales que eliminen la pobreza de raíz dando el acceso a los servicios de salud, garantizando la educación, el acceso a la seguridad social, a tener una vivienda digna y la infraestructura urbana (agua, drenaje, calles pavimentadas, alumbrado, parques) de calidad. No nos conformemos con la beca o el estipendio económico, ¡que me alegra que lo reciba! eso es lo mínimo que debe recibir, pero recuerde su voto no vale una beca.
Mtra. Norma Yadira Lozano Fdez./ Politóloga
En medio del fervor electoral, los programas de asistencia económica directa proliferan, prometidos por candidatos que buscan asegurar su lugar en el poder. Esta práctica, aunque seductora, despierta profundas preocupaciones éticas que deben ser examinadas a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), la cual nos proporciona un marco robusto para discernir la justicia y la prudencia de tales políticas.
La DSI se construye sobre el fundamento de la dignidad inalienable de cada persona, un principio que desafía la reducción del individuo a mero instrumento en juegos de poder. Según este marco, los programas sociales deben priorizar el bienestar integral del ser humano y rechazar cualquier manipulación que busque el voto mediante dádivas. Esta manipulación erosiona la democracia y perpetúa ciclos de dependencia y pobreza, alejándonos del ideal de un bien común genuino.
Particularmente preocupante es la opción preferencial por los pobres, un principio central en la DSI que obliga a dirigir los esfuerzos del gobierno hacia quienes más sufren. La distorsión de este principio mediante promesas electorales vacías es un acto de injusticia que a menudo deja atrás a los más necesitados, aquellos que no poseen voz en el espectáculo político.
La subsidiariedad, otro pilar de la DSI, nos recuerda que las decisiones deben tomarse lo más cercanamente posible a las necesidades de la gente. Esto implica una participación activa y real de las comunidades en la gestión de los recursos que les afectan directamente, evitando la centralización excesiva que caracteriza a muchos de estos programas.
Los riesgos inherentes a la política de asistencia directa son múltiples: fomentan la dependencia en lugar de la autosuficiencia, desincentivan el desarrollo personal y profesional y, en el peor de los casos, facilitan la corrupción y la malversación de fondos. Más aún, cuando los fondos públicos se utilizan para consolidar bases electorales en lugar de aliviar el sufrimiento, se perpetúa una división social que va en contra del tejido moral de nuestra nación.
Por ello es necesario un rediseño de los programas sociales que incorpore una evaluación rigurosa de las necesidades, promueva la autosuficiencia a través de la educación y el empleo, y garantice la participación y fiscalización comunitaria. Este enfoque no solo es más justo y sostenible, sino que también está en armonía con los valores que la DSI promueve.
En conclusión, la integridad de nuestra democracia y el futuro de nuestro país dependen de nuestra capacidad para implementar políticas que reflejen respeto por la dignidad humana y promuevan una auténtica solidaridad. Por ejemplo, en lugar de simplemente ofrecer pagos mensuales que perpetúan la dependencia, se puede diseñar programas que combinen asistencia financiera inmediata con capacitaciones laborales y servicios de educación / desarrollo para adultos con base en lo que ellos necesitan. Esto no solo ayudaría a los beneficiarios a superar su situación actual de necesidad, sino que también les proporcionaría herramientas para mejorar su calidad de vida a largo plazo y contribuir activamente a la sociedad.
Que este período electoral sea un momento de reflexión y acción hacia un compromiso más profundo con estos principios, para que juntos podamos construir una sociedad que refleje los valores de justicia, equidad y respeto por cada ser humano.
Gerardo Sábchez Soledad/ Caridad y verdad
Todos los programas sociales, primero se consideran como un derecho de los ciudadanos a gozar ciertos beneficios, por varias razones, uno puede ser por razón de salud, o por educación o el tema de tercera eddad, pero todo esto no es una dadiva del gobierno, sino ante todo se considera un derecho de los ciudadanos por distintas razones.
De hecho, precisamente por ley, ya desde prácticamente todos los gobiernos, todos los servicios sociales no pueden ser utilizados con motivos electorales; esto es por ley, y si alguien hace algo de esto, por ejemplo, por decirlo así, condicionar el voto por la entrega de desepesas o cosas que se deben entregar como un derecho, eso está penado, y puede ser denunciado al INE como un delito electoral.
Es claro que ahora sí que en gobiernos anteriores, por causas de la corrupción imperante, esto se hacia, pero ahora que en la 4T ‘no es posible que haya este tipo de corrupción’ (estoy siendo sarcástico).
Pero efectivamente este asunto sería una corrupción por parte del gobierno, si lo autoriza; y por parte del partido y del candidato si lo realiza; y la instancia que tiene ve vigilar que esto no se realice es el INE, lo cual puede ser denunciado por los mismos ciudadanos que se vean condicionados a recibir tal o cual beneficio -que se tiene por derehco- a cambio de votar por tal o cual candidato.
Por eso hablo de que en anteriores gobiernos lo que hacían era recoger las tarjetas (electorales) y dar las despensas o el beneficio, ya teniendo la identificación del constribuyente, pero esto por supuesto que ya no se hace. Hay muchas formas otras formas que se están utilizando.
Pero esto es totalmente ilegal, y no solo eso, sino inmoral, ya es un acto de corrupción y por ser ilegal, puede ser denunciado, y hay una penalización tanto al partido como a los candidatos que utilicen este tipo de medidas y contra aquellos que colaboren. Esto implica que haya denuncias, pero también pueden hacerlas los partidos que se vean afectados por este tipo de cosas. Quienes tienen este poder de utilizar los recursos del gobierno, pues es el mismo gobierno o el partido en el gobierno, aunque, como digo, eso es algo que se hacia anteriormente y ahorita ‘ya no se hace’.
Hay una cosa que hay que recordar: quien no conoce la historia, comete los mismos errores. Hay un libro de Tito Livio, del Imperio Romano, hablando de la vida de los Césares que tenían una estrategia de pan y circo. Es precisamente manteniendo al pueblo con dádivas, pan y fiestas, la manera de controlar al pueblo, y esto es desde tiempo inmemorial y ha sido una práctica de muchos gobiernos a los que en realidad no les interesa el pueblo, sino mantenerse en el poder.
Maquiavelo, autor de ‘El Principe’, dice ahí que ‘el fin justifica los medios’. Y en este caso ¿Cuál es el fin? Pues mantenerse en el poder, y para eso se usan muchos medios, aunque sean inmorales. Si hay que dar pan, dan pan, y si hay que dar fiesta, fiesta.
Pbro. Antonio Cerda/ Sacerdote Cruzado de Cristo Rey
