Presencia
El Gobierno Municipal inició hace unas semanas una campaña de reordenamiento urbano, consistente en operativos permanentes para recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad urbana y regular el comercio informal. Esto con la participación de dependencias como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Comercio, Ecología y Seguridad Vial.
De acuerdo a lo publicado en medios locales, estas acciones -que comenzaron con el derribamiento de un icónico negocio de venta de tortas- buscan corregir el uso indebido de áreas comunes y ordenar la infraestructura vial. Sin embargo, queda la duda de los alcances de esta iniciativa. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la Campaña de reordenamiento urbano emprendida en Ciudad Juárez y cómo se podrá asegurar su continuidad?
Arq. Gabriel García Moreno/ Maestro en Planificación y Desarrollo Urbano, docente IADA
Una de las funciones más importantes en la administración de cualquier ciudad es la gestión adecuada y justa del suelo, ya que al ser un recurso limitado, es importante que los beneficios de su uso puedan ser aprovechados por la mayor cantidad de ciudadanos, lo cual se encuentra establecido en la propia Constitución Mexicana y que es la base de los Planes de Desarrollo Urbano; en este sentido son las propias calles, banquetas y camellones las que representan nuestras mayores superficies de espacio público, sobre las cuales hay una constante negociación para determinar un uso justo y adecuado: ¿más espacio para autos o para transporte público? ¿espacio para árboles y sombra en la banqueta o anuncios publicitarios?
Como peatón y ciclista urbano constantemente me encuentro con diferentes obstáculos durante mi trayecto que lo complican y hacen inseguro, desde autos estacionados sobre banquetas y ciclovías hasta pendones publicitarios y postes sobre el andador peatonal, por mencionar algunos, por lo que la campaña del Gobierno Municipal es importante al atender situaciones como estas desde una perspectiva de seguridad y justicia, además de abonar a una cultura de la legalidad que debe castigar tanto la corrupción como la impunidad.
Sin embargo, debe quedarnos claro que esto no implica que consideremos estos espacios solo para el tránsito y flujo, sino que forman parte de ecosistemas complejos en los cuales la permanencia y los intercambios, de cualquier tipo, incluso de carácter económico, deben estar presentes; situaciones que deben ser parte de una discusión más amplia entre la ciudadanía acerca del significado actual del espacio público.
Abelamar Chacón Rodriguez/ Plan Estratégico de Juárez
Desde la perspectiva de quienes caminamos la ciudad todos los días, la reciente campaña de reordenamiento urbano emprendida por la Administración Municipal en Ciudad Juárez atiende una problemática que ya era impostergable. La invasión de banquetas, camellones y otros espacios públicos por puestos de comercio y ocupaciones irregulares se normalizó durante años ante la tolerancia de la autoridad, afectando directamente la movilidad, la seguridad, el medio ambiente y el derecho a la ciudad. Reconocemos que por fin se estén tomando acciones para recuperar estos espacios y hacer cumplir la ley; sin embargo, es importante señalar que esta situación es consecuencia de una cadena de omisiones históricas por parte de la propia administración pública, que durante décadas permitió que el desorden creciera hasta volverse insostenible.
La pregunta ahora es cómo se garantizará su continuidad y efectividad en el tiempo. En materia de ordenamiento urbano ya existen marcos legales claros y suficientes: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; así como la legislación en materia de construcción, inclusión y accesibilidad, además de sus versiones estatales y los reglamentos municipales. Si estas disposiciones se cumplieran de manera sistemática, no tendríamos que estar hablando de operativos temporales o campañas extraordinarias, sino de una gestión cotidiana, eficiente y basada en el estado de derecho de la vía pública.
El desorden urbano que hoy se intenta corregir es reflejo de un sistema de administración pública fallido, que con frecuencia ha priorizado intereses privados o político-electorales por encima del interés colectivo y el bien común. Las dependencias municipales deberían estar enfocadas de forma permanente en garantizar el cumplimiento de la ley, tal como lo prometieron al asumir sus cargos, y las y los regidores en ejercer su función de vigilancia y
control sobre la administración municipal. Que más de 20 regidoras y regidores y más de 30 directoras y directores de dependencias no hayan sido suficientes para mantener el orden en Ciudad Juárez es inaceptable y obliga a cuestionar seriamente el modelo actual de administración y gobierno de la ciudad, así como el esquema fallido de representación popular.
Si realmente se busca que el ordenamiento urbano sea permanente, efectivo y sostenible, es indispensable dejar atrás las acciones aisladas y avanzar hacia una política pública integral, con cumplimiento permanente de la ley, participación ciudadana efectiva y mecanismos claros de supervisión. Solo así se podrá recuperar y conservar el espacio público como lo que debe ser: un bien común al servicio de todas las personas.
