Presencia
Luego de la tarde de terror que vivió Ciudad Juárez el pasado jueves 11 de agosto, siguen muchas interrogantes respecto a lo sucedido.
De acuerdo a lo publicado en medios de comunicación, todo comenzó con un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Estatal 3, registrado alrededor del mediodía, y tras el cual se reportaron una serie de ataques contra establecimientos y tiroteos en avenidas principales.
Hubo versiones acerca de que todo se desató por la detención de un capo y la demanda de su liberación. También circularon versiones acerca de que a un comando se le permitió el ingreso a la cárcel, para las ejecuciones, y luego se buscó venganza. De acuerdo a expertos, existen muchos aspectos que deben esclarecerse. Lo cierto es que el saldo oficial fueron once personas muertas y 11 heridos en menos de cuatro horas. Por ello la pregunta de esta semana es:
¿Cómo debe actuar la autoridad frente a las demandas y acciones de grupos delictivos del Narco?
Soy empático con las personas a las que no les convence la frase “abrazos, no balazos”, simplemente por la formación académica profesional que tengo como Licenciado en Derecho. Aprendí a defender los derechos humanos de toda la gente, pero también a solicitar justicia contra los que agreden el régimen jurídico. Los criminales saben que atentar contra la vida de un semejante, es un delito grave.
“Justicia para todos” queda mejor que “abrazos, no balazos” porque a todos nos toca el lugar que nos corresponde. Es decir, que las personas que acatamos las leyes emanadas de nuestra Carta Magna, merecemos ser considerados como prioridad ante la inseguridad que provoca la delincuencia. Sobre todo, nuestros niños a quienes les debemos garantizar con el ejemplo, la vida feliz que merecen.
No es la primera vez que nuestra ex hermosa frontera de México que llevó a la buena fama Juan Gabriel, como la ciudad “donde debe vivir Dios”, se encuentra entre fuego de bandas criminales contra policías en desventaja, porque adolecen de equipo, preparación y estímulos para combatirlos y por eso escapan. O simplemente los dejan escapar porque la corrupción permite la impunidad.
Pero ¿quiénes contribuyen para que existan los narcotraficantes? La respuesta no es complicada, en primera instancia los compradores en mayoreo y luego los de menudeo que surten a los consumidores. Siendo los consumidores los que atraen a los negociantes de la muerte. A los envenenadores de niños y jóvenes. Por lo que el negocio criminal ha crecido tanto como la corrupción, difícil de frenar, pero no imposible de detener.
Es cuestión de copiar a nuestros vecinos. Tienen todo lo que necesitan porque los impuestos están debidamente utilizados y los gobernantes están educados para servir al pueblo. Así como las autoridades que son respetadas por la gente cuya presencia impone para no infringir la ley. La administración pública rinde fruto y está bien invertida en servicios públicos.
Lo que estamos padeciendo es muy grave y proviene de la complacencia y complicidad de mucha gente relacionada con los narcotraficantes -como los comerciantes y empresarios que lavan dinero- que conocen a los “señores del narco”, o los consumidores que conocen a sus vendedores y que tienen nombre y rostro.
Dicen algunos periodistas que investigan a los criminales de los cárteles, que éstos están en todas partes. Que están infiltrados en el gobierno muchos de ellos. Que todo funcionario público o político que consume drogas es cómplice de los criminales y que si se practicara un antidoping sorpresivo a todo servidor en el gobierno nos daríamos cuenta de la triste realidad.
Héctor Ramón Molinar Apodaca/ Abogado Mediador
Creo que la autoridad tiene la obligacion de responder dependiendo de lo que pidan, porque a lo mejor ellos pueden pedir cosas que no favorecen a la sociedad. Creo que responder así a secas, sin un discernimiento, no debe ser. Si no es algo que puede enriquecer y fortalecer a la dignidad de la persona, es algo en lo cual hay conflictos y muchas problematicas en torno, no debe ser. Una organización delincuencial toma bandera, a lo mejor luchan o pelean por algo justo, pero lo hacen por medio de las armas, por encima del Estado, y entonces hay que ver con mucho detenimiento qué es lo que se busca, qué se espera y qué modelo de ciudad estamos dispuestos a construir en muchos aspectos.
El diálogo es una fuente de acuerdos y a partir de ahí, el dialogo, la plática en un nivel de respeto a la palabra, tienen que ser criterios que se pongan sobre la mesa siempre. Entonces depende de qué cosas se piden, buscando siempre la dignidad de la persona y de la sociedad, que siempre se favorezca a la armonía y la construcción de la paz.
Pbro. Roberto Luna, Dimensión Fe y Compromiso Social
Los acontecimientos que vivió nuestra ciudad y otras regiones relevantes, desde el punto de vista económico, de nuestro país, relacionados con los hechos violentos que se traducen en actos de terrorismo, al ser atacadas personas indefensas, pueden ser síntoma de dos cosas solamente: el Estado mexicano está rebasado por la delincuencia o el Estado mexicano fue complaciente con lo sucedido. Cualquiera de los dos escenarios es preocupante.
Los hechos que se han conocido, hasta el momento, obligan a nuestras autoridades a repensar su papel ante la población más que frente al crimen organizado. No hay que olvidar que, en los últimos años, la tendencia ha sido concebir al Estado como un ente omnipresente en la vida de las personas al grado de resultar asfixiante para otras instituciones y organizaciones naturales como es la familia. Un ejemplo de ello es la sustitución de los padres de familia como principales educadores de la niñez, incluso elevado a rango constitucional a pesar de los Tratados internacionales en la materia.
Actualmente, independientemente del signo político de los gobiernos, se ha impuesto una visión populista del Estado cada vez más creciente, lo que ha provocado que se olvide que el Estado tiene ciertas funciones que, además de ser prioritarias, no pueden ser delegadas a otras instituciones. Una de estas funciones es, precisamente, la seguridad pública y la procuración y administración de Justicia.
En este orden de ideas, los gobernantes tienen la obligación de enfocar y concentrar sus esfuerzos y presupuestos en garantizar la seguridad de la población, además de impartir justicia cuando cualquiera atente contra la vida o el patrimonio de las personas, en vez de estar creando burocracia para sustituir la actividad natural de otras instituciones naturales como la empresa, la Iglesia o la familia.
Al hacerlo en sentido contrario, la autoridad trastoca el orden natural de la sociedad y se generan las condiciones para que se fortalezca el crimen organizado.
Finalmente, es pertinente citar lo que dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el tema: para tutelar el bien común, la autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. El Estado tiene la doble tarea de reprimir los comportamientos lesivos de los derechos del hombre y de las reglas fundamentales de la convivencia civil, y remediar, mediante el sistema de las penas, el desorden causado por la acción delictiva.
Rubén Trejo Ortega/ Abogado
Considero que debe de actuar con firmeza y conforme a la Ley, los grupos delictivos no pueden dictar la agenda de desarrollo económico o de seguridad de la ciudadanía, y el gobierno no debe prestarse a pactar con ningún tipo de grupo criminal para obtener la paz. Se debe dejar en claro que no se puede negociar con el enemigo porque se fortalece, es como si se pactara con el diablo para poder ser feliz en la vida. Esto jamás sucedería, porque la esencia del mal es dañar, destruir, provocar caos.
El gobierno debe de ser una institución sólida compuesta por ciudadanos honestos, que administra los recursos proveídos por la población trabajadora y que se encarga de mantener el orden y el desarrollo de la sociedad generando un bien común mediante el uso de las instituciones públicas. El correcto proceder de las autoridades debe de ir acompañado de alianzas con actores estratégicos de la sociedad que busquen edificar caminos de paz y puentes que trasladen a los habitantes al bienestar.
Mario A. López/Más Humanista