Presencia
El próximo primero de octubre Claudia Sheinbaum Pardo comenzará a gobernar México. Es la primera vez en la historia de México y de Norteamérica, que una mujer ocupará el máximo cargo de gobierno del país, marcando un hito histórico. Pero su llegada al poder plantea una serie de retos y desafíos.
Uno de los principales desafíos, dadas las circunstancias en las que queda el país tras la salida del presidente López Obrador, es sin duda la seguridad.
Los enfrentamientos recientes en Sinaloa y Sonora, así como el creciente número de muertes violentas en todo México, dan indicios de lo complicado que será para el nuevo gobierno enfrentar este asunto. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Cómo debería abordar la nueva presidenta de México el tema de seguridad/violencia y en todo caso qué espera en este sentido del nuevo gobierno que está a unos días de comenzar?
Ante el inminente inicio de la nueva administración federal, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez considera que la seguridad y la lucha contra la violencia deben ser una prioridad fundamental en la agenda del nuevo gobierno. El país enfrenta retos complejos en este ámbito, especialmente en ciudades fronterizas como la nuestra, donde la violencia ha impactado profundamente a las comunidades, a la economía y a la confianza en las instituciones.
Es imperativo que la nueva presidenta de México aborde la seguridad desde una perspectiva integral, que no solo se enfoque en el fortalecimiento de las fuerzas del orden, sino también en la creación de políticas públicas orientadas a atacar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Asimismo, esperamos un enfoque más coordinado entre los tres niveles de gobierno, con un fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre las fuerzas estatales, municipales y federales.
El éxito de las políticas de seguridad también dependerá de un sistema judicial eficaz, que garantice que los crímenes no queden impunes. En este sentido, esperamos que el nuevo gobierno impulse una reforma profunda del sistema de justicia, que lo haga más eficiente y transparente, permitiendo que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones.
Desde la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, ofrecemos nuestra colaboración y experiencia acumulada en el análisis y diseño de estrategias para mejorar la seguridad local. Creemos que la participación activa de la sociedad civil, junto con el compromiso decidido de las autoridades, es clave para enfrentar la violencia y reconstruir el tejido social en nuestra región.
Confiamos en que este nuevo gobierno adoptará una postura firme y decidida para enfrentar el reto de la inseguridad, promoviendo políticas que generen un México más seguro y justo para todos.
Rogelio González Alcocer/ Coordinador Mesa de Seguridad
En el nuevo gobierno y considerando los cambios legislativos que están sucediendo al cierre del presente sexenio hay diferentes variables a considerar en el tema de seguridad. Uno es la militarización de la guardia nacional, los cambios en el poder judicial y las condiciones de violencia derivadas de las luchas de cárteles de drogas.
En el primero está en juego la violación grave a los derechos humanos, de donde ya tenemos historia para recordar. En el segundo, el riesgo de comprometer la autonomía de poderes. Y el tercero, el que a mi juicio tiene grandes impactos sociales en la vida cotidiana, por mencionar algunos datos entre los del 2000 a 2019, cerca de 21 mil menores han sido víctimas de homicidio doloso y existen más de siete mil casos de infantes desaparecidos (Red por los derechos de la Infancia en México), o bien, más de 30 mil niños han sido reclutados y se encuentran entre las filas de la delincuencia organizada, y el Censo Penitenciario 2024 arrojó que cerca de mil menores están presos por delitos vinculados con el crimen organizado (Reinserta). Según el INEGI el 72% de los adolescentes que están recluidos en centros de internamiento es por delitos como la portación de armas, cartuchos y explosivos.
En Ciudad Juárez, desde los espacios de sociedad civil se trabaja con adolescentes y jóvenes a través de un modelo llamado Ctrl Z “reescribe tu historia”, dicho modelo identifica tres factores de protección a esta población. El primero su familia o un adulto significativo, la permanencia en los centros educativos y la vinculación comunitaria. Con estos actores aborda a los beneficiarios bajo un esquema de apoyo psico social, de conocimiento de derechos humanos y autocuidado, de incorporación social y económica.
Explorar diferentes modelos de prevención secundaria en el país es clave para generar políticas públicas que blinden a las juventudes de los diferentes riesgos frente a la violencia y la inseguridad.
Mtra. Yadira Lozano Fernández/ Politóloga
Son muchos los temas que calientan el clima de inseguridad y violencia en este periodo de transición gubernamental, y que seguramente seguirán resonando en los próximos años. Sin embargo, hay tres retos en particular que considero que fueron para el gobierno de López Obrador y que seguirán siendo los principales para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, el cual comienza el próximo 01 de octubre.
Para contextualizar, el primer tema es el crimen organizado, en particular la escalada del conflicto entre las fracciones del cártel del Chapo y el cártel de Mayo Zambada, el cual se ha ido desarrollando desde hace unas semanas atrás, después de la captura del Mayo. Tristemente como se logra visualizar, es el comienzo de una larga guerra por obtener el control del mismo territorio que antes compartían. Ahora bien, aunque la violencia desatada por los enfrentamientos de estas dos agrupaciones criminales está centrada en estos momentos en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, existe una posibilidad que se intensifique en las rutas de tráfico y territorios de producción. El problema pudiera agravarse si se da la fragmentación en cualquiera de los dos bandos, porque ocasionaría la creación de distintas células criminales o la generación de nuevas alianzas con cárteles de gran peso como lo es el de Jalisco Nueva Generación. Por tanto, en otros Estados y sobre todo en las franjas fronterizas pueda darse un incremento de la violencia, incluyendo el secuestro y la extorsión. En este mismo contexto, el combate al fentanilo es un agravante a la situación que deberá enfrentar, pues no solamente es la presión internacional, sino el problema de la cantidad de muertes relacionadas con el consumo de esta droga y la lucha que ocasiona entre grupos criminales.
El segundo reto es la migración y su flujo masivo que escapa a los controles y esfuerzos que pudiera hacer el gobierno para contenerlo. Este mismo debilitamiento generaría una situación de inseguridad, ya que los mismos grupos criminales que tienen el control de las rutas y cruces hacia el norte, aprovechan con su poder e infraestructura para actividades de extorsión, secuestro y trata de personas; pues son actividades criminales que generan fuentes de ingreso adicionales y les contribuyen en la conformación de sus estructuras usando a los migrantes como carne de cañón para combatir contra sus rivales.
El tercer reto es el saneamiento y la coordinación operativa de las policías locales y estatales, así como de la Guardia Nacional, que ahora ya dependerá completamente del Ejercito, pues los esfuerzos de cada dependencia por mantener la tranquilidad y paz entre la población, pudiera verse mermada por la corrupción que envuelve a algunos de los elementos y mandos que se benefician de los favores que hacen al crimen organizado.
Abordar estos retos es complicado, sin embargo, con la colaboración de los organismos sociales y las distintas instancias de gobierno, se pueden realizar acciones importantes que contribuyan a la reducción de la violencia. Por ejemplo, ya se discute del mejoramiento del entorno social mediante la implementación y ampliación de estos programas sociales, que por cierto han sido exitosos para la atracción del electorado, no obstante, es necesario reenfocarlos, destinando los recursos económicos no solo a la entrega de efectivo, sino también a la conformación de estructuras ciudadanas sirvan como contrapeso para el combate a la inseguridad.
Otra acción que pudiera contribuir es diseñar e implementar una adecuada estrategia de inteligencia que sirva para la desarticulación de las redes de corrupción dentro de las instituciones de gobierno y las redes financieras del narcotráfico.
Mario A. López/ Mas Humanista
