Presencia
Luego del secuestro de cuatro personas de la familia Le Baron, conocidos en Chihuahua por su activismo político, los titulares del Ejecutivo en los tres niveles de gobierno se enfrascaron en una intensa discusión en torno al tema de Seguridad en Chihuahua.
La gobernadora, el Presidente de México y también el alcalde hicieron polémicas declaraciones, mientras organismos civiles y los medios siguen reportando un incremento en los ya de por sí altos índices delictivos tanto en Ciudad Juárez como en otras ciudades de Chihuahua, con numerosos homicidios dolosos y secuestros, robos y extorsiones. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Cómo califica la acción en seguridad de los tres niveles de Gobierno en Ciudad Juárez?¿Qué falta por hacer?
Fallidas e inoperantes serían calificativos de entrada, a las pretendidas medidas y estrategias de seguridad pública que cada semana se plantean en la reunión de la Mesa de seguridad para la construcción de la paz (compuesta por representantes de los tres órdenes de gobierno y de otros sectores).
La inseguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos, según el INEGI (ENCIG, 2019). “Los mexicanos queremos poder salir a la calle, a la hora que sea, sin preocuparnos por nuestra integridad”
Y sólo por mencionar el ejemplo de uno de los delitos que más ha lastimado a la sociedad fronteriza: durante los últimos 10 años en Ciudad Juárez se han cometido más de 8 mil homicidios dolosos, con una tasa de impunidad que ronda entre el 80 y el 90 por ciento.
Ante tales cifras son meritorios esos calificativos a la inacción de las autoridades (in)competentes, las cuales escudan su ineficacia -casi siempre- en declarar que “son ajustes de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado…” o que las víctimas “andaban en malos pasos…”.
Aquí bien valdría plantearles la pregunta: si sus estrategias no están dando los resultados esperados ¿qué les falta por hacer, qué no han hecho, qué les está fallando, qué más necesitan?
Para empezar, debemos de entender que las acciones de las autoridades son en su mayoría reactivas y de confrontación. No se combate el crimen de manera preventiva (atacando las causas que lo propician) como tampoco se atienden de manera efectiva e integral sus consecuencias (tanto para las víctimas directas, como para sus deudos, ni para la sociedad en general).
Está comprobado que la inseguridad pública no se erradicará aumentando la cantidad de efectivos policiacos, ni militares o de otras corporaciones dando rondines por las calles de la ciudad; tampoco con programas que dan dinero en efectivo a la población a cambio de armas de fuego que tengan en su poder; mucho menos construyendo enormes y costosas edificaciones; tampoco comprando cientos de patrullas, armas, cámaras, y otros dispositivos tecnológicos de última generación. Cierto es que ni con todo eso se inhibirá el crimen, ni hará disminuir la incidencia delictiva.
De tal manera que la violencia en general seguirá aumentando mientras no se combata la corrupción en las corporaciones policiacas o castrenses, ni en las instancias encargadas de procurar justicia; mientras siga prevaleciendo un Estado de Derecho endeble y blandengue; mientras sigan faltando oportunidades laborales bien remuneradas y programas de superación personal que motiven –principalmente- a los jóvenes alejarse de las drogas o de la delincuencia.
Aunque también parte de la responsabilidad para tener y mantener una comunidad sana y segura corresponde al seno familiar, es el Estado quien debe de proporcionar -mediante políticas públicas de contención y programas educativos y de bienestar- las herramientas, los medios y las facilidades que contribuyan a atender las causas reales que originan el problema de la violencia e inseguridad.
Y a pesar de que en estos momentos estamos inmersos en una lucha electoral, no hay que perder la esperanza de que el rescate de la paz y la seguridad ciudadana sea uno de sus objetivos, si no es que el más importante. Al tiempo, ya Dios dirá.
Alfredo Rodríguez Castro/ Técnico académico COLEF
Las fronteras en general presentan algunas ventajas con respecto a otras ciudades del interior del país; sin embargo, también conlleva retos muy importantes que la mayoría de las veces, los gobiernos no alcanzan a comprender y mucho menos atender de una forma adecuada.
Tenemos fenómenos relevantes, como es el crecimiento acelerado de la población que la mayoría de las veces carece de alguna planeación en infraestructura y servicios públicos suficientes.
Ahora la migración de personas desde países de Centro y Sudamérica principalmente, con el único objetivo de ingresar a los Estados Unidos en busca de un mayor bienestar económico; esta migración carece de control y orden, lo que está generando incremento en los delitos de secuestro y extorsiones por parte de personas sin escrúpulos y en algunos casos hasta de las mismas autoridades hacia ellos; La corrupción que existe al interior de los CERESOS y los delitos que desde su interior son cometidos; El narcomenudeo que no cesa en nuestra querida ciudad, y la lucha de los diferentes bandos por controlar la venta de estupefacientes, ha generado que el número de homicidios dolosos se mantenga en niveles inaceptables desde hace algunos años.
Desafortunadamente existe poca coordinación entre los tres niveles de gobierno, algo indispensable para el avance en seguridad de nuestra región. El no atenderlo podría repercutir en un descontrol mayor y lo que eso implica; podría también nuestra zona económica perder atractivo para nuevas inversiones y la posibilidad de generar mas y mejores empleos para nuestra población.
La seguridad debe ser sin duda, una de las prioridades para nuestros gobernantes, sin importar la ideología o partido político al que pertenezcan.
Simplemente sin Seguridad no hay desarrollo.
Mario Cepeda/ Presidente de COPARMEX Juárez
A pesar de los esfuerzos que se han hecho en los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad y prevención, parece no avanzar mucho. En el Estado ya se empiezan a ver nuevamente casos de secuestro y desapariciones de personas, así mismo, los homicidios y feminicidios continúan presentándose local, estatal y nacionalmente.
De acuerdo con los estudios realizados por diversas instituciones gubernamentales y civiles existen algunas diferencias entre la percepción y los registros de crímenes cometidos (documentados). Lo cual es interesante, porque por una parte la gente percibe que ha disminuido la inseguridad, pero por otra, los datos arrojan que no ha habido mejoría sustancial. Por ejemplo. De acuerdo con el INEGI, en la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU), se observa una baja en la percepción de la delincuencia al final del año 2023, es decir, se registró una percepción del 59.1%, con respecto a los años 2017 y 2018 que representaban el 80%.
Por otra parte, el observatorio Nacional Ciudadano registra en el 2018, por cada 100,000 habitantes un promedio de 2533 registros de delitos con violencia. Mientras que en el 2023 se registraron en promedio 2554 a nivel nacional. A nivel estatal, se registraron en el año 2018 dos mil ochocientos noventa y tres delitos. Y en el año 2023 dos mil ochocientos doce delitos. Esto es, hubo un incremento de 81 delitos por cada cien mil habitantes.
Si analizamos los datos proporcionados por semáforo delictivo, tan solo en el Estado de Chihuahua, en diciembre de 2023 se registraron 5 incidencias de secuestro, 138 incidencias de homicidio, 310 incidencias de robo a vehículo, 888 incidencias de violencia intrafamiliar, y 6 incidentes de feminicidio.
La Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del gobierno federal plantea ocho ejes prioritarios, y solo menciono tres: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, reformular el combate a las drogas y emprender la construcción de la paz. Al parecer estos no han funcionado, o tal vez ni siquiera se ha hecho el intento de llevarlas a cabo.
Como podemos apreciar con estos datos, las acciones de seguridad no están siendo efectivas. Considero que puede haber una falsa percepción de seguridad y no deberíamos dejarnos llevar por esa falsa apreciación. Los invito a que revisen las páginas web de las instituciones aquí mencionadas, así como la de FICOSEC, en particular en la sección de “Reporte de incidencia delictiva” / “Situación Estatal y Municipal”. Vale la pena revisar los comparativos anuales y sacar su propia deducción.
Mario López/Más humanista
Con los resultados que se reflejan todos los días en materia de seguridad, calificaría como deficientes las acciones en material de seguridad, ya que lo que hemos venido insistiendo es sobre una coordinación real de los tres órdenes de gobierno para acciones conjuntas, pero no se ha logrado; y no me refiero únicamente a los cuerpos policiacos -a quienes les reconozco su lucha incansable-, sino que los mismos gobernantes no han tenido la capacidad de generar las estrategias conjuntas y solo hacen como que supervisan después de cada masacre, andan descalificándose unos a otros y hasta insultándose queriendo responsabilizarse, entre ellos, eludiendo el compromiso y su responsabilidad como gobernantes.
Es muy importante una coordinación real, algo que he venido señalando e insistiendo, y esto se tiene que dar principalmente entre los gobernantes, ya que son los responsables de dar el ejemplo para que la instrucción y las estrategias lleguen a los mandos policiacos y se apliquen para que puedan dar los resultados deseados.
Son muchas las acciones y resultados que los ciudadanos esperamos y se requiere más atención en el combate contra la inseguridad que presenta nuestro Estado, donde, en diferentes regiones se ha salido de control y pareciera que los gobernantes se han acostumbrado a los hechos, ya que solo escuchamos que es una lucha entre cárteles del crimen organizado, lo cual a los ciudadanos nos tiene mortificados y asustados, por la impunidad con la que se manejan en la ciudad y Estado.
Rogelio González Alcocer/ Consejo Coordinador Empresarial
