Presencia
Se ha vuelto a poner en el ojo del huracán la propuesta Reforma al Poder Judicial o el llamado Plan C del actual presidente de México, que, según medios de comunicación, va a votación el próximo mes de septiembre.
Como se sabe, esta propuesta fue presentada el pasado 5 de febrero de 2024 como parte del paquete de 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales del presidente. Pero la falta de una mayoría calificada en el congreso federal dificultó su aprobación en ese momento.
El resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, en el que Morena y sus aliados podrían obtener la mayoría calificada en el poder legislativo, así como las recientes declaraciones de la virtual presidenta electa, volvieron a poner sobre la mesa esta propuesta, provocamdo varios efectos económicos negativos. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Qué opina de la anunciada Reforma del Poder Judicial y cómo le impactará al país?
Todas las virtudes son buenas hasta que se vuelven locas.
Si bien es cierto las prácticas democráticas han sido útiles para construir un país con mayor estabilidad política y paz social, también lo es que la democracia tiene sus límites, pues no es el remedio de todos los males colectivos.
No se puede negar que los tribunales de nuestro país se han relajado, tanto en su honorabilidad como en su eficiencia, y que requieren, con urgencia, consensar reformas para atender este problema. La Suprema Corte se ha convertido en un club ideológico, más que en un selecto grupo de juristas comprometidos con el derecho.
Sin embargo, el someter la elección de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte al voto directo de los ciudadanos no es la mejor forma de solventar este problema, máxime que nuestra forma de gobierno es la república. Por el contrario, como ha sucedido con países que han adoptado esta práctica, seguramente acarreará problemas mayores de los que pretende resolver.
Más que a las simpatías que un candidato a juez pueda provocar entre los electores, su nombramiento debe obedecer a criterios meritocráticos que, como en toda república, nos lleven a designar en cargos de tal importancia a los más aptos, tanto en lo intelectual como en lo ético.
Poner a discusión el tema representa una gran oportunidad para realizar las reformas que requiere, con urgencia, el poder judicial, a fin de que nuestros juzgadores sean personas comprometidas con la justicia y con una ética profesional a toda prueba.
Desafortunadamente, la intención de la reforma anunciada por el ejecutivo federal, en el ocaso del actual mandato constitucional, es que sea precisamente el presidente de la república quien, mediante mecanismos democráticos, obtenga y mantenga el control de los tribunales federales.
Una de los más graves riesgos que esta propuesta representa es que se abre la puerta para que los poderes fácticos más nefastos se apropien de los procesos de selección de juzgadores, tal y como ha sucedido en el caso de candidatos a diversos puestos de elección popular. Hay que recordar que en el pasado proceso electoral fueron asesinados más de treinta personas que competían por algún puesto público por el hecho de que le “estorbaban” a alguien.
Quiera Dios que nuestros gobernantes recapaciten y que, efectivamente, se impulse una reforma al poder judicial que nos traiga mejores jueces, tanto en lo jurídico como en lo ético.
Rubén Trejo Ortega/ Abogado
La pretendida Reforma del Poder Judicial de la Federación no se propone otra cosa que destruir toda posible independencia y autonomía del mismo Poder Judicial en México, para que el Nuevo
Poder Judicial sea fiel “al pueblo” y a la Cuarta Transformación.
Y es que el presidente actual lo ha dicho de manera clara y reiterada: las instituciones del Estado Mexicano deben alinearse con la 4T y no hay nadie que interprete mejor la directriz que él mismo.
Esto es así porque la Cuarta Transformación pretende ser, en esencia, una revolución de gran calado, en que las instituciones más características de la República (Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia, y Gobiernos de las Entidades de la Federación), estén alineadas a la susodicha 4T.
El todavía actual presidente dijo reiteradamente, en relación con el Poder Judicial, que varios ministros de la SCJN habían traicionado a la 4T, como Margarita Ríos Farjat y Raúl Carrancá, y que deberían haber estado alineados a la iniciativa presidencial de pasar la Guardia Nacional a la SEDENA.
En tal alocución categórica está la clave para entender el sentido de la Reforma Judicial, pues Ministros y Magistrados deben estar identificados con un proyecto político de naturaleza superior a la estructura legal e institucional de la República.
El Objetivo Estratégico de la Reforma Judicial NO es combatir la corrupción del Poder Judicial, que en realidad nunca fue un propósito auténtico de este sexenio), sino crear, paralelamente, todo un nuevo Sistema Político Mexicano que garantice la continuidad de la supuesta 4T por muchos años, con un Poder Judicial sometido a los objetivos de la misma.
El “Plan C” supone la creación de un Nuevo Poder Judicial, como parte del armazón de un Nuevo Estado Mexicano. Por ello, tal plan presidencial supone, al mismo tiempo, un Reforma Electoral de gran calado, para afianzar a los nuevos grupos que llegaron al poder con López Obrador en 2018 y reafirmaron su hegemonía electoral en 2024.
De allí que la Reforma Judicial, se puede y se debe comprender como una Reforma Política de grandes dimensiones, en que las nuevas instituciones del Poder Judicial de la República serán “electas por el pueblo”, para quedar subordinar a un Nuevo Sistema Político Mexicano, muy similar al del PRI del Siglo XX. Esto implica hacer lo mismo con las organizaciones partidarias, empresariales, sindicales, sociales, académicas, eclesiales, comunicacionales y civiles supeditadas, como una reedición del Estado y Sistema que surgieron de la Revolución Mexicana de 1910-1917.
Observatorio Ciudadanía y Análisis Social
La reforma a la Constitución para el Poder Judicial, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que retoma la presidente electa Claudia Sheinbaum, sobre la elección de jueces y magistrados en el ámbito local y federal, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado un giro dramático en el mundo financiero principalmente, porque según analistas del ramo, es derivado de la incertidumbre sobre sus inversiones en el país.
En la reforma se propone que los juzgadores de todas las materias del derecho sean sometidos a votación popular y de esa manera elegir a los “mejores”, pero “según qué partido” y “cómo” son los principales cuestionamientos del gremio de abogados que, día con día, cargamos con el peso de la injusticia, la corrupción, el tráfico de influencias, la incapacidad, el tortuguismo, el burocratismo, las deficiencias humanas y de infraestructura, la falta de recursos para agilizar los juicios, entre otras perversas acciones.
Entre nosotros los abogados nos damos cuenta de que los gobernadores de los estados y los presidentes de la república son los que mandan a quién poner y a quién quitar. Es muy fácil de entender que todo lo corrupto y negativo del Poder Judicial del Estado y de la Federación proviene de los poderes ejecutivos. Así de sencillo.
En todos los juzgados del orden común y federal tenemos muy buenos y muy malos abogados(as), es cuestión de que se haga una encuesta a los abogados litigantes que tenemos cierta experiencia, para seleccionarlos y exhibirlos ante la opinión pública. En el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez es el patito feo de la presidencia del Poder Judicial en turno. Siempre han controlado las mejores posiciones con su gente de confianza desde la capital, enviándolos, con nombramientos temporales y luego con convocatorias amañadas los dejan en definitiva como jueces.
En todos los sexenios, el gobernador en turno designa al presidente del Poder Judicial y a su vez jubila a los que ya están en edad de dejar el cargo, para ocuparlo uno de sus consentidos, por compromiso o amistad. Llegan los nuevos jueces designados por dedazo, ante la mirada incrédula de los secretarios de acuerdos y proyectistas que sueñan con lograrlo algún día por sus méritos propios y que no se atreven a alzar la voz porque los cambian de lugar y/o los humillan.
En el Poder Judicial de la Federación está peor el ambiente. Todo se canaliza desde la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura Federal no sirve para nada. Sólo está de nombre porque ninguna queja prospera, sólo nos causa daño a los litigantes por el resentimiento de jueces y magistrados que fueron nombrados por influencias. Además, el nepotismo es evidente. Existe un alto índice de corrupción entre magistrados colegiados y los narcoinmobiliarios. Como es el último nivel que “administra justicia” y no hay nada más, se topa uno con grandes y perversas injusticias.
Por último, les diré que los derechos humanos que han sido introducidos desde el año 2011 a nuestra Carta Magna, por la obligación que adquirimos ante la ONU con los tratados internacionales, son interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a la jurisprudencia emitida por el más alto tribunal, tenemos libertinaje social, incluyente y contra la vida de los mexicanos desde el momento de su gestación, así como los movimientos que van contra la moral y buenas costumbres, que además obligan a los congresos de los estados a legislar como los ministros deciden. Son como dioses en la Tierra.
Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Abogado mediador
